Uruguay debe crear una “comisión de la verdad” que investigue toda la “experiencia represiva” que sufrió la sociedad en dictadura

La represión en Uruguay fue “mucho más capilar” y alcanzó a más rincones de la sociedad que la de otros países de la región, dice. De hecho, según su análisis, casi la mitad de las víctimas de la estrategia de coordinación de represión regional, que implicaba perseguir a los objetivos fuera de fronteras, fueron uruguayos.

—En Uruguay se están llevando adelante actos por el 50 aniversario del último golpe de Estado, perpetrado en 1973. Algunos académicos sostienen que la represión fue anterior a la disolución del Parlamento resuelta el 27 de junio de ese año. ¿Cuán directamente asociada está esa represión al golpe?

—La represión venía desde antes. De hecho, la ley que se aprobó en 2009, que reconoció el derecho a la reparación de las víctimas del terrorismo del Estado, fija como comienzo el año 1968 y como cierre 1985. Ese es el marco temporal en el que hubo una actuación ilegítima del Estado y la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado. Es importante señalar que hubo un marco temporal bastante extenso en el que la población uruguaya fue sometida a esta situación de terrorismo de Estado. El cierre del Parlamento es como el momento simbólico que realmente culmina este proceso de llegada al autoritarismo, pero que venía de antes, que tuvo etapas. Hay otro momento, en el año 1976, cuando se da otro giro más hacia una profundización de la represión. La investigación Nunca más, de Serpaj, determinó ya que desde finales de 1975 se da una mayor frecuencia de casos de desapariciones forzadas. También hay un informe del 78 de Amnistía Internacional que dice que ya para comienzo del año 76 Uruguay ya tenía el número mayor per cápita de presos políticos. Eso también es otro dato importante para tener en cuenta.

—¿Hubo un incremento inmediato de la represión una vez que se dio el golpe de Estado en 1973?

—En Uruguay es un poco distinto a lo que pasó en Argentina, donde sí se ve un aumento de la represión inmediato tras el golpe de marzo. En Argentina también había represión antes, pero sí se nota un aumento importante desde el mismo día del golpe. El caso de Uruguay es un poco distinto porque, por ejemplo, en el año 72 hubo un giro represivo cuando se sancionó la “ley de estado de guerra interno”. En ese momento podemos ver cómo las Fuerzas Armadas están volcadas a la represión, específicamente, de los tupamaros, aunque obvio que también había represión a partidos, militantes políticos y sociales, etc. Hay que recordar que el golpe vino en realidad cuando los tupamaros habían sido desarticulados y sus líderes estaban en la cárcel, y entonces esa narrativa de que el golpe sucedió como respuesta a la subversión armada realmente no cuadra en Uruguay. Por lo que he visto, no hubo un giro represivo inmediatamente después del golpe, se dio más tarde con la Operación Morgan y luego en 1976, cuando Uruguay está participando muy activamente en el marco del Plan Cóndor en la represión de los exiliados. Obviamente, en 1973 hubo represión a diferentes formas de oposiciones a la dictadura, pero tengo más presente los giros represivos en el 72, con la ley que declara el estado de guerra, y a fines del 75 e inicio del 76.

—Usted ha estudiado el Plan Cóndor y, según las conclusiones de su último libro, Uruguay es un país donde la persecución en el marco de ese plan fue mayor, en términos comparados, que en la región. ¿Cómo llega a esa conclusión?

—Llegué a esa conclusión gracias a la base de datos que estuvimos recopilando sobre las víctimas de la coordinación represiva. Hablamos de coordinación represiva como marco temporal más amplio que el Plan Cóndor, porque abarca a toda la década de 1970. Como pasa con el golpe, el Plan Cóndor no pasó así de la nada, sino que se venía gestando con prácticas represivas de la misma naturaleza y que ya se remontan al año 69 y que continúan hasta el 81. Por eso es que en la base de datos hemos tomado este marco temporal más amplio, porque efectivamente se dan las mismas dinámicas de monitoreo, detención, interrogatorio y asesinato de exiliados. Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo de revisar cada una de las víctimas, gracias a la información oficial de las comisiones de verdad, de juicios, de investigaciones como la de Familiares y otras ONG de derechos humanos. Triangulando todas esas fuentes de información, pudimos confirmar 805 víctimas uruguayas, aunque creemos que es un número conservador, tienen que ser más. Uruguay está sobrerrepresentado en ese esfuerzo represivo porque casi la mitad, el 48%, de las víctimas son uruguayas y el siguiente grupo son los argentinos, con un 24%. Creo que esto se explica también porque, como la represión había empezado a finales de los 60, muchos ya se habían ido del país, mientras que otros que habían sido detenidos en Uruguay podían elegir quedarse en la cárcel o salir al exterior. Entonces mucha gente salió primero a Chile y desde el exilio seguían militando. Muchos después fueron a Argentina y ahí sí se consolidó una comunidad muy fuerte de uruguayos que trabajaban para denunciar los delitos de la dictadura y promover el retorno de la democracia en el país. Eran exiliados que seguían siendo una amenaza para la dictadura. Vale recordar que, a finales del 1976, el Congreso de Estados Unidos cortó la ayuda militar a Uruguay justamente por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

—Usted hablaba de los métodos de represión. En Uruguay durante mucho tiempo hubo un discurso que decía que la dictadura uruguaya no había sido tan cruenta como la de sus países vecinos. ¿Cuán acertado le parece?

