Si bien en setiembre el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que el artículo iba a ser modificado, su redacción no recibió cambios hasta que la rendición fue tratada en el pleno de la Cámara de Senadores. Incluso, allí los legisladores llegaron a debatir sobre la redacción original, hasta que la bancada de la coalición pidió la postergación de su tratamiento y presentó sobre el final de la sesión una nueva redacción.
La redacción que finalmente se aprobó establece que ante “informaciones” que actualicen con una “periodicidad determinada legal o reglamentariamente”, los organismos estatales o no estatales “no tendrán la obligación de producirla en forma anticipada, siempre que se encuentre publicada la información correspondiente al período vigente, y su fecha de actualización”.
En diálogo con Búsqueda, el presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Gabriel Delpiazzo, sostuvo que la ley necesita cambios para mejorar su funcionamiento, pero no los que discutió el Parlamento.
—¿Qué le parecieron los cambios introducidos en el Senado respecto al artículo 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública?
—El texto sustitutivo que se aprobó en el Senado en mi opinión es neutro. No suma ni resta. Respecto a la versión originalmente propuesta en el proyecto de Rendición de Cuentas, sin duda este artículo sustitutivo es mucho mejor, porque es menos malo. Pero si me pregunta qué hubiera sido lo mejor, para mí lo mejor hubiera sido no cambiar nada ni modificar la ley en este sentido. Claro que ante la versión anterior, que incluía una prohibición de solicitar la información que esté publicada en los sitios web, y que era más restrictiva respecto a la posibilidad de acceder a información publicada allí, este artículo es un avance. No obstante, en mi opinión, lo dispuesto ya está contemplado en el artículo 14°, que entre otras cosas dice que un pedido de información no obliga al organismo a producir información que no tiene la obligación de tenerla en ese momento.
—Uruguay fue pionero en la región con la Ley de Acceso a la Información Pública, pero fue aprobada hace 13 años. Luego muchos países aprobaron sus propias normativas. ¿Uruguay quedó rezagado con el tema o la ley sigue siendo de las mejores?
—Nuestra ley es buena. Pero también hay mejores. Hay una medición de esto hecha por la Red de Transparencia y Acceso a la Información, y estamos en el cuarto lugar, detrás de El Salvador, Colombia y México, respecto a la calidad de la ley. Pero también se mide la implementación de la ley, que es todavía más importante, porque la ley no deja de ser un papel escrito que luego hay que cumplir. En la implementación también estamos bien posicionados, en tercer lugar. Eso no quita que podamos tomar buenos ejemplos de otros e introducir mejoras. El año pasado la OEA aprobó una ley modelo sobre acceso a la información pública que de alguna manera marca los estándares en la materia: los niveles con los cuales se comparan todas las leyes de acceso a la información pública en la región. Podemos tomar esas buenas prácticas para introducir mejoras, ya con la experiencia de 13 años de implementación.
—En la Comisión Especial de Crimen Organizado y Lavado de Activos de la Cámara de Representantes está a estudio un proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio. ¿Qué evaluación hace de esta iniciativa?
—Entendemos que es una buena oportunidad para discutir modificaciones a la ley. Tiene cosas que nos parecen convenientes, otras que entiendo que no son convenientes y no contiene otras que podría ser bueno agregarlas en esta oportunidad. Entre las cosas buenas, destaco ampliar el alcance de la ley, a sujetos obligados a los que llegan. Hoy están obligados por la ley de acceso las personas públicas estatales y no estatales. Lo que se propone es ampliar también la obligación a las instituciones privadas que perciben fondos públicos o administran bienes públicos. Ese cambio nos parece muy bien y vamos a defenderlo, aunque merece una mejor redacción. Pero además, venimos reivindicando, tanto en la Unidad de Acceso como en el Consejo Consultivo de la unidad, que la ley debería ampliarse por lo menos a las sociedades anónimas del Estado. Hay un montón de sociedades anónimas creadas por empresas públicas que administran grandes cantidades de fondos públicos y que están totalmente fuera del control ciudadano que la ley promueve.
Entre las cosas inconvenientes de la propuesta, entiendo que se genera un procedimiento muy burocrático de clasificación de la información. Se promueve que cada organismo, antes de clasificar información como reservada o como confidencial, tenga que solicitar antes un informe previo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, e incluso a veces, establece que la unidad, a su vez, deba recabar el informe previo del consejo consultivo. Esto, que puede parecer garantista, creo que supone un procedimiento burocrático que atentaría contra la respuesta en tiempo y forma a un ciudadano que pide información. Estamos hablando de más de 200 sujetos obligados, y si cada uno cada vez que recibe un pedido o clasifica información va a pedir un informe a la unidad y esta se tiene que expedir y pedirle opinión a su consejo consultivo... Los 20 días que establece la ley para darle respuestas a un ciudadano se vuelven muy pero muy cortos. Por último, creo que es una buena oportunidad para fortalecer a la Unidad de Acceso a la Información Pública, haciendo que sus decisiones puedan tener un efecto vinculante y no sean meras recomendaciones. Y que además pueda tener ciertas potestades de sanción. Un órgano de contralor sin potestades de sanción pierde sentido.
