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Unicef, la agencia de Naciones Unidas encargada de la infancia y la adolescencia, envió una carta a los diputados uruguayos para manifestarles su preocupación ante la posible aprobación del proyecto de ley sobre tenencia compartida, que se tratará en la Cámara de Representantes el 11 de abril. La propuesta tiene el apoyo del oficialismo, aunque todavía no es seguro que todos sus diputados la voten.
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“Cualquier esfuerzo legislativo por mejorar la protección de los derechos de los niños en Uruguay debería asegurar que prevalezca el interés superior del niño sin condiciones ni riesgos, así como el derecho a ser oído y la protección de la integridad de los niños ante cualquier tipo de violencia”, dice parte del documento firmado por Francisco Benavides Martínez, representante de Unicef en Uruguay, al que accedió Búsqueda.
Denominado oficialmente “Corresponsabilidad en la crianza”, el proyecto fue aprobado a fin del año pasado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados. Tuvo origen en la Cámara de Senadores, donde recibió media sanción, a instancia de los parlamentarios oficialistas Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Sergio Abreu. En la exposición de motivos, los senadores afirmaron que la normativa busca generar “equidad real entre padres y madres en todo ámbito”. Pone el foco en la responsabilidad por el cuidado de sus hijos, en especial cuando la convivencia familiar sufre una ruptura, debiéndose determinar un régimen de reparto equitativo de responsabilidades que evite que la mayor carga sea de las madres.
Para Unicef la legislación “mantiene aspectos que son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Por ejemplo, al equiparar la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada, cuando dicho interés superior “debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos”. Para la agencia también “resulta preocupante que la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños”.
Otra de las críticas es que la exposición de los niños a situaciones de violencia no se encuentre entre los parámetros detallados a evaluar por el juez ni se incluyan las denuncias de violencia doméstica de forma explícita como motivo particularmente grave para la suspensión de las visitas de los progenitores a los hijos.