Mario Mondelli, director de la Oficina de Política y Programación Agropecuaria; Juan Rosas, quien trabaja en la misma repartición del Ministerio de Ganadería, y Carlos Paolino, del Cinve, analizaron las estrategias de intensificación de la producción del agro. Según ellos, se están procesando cambios inéditos, si bien “el camino a recorrer por delante es todavía bastante largo”. Proponen, entre otras acciones, la creación de una “amplia base de información agropecuaria”, la generación de “instrumentos modernos de cobertura de seguros” y el desarrollo del riego suplementario.
¿Quiebre de tendencia?
“La volatilidad cíclica del Producto Bruto Interno uruguayo, si bien se ha reducido en los últimos años, continúa siendo relativamente elevada”, señalan Lanzilotta, Santiago Rego y Paola Regueira, quienes en otro estudio analizaron las fluctuaciones seculares en la macroeconomía, pero poniendo el foco en las últimas décadas (1986-2013). Uruguay tiene una economía pequeña expuesta a shocks externos —particularmente la situación de Argentina y los precios internacionales de los alimentos y del petróleo— cuyos efectos negativos en “muchas ocasiones” fueron amplificados por políticas internas, agregan.
De su trabajo surge que en los últimos años los riesgos asociados a la aplicación de políticas fiscales procíclicas se han reducido, pero plantean como una interrogante si amerita introducir “nuevas reglas fiscales o el perfeccionamiento de las ya existentes” que favorezcan la estabilidad macroeconómica.
Un grupo de economistas —Germán Deagosto, Federico Fraga, Rodrigo González, Gabriel Oddone y Damián Pirrocco— estimó que la productividad total de los factores en el período 2004-2012 se duplicó respecto al promedio de la segunda mitad del siglo XX. A partir de eso afirman que, dadas las características demográficas de Uruguay, mantener el ritmo de crecimiento de la economía del país en torno a 4% requiere “tasas de inversión elevadas que impulsen la acumulación de capital, mejorar significativamente la calidad del capital humano y promover mejoras de productividad”.
Luis Bértola y Reto Bertoni, dos historiadores económicos, señalan que “existen señales preocupantes, que apuntan a que el rápido crecimiento no sería fácil de mantener, tanto debido a circunstancias externas como domésticas”.
Alegan que el boom de precios de los commodities “solo ha tenido efectos positivos de largo plazo en aquellos países que aprovecharon esas coyunturas para promover dinámicas de diversificación de la estructura productiva capaces de viabilizar una inserción internacional sobre nuevas bases”. Y a continuación remarcan que si bien hubo “cambios de significación en el agro”, en promedio, alrededor de dos tercios del valor de las exportaciones uruguayas son bienes primarios o manufacturas basadas en recursos naturales, un fenómeno que volvió a acentuarse en los años más recientes (“reprimarización”).
Como plan de acción proponen la “definición de metas”, una mayor articulación institucional y el aumento de los recursos para la “promoción del cambio estructural”. También plantean que se debe “orientar” la inversión externa que capta Uruguay a “metas de cambio estructural con condicionamientos de diversa índole”.
Desde el punto de vista comercial, creen “ineludible diseñar estrategias de integración que trasciendan los marcos de la libre circulación de bienes, servicios y personas, para encarar el desafío de la articulación productiva a través de la inclusión de cadenas de valorización a escala regional”.
También recomiendan acciones para reducir los niveles de desigualdad social, como gravar los “beneficios extraordinarios provenientes de la acumulación de activos o de ganancias originadas en coyunturas de precios muy favorables”, así como modificar el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas para hacerlo más progresivo.
“¿El ciclo expansivo de la última década ha configurado un quiebre” con la trayectoria histórica de crecimiento económico muy bajo?, preguntan como disparador de su análisis Gustavo Bittencourt y Nicolás Reig.
Para aproximar una respuesta, ensayan dos escenarios hipotéticos con horizonte en 2035.
En el primero, que definen como de “bajo crecimiento”, algunos problemas derivados de la dinámica internacional y de la regulación local permiten que “continúe la expansión de la frontera agroindustrial a través de la instalación de la tercera planta de celulosa, pero no se produce la inversión de la minera Aratirí”. Existen, asimismo, dificultades comerciales en la región, lo que afecta a ramas que utilizan insumos importados, al turismo, la logística y el transporte. Luego de 2020 se agota la expansión agroindustrial y se modera el aumento de las exportaciones, lo que haría “prácticamente imposible que el PBI uruguayo creciera más de 2%”. Eso se traduce en una economía con la potencia de una bombita de “25 watts”, grafican.
