Uruguay debe regular y transparentar el “lobby”

—¿Por qué es importante que se actualice la legislación vinculada al financiamiento de la política?

—En la parte de financiamiento, los cambios que se ingresan con el proyecto y que son atinados refieren a esa trazabilidad del dinero. Baja el porcentaje de aportes anónimos, sobre el total que pueden recibir partidos políticos. También exige que los ingresos de los partidos estén bancarizados y establece que presenten sus estados contables. Con la nueva legislación, la Corte Electoral pasa esos estados contables al Tribunal de Cuentas para que haga un análisis y después lo publica. El proyecto avanza mucho en este tema de identificación de los donantes y de transparencia de los partidos para rendir cuentas, pero no lo suficiente. Sería bueno que explicara mejor qué es identificar debidamente, porque puede ser solo el nombre y documento de identidad, y si es una empresa, razón social y RUT (Registro Único Tributario). En un sistema ideal, transparente, de esa persona jurídica me gustaría saber quién es el beneficiario final, quiénes son los accionistas, qué grupo económico integra.

—¿Qué otros temas debería mejorar?

—En esta norma podríamos darle consistencia y también un andamiaje al puzle de organismos de contralor. Por un lado, tenemos a Secretaría Antilavado, que es la autoridad de contralor de los sujetos no financieros, entre los que están los partidos políticos. Como sujeto obligado, un partido tiene que tener un programa de cumplimiento antilavado y tiene que conocer a su cliente, y se entiende por cliente al donante. Al estar en la normativa de lavado, los partidos tienen que conocer al donante y conocer el origen de los fondos que reciben. Pero la Corte Electoral no recibe ese detalle de los donantes, porque es información que queda a disposición de la Secretaría Antilavado. Y en caso de que entienda que es una operación sospechosa, un partido la tiene que denunciar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), otro órgano de control que entra en juego. Los organismos del Estado hoy tienen mucha información a la que no todos acceden, sobre todo en cuanto a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, que está en la órbita de la UIAF y la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo). Si bien en el proyecto avanza porque menciona que esas oficinas deberían trabajar de manera colaborativa con la Corte Electoral, también debería sumar a la Junta de Transparencia, que debería tener mayor información sobre los activos de los funcionarios públicos. Es importante conocer el patrimonio de los funcionarios antes, durante y después de su función.

—¿Hay algún otro punto que debería fortalecerse en una nueva legislación?

—Podría ser una oportunidad para regular temas que también hacen al financiamiento de los partidos, que es el lobby. El tema del enriquecimiento ilícito tiene que ser regulado y también el de la corrupción privada, al menos en cuanto al régimen sancionatorio a las empresas. Si yo no sanciono a las empresas que dan un aporte indebido a un partido político, por ejemplo, el sistema queda rengo en esa pata.

—¿Cómo define el lobby ?

—Hay que separarlo de los intereses particulares de una empresa. La empresa tiene derecho a gestionar sus intereses personales, ya sea que está frente a un expediente administrativo, donde solicita una licencia, donde se analiza una multa; entonces, es correcto que la empresa gestione esos intereses. Cuando los intereses que se quiera gestionar no son particulares de la empresa, sino que pueden afectar los de terceros, ahí es cuando se empieza a hablar del lobby y del conflicto de intereses.

—Empresas y estudios jurídicos como en el que trabaja usted suelen hacer lobby por algunos proyectos o emprendimientos. ¿Hay que prohibirlo?

—No es que haya que prohibirlo, hay que regular conociéndolo. El lobby bien entendido es el que corresponde. Las iniciativas privadas, los proyectos de inversión son los que impulsan la economía. Ese lobby bien encauzado es bueno para la sociedad, pero tiene que ser transparente.

—¿Cómo se regula?

—El lobby se regula y se transparenta con un sistema en el que la empresa se registra. Puede crearse un registro público en una web, como sucede en otros países, donde uno sabe quién se reunió con qué funcionarios, dónde y cuál fue la temática de la reunión. Y si se avanza un poco más, puede crearse un delito vinculado al abuso de ese lobby.

—Es difícil pensar que se pueda aplicar eso en Uruguay. ¿No?

—Tenemos que aprender a despersonalizarnos. Eso de que todos nos conocemos, somos poquitos y quien seguramente hoy es funcionario haya sido tu compañero de colegio o tu cuñado, tiene que llevar a esto que hablo de la despersonalización. Cuando estoy en mi cargo público dejo de ser tu cuñado, tu excompañero de colegio, para tener una función que el Estado me dio. En ejercicio de la función pública me despersonalizo de todo el conflicto y como funcionario empiezo a registrar esas relaciones que tengo. No podría ir a visitarte porque te conozco en mi vida particular, sino que te voy a visitar por tal empresa y se conoce el motivo por el cual vamos a conversar. Esto es lo que va a costar en un país chiquito.