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El vicecanciller Ariel Bergamino tenía previsto viajar este jueves junto a otros representantes del Grupo de Contacto Internacional (GCI) rumbo a Caracas y reunirse con integrantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana. Era una misión técnica de “alto nivel”, un paso más en el intento por encontrar una salida negociada a la crisis. Pero los acontecimientos políticos durante los últimos días en ese país trastocaron los planes y el martes la misión quedó en suspenso.
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Pese a ese contratiempo, el gobierno sigue activo en los esfuerzos que coordina la Unión Europea, mientras que la otra iniciativa que impulsaba junto con México, el Mecanismo de Montevideo, languidece.
La Cancillería emitió el comunicado que el miércoles 1º elaboró el GCI, liderado por la Unión Europea, sobre los hechos de los últimos días. “Los acontecimientos actuales confirman la necesidad y urgencia de tal solución política”, dice.
El grupo expresó su oposición al uso de la fuerza y solicitó la “máxima moderación de los cuerpos de seguridad, para que no se inflija más daño al pueblo venezolano”. Reclamó además que se restablezca la “libertad de los medios de comunicación” y de los “presos políticos”.
“El GCI no escatimará esfuerzos para apoyar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, a través de elecciones libres y justas, de conformidad con la Constitución venezolana. EL GCI se reunirá a nivel ministerial los días 6 y 7 de mayo en San José, Costa Rica, y continuará siguiendo de cerca la situación, en coordinación con sus socios regionales e internacionales”, concluye el comunicado.
Esa declaración es más contundente que la que un día antes emitió Uruguay. En esa oportunidad, la Cancillería expresó que el gobierno seguía “con suma preocupación” los acontecimientos en Venezuela y pedía evitar acciones que provocaran una “escalada de violencia de graves consecuencias”.
Posturas
Uruguay emitió el comunicado en la tarde del lunes 29 de abril cuando todavía no estaba claro qué consecuencias tendría la “Operación Libertad” lanzada esa mañana por Juan Guaidó, el legislador autoproclamado presidente encargado de Venezuela.
“Hoy, valientes soldados, patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado”, proclamó Guaidó en un cuartel militar de Caracas. Estaba acompañado por Leopoldo López, un líder opositor que hasta ese momento cumplía prisión domiciliaria.
Las calles venezolanas se llenaron de personas y comenzaron los enfrentamientos con las fuerzas leales a Maduro. A escala internacional, los países se iban alineando. Estados Unidos apoyó el intento de Guaidó y el Grupo de Lima se declaraba en sesión permanente. Rusia se paró, una vez más, en el punto opuesto a los norteamericanos.
En Uruguay, los dirigentes políticos también fijaron posición. El Frente Amplio condenó “todo intento de golpe de Estado” y cuestionó en particular las declaraciones del gobierno de Donald Trump. La coalición de izquierda expresó “su respaldo al gobierno de Uruguay en su iniciativa de búsqueda de ese diálogo, en el marco del Mecanismo de Montevideo y del Grupo de Contacto Internacional”.
El precandidato Jorge Larrañaga (Partido Nacional) fue de los primeros en plantear su apoyo a la movida de Guaidó. “La libertad no se negocia. Los demócratas del mundo estamos con ustedes. Que se termine la dictadura en Venezuela. (¡)Fuerza venezolanos!”, escribió en Twitter.
Pero a medida que el día avanzaba, las noticias para Guaidó no eran buenas, al punto que López decidió buscar refugio en la Embajada de España.
Ayer miércoles, tras varias horas de silencio, Maduro proclamó su victoria frente al levantamiento de Guaidó, quien, sin embargo, sigue en libertad. De hecho, el líder opositor volvió a convocar a sus seguidores a la calle y planteó llevar adelante una huelga general.
“Creo que ha pasado suficiente tiempo para que todos los actores relevantes miren a su alrededor y vean que la dinámica de poder sigue básicamente sin cambios, que Maduro no tiene legitimidad democrática pero aún conserva el poder de facto”, dijo a The New York Times Geoff Ramsey, un analista experto en Venezuela de la Oficina en Washington sobre América Latina.
“Doble moral”
Ramsey estuvo en Montevideo hasta un día antes de que se desatara el caos, acompañando a Marino Alvarado, coordinador de investigación del grupo de derechos humanos venezolano Provea. Mantuvieron reuniones con integrantes de la Cancillería uruguaya y representantes del oficialismo y la oposición para conocer su opinión sobre la crisis venezolana.
Tras su reunión con el viceministro Bergamino, Alvarado concluyó que el gobierno de Tabaré Vázquez tiene sus fichas jugadas al GCI. “Por la vía de los hechos el Mecanismo de Montevideo está muerto y va a ser difícil resucitarlo”, dijo a Búsqueda. “Creo que hay conciencia en el gobierno uruguayo de que la propuesta de Montevideo no tiene posibilidades de triunfo, ni es la alternativa. Uruguay está más abocado al Grupo de Contacto”.
Alvarado recordó que “la oposición (venezolana) ha sido muy contundente al afirmar que no está dispuesta a sentarse a negociar con una agenda abierta y sin una salida que incluya elecciones” como prevé el mecanismo ideado por México y Uruguay. Maduro respalda esa iniciativa.
Sobre el final del diálogo con Búsqueda, aprovechó para cuestionar la postura de la izquierda sobre lo que ocurre en su país y en Nicaragua. Alvarado opinó que “la izquierda de América Latina ha actuado con doble moral” porque “alza la voz” por la represión contra manifestantes chilenos, por ejemplo, pero “ha guardado silencio y, en algunos casos, ha justificado y aplaudido la represión en Venezuela y en Nicaragua”.
“En algún momento la izquierda latinoamericana tendrá que hacer una profunda reflexión de la actitud asumida frente a las coyunturas de Nicaragua y Venezuela, y creo que tendrán que hacerlo con un profundo sentido autocrítico si quieren seguir sosteniendo moralmente que están a favor de los intereses populares. Porque al final, la izquierda latinoamericana ha sido cómplice del terror de los gobiernos de Maduro y de Ortega”, concluyó.