El segundo escenario es más optimista: como producto de “propicias condiciones internacionales y regionales” canalizadas por un “buen gobierno” que aplica políticas activas de desarrollo, Uruguay transita por un ciclo de crecimiento “sostenido”. Si bien el empuje agroindustrial termina en 2020, ello es amortiguado por mejoras tecnológicas en los sectores lácteo y ganadero. También por el impacto del emprendimiento de Aratirí, que es “muy fuerte” al principio (elevando la tasa de crecimiento desde 4,1% a 5,1% hasta 2020) para luego irse diluyendo.
Los economistas remarcan que el mayor contraste con el escenario de bajo crecimiento es el empuje que aportarán los sectores innovadores y la biotecnología, que permitirán que el PBI se expanda a un ritmo medio de 3,5%, haciendo “permanente la situación de ‘ruptura con la historia’”. Para que los sectores innovadores despeguen y el escenario de crecimiento sostenido pueda hacerse realidad se requieren “estrategias claras que tengan en cuenta las regulaciones adecuadas de sus mercados, la adecuada regulación de la propiedad intelectual” y particularmente, la formación de recursos humanos”, enumeran. Bittencourt y Reig dicen que nuevas obras de infraestructura podrían retrasar la fase de enlentecimiento de las exportaciones agroindustriales, y favorecer al turismo, la logística y el transporte.
Otro estudio constata que Uruguay está a la cola a nivel regional en materia de innovación y que debería estar invirtiendo cuatro veces más que en la actualidad.
Inversión y educación
El economista y senador oficialista Alberto Couriel destaca la mejora en la distribución del ingreso en los últimos años, y sostiene que “la sostenibilidad del crecimiento depende del dinamismo de la inversión nacional y extranjera”.
Andrés Rius, en otro análisis reseñado en el libro, plantea que las “bajas tasas de ahorro interno neto ponen en cuestión” la capacidad de crecer sostenidamente. A su juicio, la combinación de “desigualdades presentes e intergeneracionales recomienda entonces invertir tanto como sea posible en capital humano (...)”.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim, junto a la docente de esa institución Andrea Vigorito y el investigador Mauricio De Rosa, evaluaron la interrelación entre la distribución del ingreso y la desigualdad en el mercado laboral, y en particular los aspectos derivados de los logros educativos de la población. “El impacto directo esperado de un incremento masivo del stock educativo de las nuevas generaciones sobre la desigualdad es escaso. No obstante, deben considerarse otros canales de transmisión que afectan el bienestar y la equidad prevalecientes. En primer lugar, parece claro que el dinamismo económico reciente no será sustentable sin un acervo de capacidades humanas amplias y diversas”, señalan.
El especialista Renato Opertti afirma que “ninguna administración de gobierno ha podido revertir sostenidamente las tendencias de larga data” en el sistema educativo uruguayo de “calidad deficitaria, inequidad intolerable y excelencia marginal”. Según su visión, “insistir en ajustar” o “refinar” lo existente en lugar de hacer una “reforma educativa integral, sistémica y vinculante”, puede conducir a “nuevos desencantos y fracasos”. Propone cambios en los modelos de centros educativos con “aterrizajes locales bajo miradas globales”, que tendrían libertad para innovar curricularmente, así como para seleccionar y gerenciar recursos humanos y financieros.
Pedro Ravela, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se alinea a la idea de que el sistema requiere de “transformaciones estructurales” frente a, por ejemplo, “problemas múltiples en la gestión de recursos financieros, materiales y humanos”, en la formación docente y a nivel institucional para, entre otras cosas, “avanzar más rápido en la creación de escuelas y liceos de ciclo básico en régimen de tiempo completo”.
Juan Artola, investigador y docente del Instituto de Políticas Migratorias de la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires, encara el asunto poblacional. Opina que Uruguay no requerirá en los siguientes 10 años de incrementos considerables de trabajadores extranjeros a su mercado laboral, pero sí precisa de más profesionales calificados y muy calificados vinculados al desarrollo científico, la incorporación de tecnología y la innovación. La llegada de nuevos inmigrantes puede implicar mayores costos presupuestales en algunos servicios públicos y la vivienda, “deficitario en soluciones, será un sector problemático”, advierte el especialista.
