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    miércoles 05 de junio de 2024

    Uruguay reconoce en la ONU que la “ley de cuotas” no fue“suficiente” y por eso se discute la “paridad”

    Representantes del gobierno plantearon que se necesitan medidas “más profundas” para enfrentar la violencia de género y admitieron la “casi” imposibilidad de establecer planes de reinserción en cárceles

    El gobierno uruguayo reconoció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que tiene dificultades para aplicar programas de reinserción en las cárceles y que el combate a la desigualdad de género requiere medidas “más profundas”.

    El canciller Omar Paganini expuso este miércoles en el Cuarto Ciclo de revisión del Examen Periódico Universal del consejo sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay. El ministro de Relaciones Exteriores destacó la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia y subrayó que en varias áreas de la economía y el empleo el país está “mejor” que en 2019.

    Paganini mencionó dos temas que fueron objeto de recomendaciones en el ciclo anterior para Uruguay y que todavía son problemáticos: el sistema penitenciario y la violencia basada en género.

    El ministro dijo que el sistema carcelario tiene una realidad “heterogénea”, pero que en términos generales no han logrado superar el problema del hacinamiento, “especialmente en los grandes centros penales” instalados en el área metropolitana. “En esas grandes estructuras edilicias el ocio y la mala convivencia son habituales”, explicó. En esos centros, “la implementación de programas que mejoren sustantivamente la reinserción social son extremadamente difíciles, si no imposibles”.

    Pese a esas dificultades, Paganini dijo que Uruguay aplica medidas para aumentar las alternativas a la privación de libertad y están en ejecución nuevos programas para facilitar la reinserción de las personas que salen de la cárcel.

    Unos minutos más tarde, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que la cantidad de presos en el país trepó a 15.770, una tasa de 424 personas presas cada 100.000 habitantes. Añadió que están en proceso de construcción 4.077 plazas nuevas en las cárceles, lo que permitiría eliminar el hacinamiento actual.

    El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, que también era parte de la delegación, reconoció los esfuerzos del país en enfrentar el problema carcelario, aunque subrayó que “la constante construcción de cárceles no es la solución”.

    Ley de cuotas

    La delegación uruguaya tuvo que defender las políticas desarrolladas para eliminar la desigualdad de género, uno de los aspectos más cuestionados por los países que participaron en la evaluación, aunque reconoció que hay muchos aspectos por mejorar.

    El canciller planteó que el país aplica líneas estratégicas vinculadas a “promover la autonomía económica de las mujeres”, aumentar su participación en “instancias de decisión política” y combatir la violencia de la que son víctimas.

    Sobre la violencia basada en género, Paganini dijo que los principales indicadores del 2023 “han confirmado que la preocupación tiene fundamentos, al tiempo que resultan de suma importancia como base fáctica para ajustar las políticas públicas existentes y tomar medidas más profundas que permitan atacar las causas, a la vez que mejoren la prevención y persecución de este delito”.

    El canciller dijo que una “temática relacionada” con ese tema que quería mencionar en el consejo fue la decisión del gobierno de cambiar un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que provocó un aumento en la cantidad de mujeres presas por delitos de microtráfico. “Debemos admitir: en ocasiones es necesario ajustar las políticas públicas o la normativa en vigor cuando el impacto no es el deseado”, dijo Paganini.

    El artículo de la LUC “generó un aumento desproporcionado del número de mujeres condenadas por el llamado microtráfico de estupefacientes” y “atendiendo este efecto no deseado de la ley, se ha modificado el citado artículo, mitigando los efectos, que afectaban a una población particularmente vulnerable”, dijo.

    La viceministra de Educación, Ana Ribeiro, retomó el tema de la desigualdad de género unos minutos más tarde. Sentada a la derecha de Paganini, la jerarca e historiadora recordó que Uruguay fue pionero en cuanto al derecho al voto de las mujeres y subrayó que hoy el país tiene una vicepresidenta. Sin embargo, añadió que su incorporación a la vida política “lleva tiempo” y presenta dificultades.

    La “ley de cuotas”, aprobada en 2009 y que obliga a que las listas al Parlamento tengan al menos una mujer cada tres lugares, “no ha sido suficiente para evitar la masculinidad natural que rodea a los liderazgos políticos y a la tradición” del sistema de partidos.

    Ribeiro dijo que “hay cosas para corregir” en esa área y que es por “esas dificultades para acceder en plena igualdad, quizás no tanto a los cargos como al poder, que son dos cosas distintas,?que ya se están considerando nuevas medidas”. En particular, la viceministra de Educación mencionó que “hay a consideración del Poder Legislativo un plan de paridad política para los próximos años”.

    El proyecto referido por Ribeiro no cuenta con el apoyo, al menos por ahora, de buena parte de la bancada oficialista, por lo que su futura aprobación está en duda.

    Pasado reciente

    El canciller uruguayo dedicó parte de su intervención inicial a la “memoria, verdad y justicia”, un tema en el que aseguró que hubo “avances en los últimos años”.

    Paganini dijo que “han aumentado sensiblemente las investigaciones, juzgamientos y procesamientos por crímenes de lesa humanidad”. En seguida, añadió que en este tema “es clara la estricta separación de poderes” y que cada uno ha llevado adelante las acciones que le corresponden.

    “A impulso de la fiscalía especializada, el Poder Judicial ha dictado sentencias de condena por desaparición forzada, tipificación que hasta hace poco tiempo no era”, dijo. Agregó que el Ejecutivo está cumpliendo con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Parlamento tiene a estudio un proyecto para crear en el Archivo General de la Nación un área que centralice la “reunión, organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente”.

    Libertad de expresión

    Después de la intervención inicial de Paganini, los delegados de varios países hicieron comentarios y recomendaciones a Uruguay. La mayoría estuvieron centradas en temas de género y del hacinamiento carcelario.

    Uno de los más duros fue el representante de Rusia, quien expresó su preocupación por los “problemas graves” que tiene Uruguay en tema de derechos humanos. En particular, cuestionó la degradación de la libertad de expresión que han documentado diversas organizaciones internacionales y lamentó la “presión” a periodistas independientes. También criticó la decisión “politizada” de Antel de dejar de transmitir la versión en español de Russia Today. La medida fue adoptada después de que ese país invadiera Ucrania.

    Poco después, el representante de Venezuela expresó su “grave preocupación” por la situación de los derechos humanos en el país y las amenazas a los periodistas y la libertad de expresión.

    En la instancia de réplica, Paganini dijo que quería “dejar claro que en Uruguay existe la plena libertad de prensa y de expresión en todos los medios” y pidió a quienes plantearon el tema que se remitieran a indicadores que muestran a Uruguay como una “democracia plena”.

    Minutos después de su intervención, el tema de la libertad de expresión fue mencionado por la delegada de Canadá. La representante dijo que en su país preocupaban “las noticias sobre obstáculos” al derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.

    Información Nacional
    2024-05-01T23:04:00