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Uruguay pretende este año habilitar para sus atletas el uso del pasaporte biológico, una herramienta clave contra el doping
El ciclismo, con el Tour de France como principal señalado, fue la primer disciplina en impulsar el pasaporte biológico. Foto: Marco Bertorello, AFP
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La vida de Lance Armstrong era de película. Destinado a ser uno de los mejores ciclistas de Estados Unidos, su incipiente carrera se cortó en 1996 a los 25 años por un cáncer testicular. Dos años después, recuperado tras un diagnóstico totalmente adverso, logró convertirse en uno de los deportistas más reconocidos y admirados del mundo con la obtención de siete Tour de France. Pero la historia de Hollywood se derrumbó: en 2012 le despojaron todos esos triunfos al comprobarse que se había drogado sin interrupciones de 1998 en adelante. “El sistema más sofisticado, profesionalizado y exitoso de dopaje que el deporte jamás ha visto”, describió la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.
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El caso de Armstrong se vislumbraba mucho antes de la sentencia que lo condenó. Pruebas positivas y allanamientos policiales ya habían sacudido carreras de élite como el Tour de France y tenían en jaque a la Unión Ciclista Internacional (UCI). Era un rumor extendido que la mayoría de sus equipos y competidores empleaban técnicas indetectables de dopaje que incluían transfusiones de sangre para aumentar el conteo de glóbulos rojos del cuerpo y la inyección de hormonas naturales como eritropoyetina (EPO), así como métodos diseñados por prestigiosos médicos con diagramas estrictos, sustancias de vanguardia provenientes de China y Rusia y ciclistas despiertos en hoteles a la madrugada para utilizar centrifugadoras que trataban la sangre.
La situación obligó a la UCI a ser en 2008 la primera federación deportiva en implantar el pasaporte biológico del deportista. Luego de 15 años es Uruguay quien pretende dar ese paso, con un uso internacional todavía en progreso y poco extendido en la región.
Se trata de un registro personal de cada atleta que contiene parámetros como valores sanguíneos y marcadores bioquímicos para detectar posibles indicios de dopaje mediante cambios anormales en su perfil biológico, entre ellos, la mejora del transporte de oxígeno. Los parámetros incluyen el hematocrito, la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos, el porcentaje de reticulocitos, el recuento de reticulocitos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, el ancho medio de distribución de glóbulos rojos y la fracción de reticulocitos inmaduros. Al controlar los datos con regularidad a lo largo de la trayectoria del deportista, si se observa una fluctuación significativa en los valores, se puede sospechar que está recurriendo a prácticas y sustancias prohibidas y se le realizan pruebas para confirmarlo.
“Es un arma útil en la lucha contra el dopaje. Los análisis se realizan mediante la extracción de sangre al atleta en varias tomas a lo largo del tiempo, con un mínimo de tres en un año. Estos análisis sugieren posibles mecanismos de dopaje que luego son analizados mediante los procesos convencionales. Es un enfoque que permite ahorrar en muestras de doping al tiempo que se anticipan conductas antidopaje”, explicó a Búsqueda Pablo Ferrari, subsecretario nacional del Deporte.
El año pasado Ferrari, especialista en la materia, lideró la mudanza del Laboratorio de Análisis Clínico de Dopaje de la Secretaría Nacional del Deporte. Pasó a funcionar en el Latu con una inversión de US$ 200.000 para nuevos aparatos. La Secretaría Nacional del Deporte espera ahora que a fin de año el laboratorio sea habilitado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) para ser uno de los primeros en Sudamérica en realizar pasaportes biológicos de deportistas. La intención es aprovechar que Uruguay no tiene las restricciones de otros países respecto al ingreso y egreso de muestras de sangre y también el contacto diario con otros laboratorios y especialistas que trabajan en el Latu.
“Para octubre esperamos presentar formalmente ante la WADA la petición de que acredite a nuestro laboratorio. A partir de ahí se hacen varias inspecciones”, explicó Ferrari. “La habilitación es necesaria porque la tendencia de la WADA y de otros organismos antidopaje es exigir a gobiernos y a federaciones deportivas que los atletas solo puedan competir en cualquier evento con un pasaporte biológico”, añadió.
Además de la UCI, otras asociaciones con un empleo actual profundizado del pasaporte biológico son la World Athletics (que regula el atletismo) y la World Triathlon (que regula el triatlón). El ciclismo y el atletismo tienen decenas de competidores sancionados a partir de estos análisis. En 2014 la FIFA lo introdujo por primera vez durante el Mundial de Brasil y volvió a usarlo en el Mundial de Catar 2022, por lo cual el sistema no es ajeno a deportistas uruguayos.
Política educativa
El laboratorio de la Secretaría Nacional del Deporte en el Latu tiene dos funciones definidas. Por fuera de lo estrictamente deportivo, controla a los caballos que participan en las competiciones de turf de Hípica Rioplatense Uruguay y a los policías que forman parte del Ministerio del Interior; si estas pruebas resultan positivas de doping, Hípica Rioplatense Uruguay y el ministerio tienen sus propios reglamentos internos de sanción.
En cuanto a los controles a atletas, la Secretaría Nacional del Deporte cumple las normas del código mundial antidopaje de la WADA y realiza pruebas de orina periódicas en competencia y fuera de ella. Pero en este caso solo las toma para enviarlas a Madrid, donde son estudiadas, porque el laboratorio de Uruguay no está certificado por la WADA para analizar muestras de orina. La certificación cuesta US$ 1 millón, debe ser actualizada cada dos años y requiere de un promedio de 5.000 a 7.000 pruebas anuales, cuando el promedio del laboratorio de la Secretaría Nacional del Deporte es de 300.
“Brasil se postuló para los Juegos Olímpicos de 2016 y tuvo que instalar un laboratorio. Lo cerró a los dos meses. México acaba de cerrar el laboratorio porque no le dan los costos. El único que tiene un laboratorio en la región ahora es Panamá, pero es muy costoso”, argumentó Ferrari.
La manera de que los análisis a atletas uruguayos resistan un proceso de sanción es en un laboratorio habilitado como el de Madrid, con el cual Uruguay trabaja mediante un convenio con el Consejo Superior de Deportes de España. A las muestras que llegan de la Secretaría Nacional del Deporte se les aplica allí un 50% del costo: 120 euros para un estudio estándar, 220 euros para uno de EPO y 250 euros para uno de hormonas.
En 2022 la Secretaría Nacional del Deporte realizó 110 controles en 17 disciplinas. Las más monitoreadas fueron fútbol (40 análisis), ciclismo (25), básquetbol (23), rugby (16), hockey (12) y atletismo (10). Hubo dos exámenes positivos. Una de las sustancias prohibidas que se detectó fue ostarine, hoy en auge en disciplinas como el crossfit y definida por la WADA como un agente anabólico. Es parte de la familia de moduladores selectivos del receptor de andrógenos (SARM) y se consume vía oral en cápsulas o gotas. Mientras se investigan sus propiedades para tratar la osteoporosis, algunos atletas lo usan como suplemento para aumentar masa muscular. La otra sustancia fue fenproporex, un estimulante de la familia de las anfetaminas que se consume como inhibidor del apetito.
En lo que va de 2023 el gobierno lleva hechos 36 controles de doping y espera aumentar el número del año pasado, aunque no necesariamente la cifra final de casos positivos. Algunos especialistas especulan que la falta de recursos impide incrementar las pruebas para saber con más exactitud cuántos deportistas se drogan en el país. Para Ferrari, “no saltan tantos positivos, por suerte, porque hay una política educativa que permite que no haya tantos casos adversos”.
