Calculado con distintas metodologías, el atraso cambiario supera el 20% actualmente, según Ignacio Munyo. Para este economista, al mismo tiempo que se ha vuelto relativamente caro, Uruguay enfrenta “barreras a la productividad elevadas” relacionadas con la calidad educativa, el peso del Estado, la inserción internacional y la regulación laboral que, para derribarlas, habrá que dar “debates ideológicos y afectar intereses creados”.
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Eso sostiene en Atraso cambiario, sector transable y desarrollo económico en Uruguay, un estudio realizado a título personal en el que perfecciona y actualiza estimaciones del tipo de cambio real de equilibrio que había publicado años atrás.
Munyo define el atraso cambiario como la relación entre los precios externos e internos expresados en la misma moneda y, al mismo tiempo, es la relación entre los precios internos de los bienes transables y los bienes no transables a escala internacional. Según sus nuevos cálculos, las variables que afectan de forma estadísticamente significativa al tipo de cambio real de Uruguay son la productividad relativa del sector transable y no transable; el ingreso del sector privado, y el gasto público. Este último es la variable clave, y a partir de ello plantea dos modelos alternativos para estimar el tipo de cambio real de equilibrio, diferenciados únicamente en la forma en que se computa el gasto público.
Calculó el nivel de atraso cambiario como la diferencia entre el valor de equilibrio del tipo de cambio real que surge de sus modelos y el valor observado del tipo de cambio real efectivo global que publica el Banco Central. Es de 23% con el modelo que incluye como variable explicativa al gasto en consumo e inversión del sector público informado en las Cuentas Nacionales, mientras que es nulo con el otro modelo, que toma los egresos primarios del sector público no financiero de las cuentas fiscales reportados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según Munyo, estos dos modelos alternativos ilustran que es posible medir los mismos fundamentos económicos del tipo de cambio real con diferentes variables y obtener resultados contradictorios. Agrega que esto podría explicar por qué mientras varios analistas privados sostienen que hay un atraso cambiario relevante, desde el gobierno se dice que no.
La divergencia que surge de la forma de medir el gasto público es lo que determina la diferencia en los resultados, señala. De esta forma, en el modelo en el cual dicho gasto crece (el construido con la información del MEF, que incluye egresos no personales, pasividades y transferencias), el desalineamiento entre el tipo de cambio observado y el estimado es menor.
Sin embargo, agrega Munyo, se podría sostener que este nivel de gasto público se encuentra por encima de su valor de largo plazo o de un equilibrio sostenible en el tiempo. Por lo tanto, plantea un escenario hipotético de evolución alternativa de dicho gasto. Así, a la variable de gasto informada por el MEF le imputa una trayectoria constante a partir de marzo del 2013 (27% del Producto Bruto Interno-PBI, su nivel promedio histórico desde 2000 y consistente con una situación de equilibrio fiscal); con esta dinámica el desvío del tipo de cambio real de sus fundamentos de equilibrio asciende a 24%.
Como aproximaciones alternativas a la estimación del atraso cambiario, afirma que respecto a Estados Unidos y con el dólar subvaluado en el mundo, Uruguay se encuentra hoy 28% más caro que el nivel promedio desde 1975. Y que el desequilibrio cambiario aproximado con Nueva Zelanda asciende a 19%.
“Estos números sugieren que el país tiene por delante un enorme desafío para poder ser nuevamente competitivo”, señala el economista, que dirige el Centro de Economía del IEEM-Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.
Si, como calculó con diversas metodologías, Uruguay presenta un atraso cambiario superior a 20%, ¿cómo explicar la “paradoja” de que la cuenta corriente de la Balanza de Pagos registra un superávit? Para dar respuesta a eso, Munyo realiza ajustes a las exportaciones e importaciones de modo de depurar factores coyunturales y así hacerlas “sostenibles en el tiempo”. Y, tras eso, concluye que el saldo de dicha cuenta se vuelve negativo. Incluso, con excluir solamente los efectos positivos sobre las exportaciones de bienes y servicios que hubo en 2017 derivados del clima y el turismo, que según él no se deberían repetir, ya sería suficiente para eliminar el superávit observado (1,6% del PBI).
