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Uruguay está muy bien posicionado a escala mundial en la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, gracias a la transición energética que años atrás impulsó el desarrollo de la hidroelectricidad, la energía eólica, solar y la biomasa.
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Sin embargo, ahora el país pretende dirigirse hacia una segunda transformación energética que apueste a la descarbonización, ya que aún hoy el 37% de la matriz uruguaya proviene de fuentes fósiles. El consumo del transporte representa las dos terceras partes de ese porcentaje.
Así lo explicó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, durante el I Foro Internacional de Movilidad Eléctrica convocado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) el 15 de abril.
El jerarca resaltó “la importancia de atacar la descarbonización en el transporte como elemento estratégico para este período” y dio a conocer las dos direcciones a las que pretende orientarse el gobierno. “Por un lado, el transporte eléctrico basado en baterías para distancias cortas y flotas particulares. Y más adelante, el transporte en base a hidrógeno verde para la carga y larga distancia”, señaló.
Paganini aseguró que ya están en marcha un conjunto de iniciativas en el país que apuntan a fomentar la movilidad sostenible, como un Impuesto Específico Interno (Imesi) diferencial para vehículos eléctricos y mecanismos de promoción de inversiones para que empresas puedan financiar flotas eléctricas. También se pretende ampliar la infraestructura de cargadores a escala nacional como incentivo para el uso de vehículos eléctricos y se han impulsado políticas interinstitucionales para fomentar la transformación de flotas públicas.
El ministro destacó la importancia de que Uruguay fuera seleccionado por Naciones Unidas como beneficiario de un fondo de US$ 10 millones no reembolsable para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, que será utilizado para financiar proyectos sostenibles de movilidad y desarrollo industrial. La idea de enfocarlo en este sector es que actualmente más del 60% de las emisiones de carbono en el país son originadas por el transporte, por lo que se buscará promover una política urbana de movilidad sostenible que genere insumos para implementar proyectos en esta área, explicó por su parte el ministro de Ambiente, Adrián Peña, durante el encuentro.
Consultado por Búsqueda, Paganini dijo que el fondo será utilizado para apalancar “proyectos público-privados que lleven a la segunda transición energética del país”. En ese marco, explicó que una de las iniciativas en la que ya comenzaron a avanzar es en “el primer piloto de hidrógeno verde”, para lo cual el gobierno ya tiene en proceso el dataroom —que servirá para darle forma al proyecto y determinar la mejor manera de usar el financiamiento— y esperan lanzar un llamado a interesados a mediados de este año.
“Se va a llamar a privados que puedan desarrollar como consorcio el proyecto orientado a generar hidrógeno para el transporte, incluyendo algunos vehículos y un hidrolizador, entre otras cosas. Habrá un aporte concreto además de la inversión privada de fondos públicos y probablemente del fondo de Naciones Unidas. Todavía estamos estructurando todo”, indicó.
Los ministerios de Industria y Ambiente (MIEM y MA) trabajan también en la elaboración de un proyecto de ley vinculado a la complementación o mejora de la investigación de uso de combustibles fósiles. A entender de Paganini, “redireccionar el biodiésel no es una buena estrategia para reducir emisiones, ya que sigue siendo muy costoso”. La idea entonces es orientar ese esfuerzo en otras direcciones “más vinculadas a la movilidad eléctrica” y a otros aspectos que permitan reducir la contaminación.
Las secretarías de Industria y Ambiente “tienen muchos puntos de contacto y estamos desarrollando una alianza estratégica que nos permitirá trabajar en conjunto a largo plazo. El tema medioambiente hoy está basando todo en la actividad económica, de manera que siempre nos encuentra dialogando. La ministra de Economía (Azucena Arbeleche), también está muy interesada en los temas ambientales”, dijo Paganini. Y agregó: “Se está viendo en el mundo que la recuperación de la pospandemia va a ser muy apalancada por la tendencia verde y sustentable”.
Políticas ambientales
En la conferencia, Peña opinó que la crisis sanitaria permitirá a los gobiernos repensar sus políticas y comenzar a trabajar en acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de forma integral. Dijo que es el momento para “acelerar cambios” que el país ya venía trabajando y, en esa línea, destacó que la creación de su ministerio permite priorizar los aspectos ambientales al momento de la toma de decisiones.
En ese marco, el ministro se refirió a los avances de Uruguay respecto a la política nacional de cambio climático y anunció que en 2022 el país elaborará una Segunda Contribución Determinada (CND) de cara al Acuerdo de París, más ambiciosa que la anterior. Y para ello, el MA y el MIEM trabajan actualmente en la creación de un plan nacional de adaptación del sector energético.
“Uruguay está enfocado en la construcción de su estrategia climática con un horizonte al 2050 y la meta es la neutralidad de las emisiones de carbono. Para eso es imprescindible impulsar acciones concretas relativas a la movilidad sostenible y generar el ambiente propicio de políticas coherentes con esta trayectoria sostenible en el largo plazo”, dijo Peña. Según el jerarca, desde el punto de vista climático “es imprescindible” avanzar en la descarbonización del transporte y más teniendo en cuenta el alto porcentaje de energías renovables de las que dispone el país.
El ministro también se refirió al trabajo conjunto que desarrolla su cartera junto con Industria, y dijo que le preocupa especialmente el manejo adecuado de las baterías eléctricas, por lo que las autoridades trabajan todavía en un plan de gestión que contemple la posibilidad del “segundo uso”.
Por otro lado, también está “prácticamente aprobada” por el Ejecutivo la normativa sobre fuentes móviles de emisiones, conocida como reglamento del aire, que prohíbe la importación de vehículos que no tengan al menos tecnología Euro5, que permite disminuir las emisiones de gases contaminantes de CO2.
“Si bien gran parte de la flota se ha ido renovando, todavía algún motor obsoleto está ingresando al país y debemos ordenarlo”, explicó.