—No estoy de acuerdo. Estos regímenes compartían algunos elementos, pero tenían algunas diferencias. En el caso de Uruguay no creo que hubiese sido posible una política de desaparición forzada como hubo en Argentina porque el tamaño de la población es mucho menor. No hubiese podido funcionar como política. Pero, al mismo tiempo, lo que pasó en Uruguay fue mucho más capilar, más totalitario. Llegó mucho más a toda la población. Los datos de Amnistía Internacional decían que una persona cada 50 había sido detenida, interrogada, torturada, es una demostración del nivel de represión que llegó a haber. Obviamente, si uno mira los números globales de desaparecidos y dice “197 desaparecidos en Uruguay y 30.000 en Argentina”, son muy distintos. Pero si nos ponemos a calcular cuántas personas fueron detenidas, torturadas, las cifras hablaban de unas 60.000 para el caso de Uruguay, lo cual para un país de su tamaño es muy elevado. En Uruguay había un sistema bastante totalitario de control de la población en el que a la gente se le asignaba una letra A, B o C, dependiendo de su confiabilidad para el régimen. El nivel de control que tenía la dictadura llegó a toda la sociedad. Y ni hablar de la censura, la intervención en la enseñanza. Solo mirar los números de víctimas letales no nos da el panorama completo de lo que pasaba en Uruguay, donde esta política de detención y tortura fue el elemento que distinguió a la política represiva en el país.

—Un punto de interés de su trabajo, vinculado con este tema, es la falta de avances a la hora de juzgar a quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad. ¿A qué lo atribuye?

—La respuesta más corta a eso es que no hubo en ningún momento desde el regreso de la democracia hasta la fecha una política de Estado al respecto. El Estado uruguayo, que fue quien violó los derechos humanos, nunca se transformó en el Estado reparador que estuviera volcado a esa tarea con todos sus poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esa es la diferencia con Argentina, donde hay una política de Estado que se ha mantenido a pesar de los diferentes gobiernos que ha tenido, en particular después del 2020. ¿Por qué no hubo una política de Estado en Uruguay? En la literatura se suele mirar el papel de la sociedad civil, el papel de la Justicia, el papel de aquellos que no quieren que avancen, la presión internacional. También se mira cómo fue la transición, y en el caso de Uruguay efectivamente hubo pactos entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas que definieron las características de esa transición. Aun sin mirar hacia atrás, podemos ver que en Uruguay sí hubo presión internacional, al punto que tuvo dos fallos adversos de la Corte Interamericana. En ese sentido yo, que estudio estos temas, me pregunto por qué el presidente no fue al acto reparatorio que tuvo lugar el otro día en el Palacio Legislativo.

—¿Qué opina sobre esa ausencia?

—Por casualidades de la vida estuve en Montevideo en 2012 cuando se dio el primer acto de reconocimiento del Estado tras la sentencia por el caso de María Claudia García de Gelman. Se notaba que Uruguay como gobierno lo hizo por cumplir, pero un poco a regañadientes. Quizás por la imagen de Uruguay como país que cumple con sus tratados, con una imagen de sí mismo a nivel internacional que no le gusta que lo condenen por violaciones a los derechos humanos. Me parece que esta vez la ausencia del presidente se hizo notar, me parece que no es una señal positiva en relación con la importancia que Uruguay, como Estado, le da al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Pero, como te decía, hubo presión internacional sobre Uruguay y no solo con estas últimas sentencias. También la sociedad civil ha reclamado mucho, gracias a lo cual se obtuvieron resultados. En el caso de Uruguay sucede algo interesante y es que actores que suelen estar del lado de la Justicia fueron jugadores con poder de veto de estos avances; casi todos los presidentes, en particular Sanguinetti, quien hasta el año 2000 decía que en Uruguay no había niños desaparecidos, pero también la Justicia, donde muchos jueces con una jurisprudencia conservadora y que no refleja los avances del derecho internacional se han convertido en aliados de la impunidad. Esto está empezando a cambiar muy lentamente, pero hasta ahora todos estos actores han dado sus aportes a la impunidad.

—Recientemente pareciera haber una aceleración en esos procesos.

—Totalmente. Ahora se ve no solo en los tribunales superiores, sino también en los juzgados, que en las sentencias se habla mucho más de los derechos humanos, un diálogo mucho más activo con el derecho internacional. La fiscalía especializada ha dado un empuje importante y el nuevo Código del Proceso Penal también ha acelerado esto. Todos con los que hablo en Uruguay me dicen que se está dando, a la velocidad uruguaya, una pequeña aceleración del proceso. No es suficientemente rápido si pensamos en todas las familias que esperan desde hace 50 años saber qué pasó con sus familiares desaparecidos o, en el caso de los miles de personas detenidas y torturadas, que ellos mismos tengan justicia.

Lo que ha pasado en Uruguay es que se ha condenado a algunos de los líderes, de los arquitectos del sistema: Bordaberry, Gregorio Álvarez, el canciller Blanco, algunos generales… Pero, si pensamos en las 28 personas condenadas —hay más procesadas— hasta la fecha, volviendo a lo que decía de un sistema represivo a nivel supercapilar, claramente no fueron esas 28 personas las responsables, sino que hay muchísimas más personas que participaron en las diferentes manifestaciones represivas de la dictadura. Sería importante que la respuesta de la Justicia pudiera, de alguna forma, crear esa verdad jurídica que habla no solo de los mandos, sino también de los diferentes niveles de represión. Y también me parece que en Uruguay todavía no hubo una investigación de una comisión de la verdad, pero de verdad. Porque la Comisión para la Paz que hubo en el año 2000 miraba solo a las víctimas desaparecidas, que por supuesto son muy importantes, pero no representan la única categoría de víctimas que hubo en el país. Hay muchísimas más: los presos políticos, los torturados, los niños, las experiencias de las mujeres, todos ellos han quedado por fuera del relato de la Comisión para la Paz. Entonces, me parece que además de la justicia hay una deuda en temas de un relato de la verdad que abarque a toda la experiencia represiva que se dio en el país.