Impactos
¿Qué impacto tiene el atraso cambiario en la economía y cuánto les cuesta a los uruguayos? Si bien el economista aclara que esa pregunta no tiene una respuesta directa, sostiene que es posible aproximarse a una idea a través de evidencia empírica.
Plantea que el rezago cambiario beneficia al sector no transable de la economía y que perjudica al transable, y agrega que es necesario dimensionarlos para estimar los impactos. En ese sentido, ante la limitación de la información disponible por sectores productivos en las Cuentas Nacionales, Munyo optó por realizar esa estimación a partir de datos de empleo surgidos de la Encuesta Continua de Hogares de 2006 y 2017. Asumió que si las importaciones o las exportaciones en relación con la oferta nacional total son mayores a 10%, el sector de actividad es transable, y halló que emplea a 34% de los ocupados. Otro 23% fue clasificado como ocupado del sector “asociado a transable” y el 43% restante corresponde al no transable.
“Agro+”
El estudio profundiza en el sector identificado como “Agro+” (agricultura, ganadería, caza y silvicultura, así como también todas las agroindustrias) por ser el más relevante entre los transables y uno de los principales determinantes de la relación con el “asociado a transable”. En 2017 empleó a 14,5% del total de los ocupados del país, superado solo por el comercio (17,9%). A su vez, el “Agro+” tuvo un impacto directo de 24,5% del PBI, indirecto (repercusiones en otras industrias generadas por las relaciones interindustriales en la cadena de valor) de 15% e “inducido” de 5,4% del Producto. La suma de los tres determina un peso en la economía de US$ 26.500 millones anuales.
Por otro lado, Munyo señala que los ocupados del “Agro+” presentan niveles educativos inferiores a los de otros sectores, pero eso “no necesariamente lo deja rezagado en materia de productividad ante el avance tecnológico”. De hecho, afirma que sus puestos de trabajo ya han atravesado un proceso de reestructura de tareas —sobre todo las repetitivas— debido a los avances tecnológicos, incluso de forma más acelerada que en el resto de las actividades.
En un total de 210.000 ocupados en el “Agro+”, hoy existen alrededor de 61.000 personas empleadas en tareas elementales, mientras que hace una década eran 73.000. No obstante, si se combina con la caída en la cantidad de ocupados, los empleos con alto riesgo de extinción debido a la automatización en el sector siguen siendo significativos (86% de los puestos en 2006 y 81% en 2017).
“En definitiva, el sector ‘Agro+’ ha logrado adaptar sus posiciones laborales al avance de la tecnología con relativa estabilidad”, a la vez que “balancear productividad y empleo. A la hora de analizar sus perspectivas futuras, este es un activo muy valioso”, evalúa Munyo.
Salir del atraso
Al final de su trabajo plantea algunas ideas generales sobre qué hacer para salir del atraso cambiario.
“La actual situación fiscal condiciona y limita el potencial de intervención del Banco Central en el mercado de cambios. (…) Se requiere coordinación de la política monetaria con la fiscal”, en donde el gasto es la “variable clave a controlar”, apunta.
Para el economista, como no están dadas las condiciones para delegar el ajuste de la competitividad a la evolución del dólar —por más que su tendencia para el futuro cercano es a valorizarse—, se requiere “avanzar lo antes posible en otros frentes. Uruguay debe reducir las elevadas barreras que le impiden ser más productivo y que afectan más intensamente al sector transable”, opina. Se refiere en concreto a la calidad de la infraestructura física, la formación de las personas que ingresan al mercado de trabajo, la carga de impuestos y tarifas públicas, la inserción internacional y la regulación laboral como áreas a mejorar. Y compara con la situación de Nueva Zelanda para afirmar que, “más allá de los acuerdos comerciales, el diferencial de costos internos para producir (…) también juega un rol importante”.