Bienestar y seguridad
Los cientistas políticos Carmen Midaglia, Fabricio Caneiro y Marcelo Castillo afirman que algo más de cuatro de cada diez uruguayos tienen un “bienestar alto” y, en el otro extremo, menos de 10% vive en una situación de “carencias extremas de bienestar”.
Tras diagnosticar la situación, describen dos escenarios posibles de modificación del esquema de protección social en los próximos 25 años. Uno es identificado como de “ajustes graduales”, en el que no ocurren cambios o reformas significativas de orientación y gestión, y se mantiene o hasta se estanca el nivel de inversión social en esas áreas. Señalan que una de las consecuencias posibles es la profundización de los “efectos de fragmentación”.
El otro escenario —“reformista”— incluye cambios importantes que “aumentan los niveles de articulación del conjunto de los programas sociales del componente no contributivo”. Como “corolario (...) cabe esperar una pauta de conflicto a partir de la redistribución de poder de los grupos involucrados”, advierten.
En su investigación Leonel Muinelo Gallo y Oriol Roca Sagalés confirmaron “efectos redistributivos significativos de largo plazo” derivados de diferentes instrumentos de política fiscal aplicados entre 1981 y 2010. Como recomendaciones plantean ampliar la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas, dedicar más recursos a mejorar la calidad de la educación, extender la cobertura y magnitud del “seguro de paro”, implementar un IVA “personalizado” y elevar la carga tributaria sobre las rentas del capital.
Cristina Lustemberg, coordinadora del programa “Uruguay crece contigo”, aconseja redoblar los esfuerzos para eliminar el hambre y la desnutrición en la primera infancia. Según esa jerarca, actualmente hay un “problema de institucionalidad” para atender a esos sectores, lo que “contribuye a tener situaciones” de “ineficacia” en las acciones e “ineficiencia en la utilización de los recursos”.
Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP y actual aspirante a vicepresidente por el Partido Independiente, hizo propuestas a distintos niveles, como lograr un pacto social en torno a un “plan nacional de desarrollo”, fijar los salarios de los funcionarios estatales a partir del “valor público” de las ocupaciones, establecer evaluaciones periódicas con indicadores de gestión “duros”, enfatizar las funciones profesionales de “gerencia”en sustitución de los cargos de confianza política y manejar el presupuesto en base a “productos y resultados” de gestión.
El catedrático de Urbanismo de la Universidad ORT, Federico Bervejillo, aborda la cuestión territorial como un “componente clave” de una estrategia de desarrollo nacional de largo plazo. Sugiere, entre otras cosas, fortalecer las “ciudades intermedias”.
Juan Faroppa, directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, se pregunta hasta cuándo se mantendrán los “resquicios de formas de pensar más tolerantes y liberales en temas de violencia, inseguridad y convivencia” en el país. Plantea un “nuevo modelo de política sobre seguridad ciudadana” cuya implementación requiere de “metas a mediano y largo plazo”, además de un compromiso del sistema político para no utilizar los problemas de violencia y criminalidad con fines electorales.
Inserción externa
El historiador Gerardo Caetano, el director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, Alvaro Padrón, y la integrante del equipo técnico del Centro para la Formación en Integración Regional Viviana Barreto, sostienen que “ya no existe espacio” para que el país se encierre “fronteras adentro” y que la estrategia para la política exterior debe ser la de “jugar y bien en todas las canchas”, con la región como “primer eje”.
Marcel Vaillant, profesor en comercio internacional de la Facultad de Ciencias Sociales, recuerda que un tercio del empleo total depende de forma directa e indirecta de las exportaciones y que la posibilidad de que el contexto internacional se exprese como una “exposición negativa” para Uruguay en un plazo no muy lejano es “verosímil”.
El caudal de acuerdos comerciales que el país ha puesto en pleno funcionamiento “es muy reducido”, y la “volatilidad en los rumbos y señales confusas han sido la característica” de la estrategia de inserción, critica.
Plantea que en momentos en que el Mercosur “está en una etapa de control de daños”, todas las soluciones “requieren como punto de partida que se reconozca que es necesario buscar un cambio y recuperar la libertad comercial del país”. Para Vaillant, Uruguay debe integrarse a la Alianza del Pacífico y al Trans Pacific Partnership, así como promover la “opción de soluciones bilaterales” a los acuerdos que negocia el Mercosur, en particular con la Unión Europea.
Economía
2014-07-24T00:00:00
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