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Unas 2.000 familias rurales no cuentan con “acceso autónomo” a agua potable en el campo uruguayo, según estimaciones oficiales
“Es un derecho humano básico, insatisfecho y que preocupa”, dijo a Búsqueda un jerarca de Ganadería
En el Uruguay profundo el abastecimiento regular de agua potable es un problema para los productores rurales y sus familias. Foto: Santiago Mazzarovich /adhoc
Cada año en el que las perspectivas climáticas indican la probabilidad de escasez de lluvias y déficit hídrico en el verano, el foco de atención está puesto en el potencial impacto negativo de una sequía en la producción agropecuaria.
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Pero al efecto que esa situación climática pueda tener en los resultados productivos, el abastecimiento de alimentos y sus precios también se suma el problema que implica para algunas familias del campo uruguayo el proveerse de agua potable.
En Uruguay hay unas 2.000 familias rurales que no tienen autonomía en el acceso a agua potable en todo el año, según estimaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), basadas en datos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Esos grupos familiares residen en diferentes zonas del medio rural, principalmente en el eje de la Ruta 7 en la salida de Canelones hacia el norte y también en el este de los departamentos de Salto y de Paysandú, así como en el oeste de Tacuarembó.
Vulnerabilidad
Eso “es un derecho humano básico, insatisfecho y que preocupa mucho” a la actual administración, dijo a Búsqueda el director de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), Carlos Rydström, al ser consultado sobre el asunto.
Aclaró que se trata de familias con “seria vulnerabilidad en el acceso autónomo, lo que no es decir que estén siempre sin agua”.
Señaló que “hay focos puntuales en las zonas más alejadas de las capitales departamentales, otros en los que se trata de realidades coyunturales cuando se acerca el verano y hay otros lugares en los que se da esa situación de manera permanente”.
Un caso particular es el registrado en ciertos puntos de “Canelones donde hay agua, pero no es potable”, comentó.
Respecto a las medidas que adoptan los diferentes organismos públicos para atender esa situación, el jerarca dijo que la respuesta comprende acciones en coordinación entre las intendencias departamentales, la OSE y el Ejército.
“El Sinae se ocupa mucho de este tema”, reconoció. Y “a veces hay que llevarle el agua una vez por semana” a esas familias rurales.
Algunos grupos familiares “tienen un tanque, un pozo o un viejo aljibe, y en algún momento se les seca”, contó.
Y agregó que “hace tiempo se trabaja con escuelas rurales, como centros pivotantes para distribución de agua, y con Mevir, pero sigue habiendo una cantidad de gente con alta vulnerabilidad”.
En cuanto a la relación entre la DGDR y el área de ruralidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Rydström señaló que “hubo un quiebre en el pasado y que ahora están trabajando para recuperar”.
“Entendemos que trabajamos con públicos distintos, la DGDR lo hace con productores y gente que ya está más afirmada en el medio rural que con quienes trabajan en el Mides”, comparó.
Dijo que en la “concepción de prosperidad, de desarrollo y de progreso del ser humano, la DGDR tiene que estar vinculada con ese ministerio y, para quienes ellos ubican y logran poner de pie con sus distintos proyectos, después tiene que estar la Dirección de Desarrollo Rural para tomarles la mano en el siguiente paso y hacer que esas personas sigan creciendo y desarrollándose”.
Esa repartición de Ganadería cuenta con un equipo de agrónomos, psicólogos, asistentes sociales y sociólogos para dar respuesta a las necesidades de cada situación específica.
Esa “es la gran fortaleza de complementariedad que puede darle a los departamentos de desarrollo de las intendencias, a la OPP, al Mevir”, entre otras instituciones, indicó.
Sobre la responsabilidad de la contraparte del productor o trabajador rural, Rydström dijo que la idea es “darle el beneficio, como se le ha dado a las instituciones y a los productores, y también la obligación, en el sentido de que si no es un 50/50 en lo comercial entonces que lo sea en el compromiso con el que una comunidad, una sociedad de fomento, una cooperativa o un rubro se ponga a disposición de lo que se puede generar”.
Censo en 2022
El jerarca del MGAP se mostró expectante de los resultados que tendrá el próximo censo agropecuario, considerando que “el pantallazo que tenemos hoy no es el mejor”.
“Hay distintas dinámicas que conviven en el país, es muy diferente lo que ha generado la forestación en unas zonas, con la estabilidad que tienen zonas ganaderas y también con el vaivén gigantesco de otras zonas agrícolas”, diferenció.
El censo agropecuario debería haberse realizado este año, como lo establece la Ley 17.930, en cuanto a que esa tarea corresponde ser concretada en los años terminados en cero. Sin embargo, en el artículo 90 de la Ley 19.535 de la Rendición de Cuentas de 2017 se autorizó al MGAP a realizar el censo de todos los establecimientos rurales de una hectárea o más en 2021.
Ahora, el Ministerio de Ganadería planteó hacerlo en 2022, porque “no podrá organizarse por razones de tiempo”, argumentó el titular de esa secretaría de Estado, Carlos María Uriarte, al comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Y admitió que el censo del agro “no está presupuestado” por el gobierno.