—¿Qué otras debilidades tiene la redacción de la ley vigente?
—Veo una debilidad en materia de indicadores. Hoy nosotros como unidad de acceso dependemos de la información que semestralmente o anualmente nos brindan los organismos: la cantidad de pedidos que reciben, la información que clasifican, etc. Entonces quedamos sujetos a las autodeclaraciones de cada organismo. Estamos promoviendo dentro de cada uno de ellos un sistema electrónico de acceso a la información, de manera que cada uno pueda tener este sistema en el cual recibir pedidos, gestionarlos, contestar, etc. Esto es algo que facilita al organismo, al ciudadano, y nos permite a nosotros, con solo un clic, tener al momento el estado de situación de cuántos pedidos hay, qué organismos cumplen con responder en plazo, cuáles no, cuáles declararon información reservada y cuáles clasificaron como confidencial. Esto sería bueno hacerlo obligatorio, y que todos tengan que usar este sistema y así no depender de la información que algunos brinden y otros no. Porque al final uno tiene números que no son el fiel reflejo de la realidad. Y esos números son necesarios para poder tomar las medidas necesarias para cambiar esa realidad.
—¿Está de acuerdo con el diseño institucional de la Unidad de Acceso a la Información Pública? Actualmente depende del Poder Ejecutivo, uno de los principales organismos a vigilar. ¿No se pierde independencia?
—La unidad es completamente independiente y autónoma en cuanto a sus decisiones. Si no, yo daría un paso al costado. Por supuesto que no tiene independencia presupuestal de los recursos que se le asignan, como todos los organismos de la administración central. Y en la teoría se ha cuestionado que un órgano de control esté dentro de Presidencia, cuando es uno de los sujetos obligados y sometidos al control. Esa discusión se ha dado con las unidades reguladoras, y en general con otros órganos de control. Luego ocurre que en la práctica a veces es la alternativa viable desde el punto de vista presupuestal, y en definitiva lo que nos importa es que se pueda controlar y entendemos que el control se hace, y se hace de manera efectiva. No tenemos ningún tipo de injerencia de parte de las autoridades de turno.
Gabriel Delpiazzo
—Uno de los artículos de la ley daba un plazo de cuatro años a los organismos para poner en orden los archivos. Más allá de que ese plazo fue ampliado, venció hace muchos años. ¿Cuál es la situación de los archivos en las oficinas públicas?
—En mi opinión, ese es el gran debe que tienen los sujetos obligados por la ley en materia de acceso a la información: lo que llamamos la gestión documental. Es algo imprescindible para poder cumplir con los pedidos de información en tiempo y forma. Si uno tiene la información bien ordenada, clasificada y archivada, cuando a uno le piden algo, directamente sabe cómo buscarlo, encontrarlo, y lo puede entregar. Esto es un reclamo que venimos haciendo. Lo hizo la ley y desde la unidad hemos estado trabajando con el Archivo General de la Nación y los archivólogos. Pero no está aún la concepción en los organismos de que esto es un aspecto esencial y que hay que tener archivólogos en las plantillas, porque eso facilita todo lo demás. Ahí hay un gran debe. La Ley de Acceso a la Información Pública se aprobó de manera conjunta con la Ley de Protección de Datos Personales y con la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Y esta última en su implementación todavía está muy verde.
—¿En qué clase de organismos se registra el mayor incumplimiento de la ley?
—Los sujetos obligados que están más necesitados son los municipios. En ese sentido, estamos promoviendo desde la unidad, ya hace más de un año, un proyecto de transparencia municipal. Ahora empezamos con un piloto de 10 municipios. Son los organismos que tienen un nivel de cercanía con la gente cada vez más estrechos. Y por otro lado son los que están más necesitados de recurso, apoyo y acompañamiento. La idea es irlos ayudando a que tengan su sitio web, a que sepan cómo contestar información, a que se hagan usuarios de este sistema de solicitud de información al que hacía referencia.
—Algunos actores políticos y de la sociedad civil esbozaron dificultades en el cumplimiento de la ley desde que asumió el nuevo gobierno. Usted ha estado en este cargo desde 2012, o sea que pasó por tres períodos de gobierno ¿Hubo algún cambio en el cumplimiento de la ley después de marzo de 2020?
—No comparto esa visión que busca politizar este tema, diciendo que unos eran más transparentes y otros menos. Además, desde la Unidad de Acceso a la Información Pública debemos mantenernos neutrales en ese sentido. Sí puedo decir, y de manera objetiva, que ante cada cambio de gobierno, muchas veces hay como un volver a empezar, cuando cambian referentes o cargos de gestión muy importantes en el manejo de la información. Por ejemplo, ocurre con los directores generales de secretaría de los ministerios, que es por donde pasa toda la operativa. Muchas veces esto requiere un volver a capacitar o asesorar en estos temas. Por un lado se advierte compromiso, pero también, y esto ha sido constante en mi opinión, se ve a las obligaciones de transparencia como algo accesorio a una tarea de todos los días. La transparencia obviamente cuesta trabajo, y cuando llega un pedido de acceso a la web suele haber como una molestia de que a todo lo que tengo que hacer se me suman estas cosas. Y no se ve esto como algo esencial a la tarea de todos los días.