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Uruguay habilitó medidas contra Venezuela tras amenaza de Brasil de romper el Mercosur, aunque buscó “mitigar” sus daños
imagen de Uruguay habilitó medidas contra Venezuela tras amenaza de Brasil de romper el Mercosur, aunque buscó “mitigar” sus daños
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La Cancillería uruguaya hizo lo que pudo por Venezuela. Hasta que, la semana pasada, el Poder Ejecutivo transmitió un mensaje claro al Frente Amplio (FA): las negociaciones en el Mercosur habían llegado al límite y Brasil anunciaba que rompería con el bloque regional si no se tomaban medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
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Por eso Uruguay permitió que los miembros fundadores del Mercosur aprobaran una declaración en la que anuncia que Venezuela no coordinará aspectos comerciales y económicos del bloque y corre el riesgo de perder su voto en el mismo si no cambia sus normas. No obstante, a pedido del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista, Casa Grande y los representantes de las bases en la Mesa Política, Uruguay se abstuvo de avalar esas medidas.
“Si no hacíamos algo el Mercosur se acababa, se iba a formar, quizás, una nueva entente entre tres países (Brasil, Argentina y Paraguay)”, explicó a Búsqueda una fuente del Poder Ejecutivo en conocimiento de las discusiones entre las cancillerías y entre el gobierno y el oficialismo. “Defendimos a Venezuela dentro de lo posible y llegamos a un límite; tuvimos que mantener el equilibrio”.
Consecuencias.
Desde hacía meses que la situación de Venezuela generaba enfrentamientos en el Mercosur. En julio Uruguay dejó la presidencia pro témpore del bloque y consideraba que Maduro debía suceder a Vázquez en ese cargo. Los otros tres países fundadores estaban en desacuerdo y el traspaso no se concretó. Con ese mar de fondo, el 12 de agosto se venció el plazo para que Venezuela acompasara algunas de sus normas a las del Mercosur.
Ante este incumplimiento, Brasil y Paraguay plantearon suspender a Venezuela. Uruguay no estaba de acuerdo con aplicar sanciones y ahí comenzó una dura negociación diplomática que se resolvió esta semana. Es que las resoluciones del Mercosur se deben adoptar por consenso de todos sus miembros y el gobierno de Tabaré Vázquez era el único que impedía una decisión contraria a Maduro.
A pedido del presidente, el canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió la semana pasada con el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política del FA para informarles sobre los avances de las discusiones. Vázquez quería “evitar disonancias entre el gobierno y la fuerza política”, comentó un jerarca del Poder Ejecutivo a Búsqueda.
El ministro advirtió que podría haber “consecuencias” para el Mercosur si Uruguay no cedía. Dijo que la Cancillería uruguaya estaba afín a apoyar la declaración negociada con los otros países. El gobierno había conseguido que no se suspendiera a Venezuela y que se le diera un plazo de tres meses para ponerse al día, explicó.
En el oficialismo había dos posiciones. Primó la que impulsaban el MPP, los comunistas, el sector de Constanza Moreira y las Bases: Uruguay no podía apoyar sanciones contra Venezuela. En minoría quedaron el Frente Liber Seregni, la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista.
“Quedó claro que acá no se trata de un tema para marcar perfilismos. Y todos los sectores coincidieron en respaldar el accionar de la Cancillería. Por la viabilidad del Mercosur y lo delicado del tema”, dijo un dirigente frenteamplista que participa tanto en el Secretariado como en la Mesa Política.
En el marco de las negociaciones, diplomáticos transmitieron a legisladores y dirigentes del oficialismo que Brasil amenazaba con “romper” el Mercosur y anunciaba que podría firmar un acuerdo con Argentina y Paraguay, dejando afuera a Venezuela y Uruguay, confirmaron a Búsqueda informantes de la coalición de izquierda y del Poder Ejecutivo.
“Para salvar al Mercosur hubo que aceptar estas medidas, porque si no, era el final del Mercosur”, dijo una fuente.
Así, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay —los países fundadores del Mercosur— aprobaron el martes 13 un documento en el que advirtieron que Venezuela no cumplió con la incorporación de normativas del bloque, entre ellas el acuerdo de complementación económica. Como consecuencia, decidieron que esos cuatro países “definirán los cursos de acción y adoptarán las decisiones necesarias en materia económica y comercial y otras materias esenciales”. También coordinarán las negociaciones con otros países o bloques regionales. Venezuela quedaba así afuera de todas las decisiones claves en el período en que, supuestamente, debía ejercer la presidencia. Además, establecieron que el 1º de diciembre volverán a analizar el nivel de cumplimiento del gobierno de Maduro y, si sigue en falta, perderá su poder de voto en el bloque.
El documento dice que la decisión contó con el “apoyo expreso” de Argentina, Brasil y Paraguay, y con “la abstención” de Uruguay. “Es un matiz político que a los efectos reales no tiene impacto, pero para nosotros era importante dejar marcada la diferencia entre esos tres países que consideraban fundamental la decisión y nosotros”, dijo a Búsqueda una fuente de Cancillería. Insistió en que Uruguay “logró mitigar el daño causado a Venezuela” y señaló que la declaración firmada no juzga la situación de la democracia en ese país.
Mamarracho.
La decisión de los cancilleres tuvo reacciones inmediatas dentro y fuera de Uruguay. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter este miércoles que “esta declaración de la Triple Alianza del gobierno de Argentina, Paraguay y de facto de Brasil, vulnera la legalidad de la organización”.
El Partido Comunista, por su parte, emitió una declaración también este miércoles en la que cuestionó al gobierno por habilitar la resolución.
El diputado del MPP y vicepresidente del Parlasur, Daniel Caggiani, dijo a Búsqueda que Uruguay tuvo una posición “independiente y honesta” frente a las “presiones” de los otros países. No obstante, consideró que la decisión firmada es un “mamarracho jurídico”, porque en el Mercosur “no hay categorías de estados fundadores y no fundadores” y porque “no se puede sancionar a un país por incumplimiento de la incorporación de las normativas cuando todos los países tienen temas pendientes”.
