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Para dinamizar el empleo y la economía tras el shock que causó la pandemia de Covid-19, muchos países aprobaron o diseñaron planes de infraestructura. Dos ejemplos en la región son los de Perú y Chile, que invirtieron 6% y 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en ese tipo de programas y, con otra dimensión, también México y Bolivia. En ese ámbito Uruguay “no registra medidas de respuesta a la crisis basada en impulsos a la infraestructura”, comparó el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) en una nota técnica publicada el jueves 7, y a la que accedió Búsqueda.
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El informe caracteriza el uso de estímulos fiscales a través de inversiones en infraestructura —vial, en energías, vivienda o escuelas, entre otras— en distintos países utilizando como referencia el Observatorio Global de Recuperación de la Universidad de Oxford. Según el análisis de esa información, 62 países —en un universo de 87 economías que registran medidas fiscales para la dinamización— aprobaron algún programa de inversión en infraestructura que significó un esfuerzo equivalente al 0,6% del Producto global de 2020. Entre esos países, la inversión en infraestructura representó, en promedio, el 1% de sus respectivos PBI.
El Ceeic analiza que si se evalúan países con un PBI per cápita similar al de Uruguay, Polonia y Chile impulsaron programas de inversión por 2,6% y 1,2% respectivamente.
Comenta en particular el caso chileno, que en agosto de 2020 anunció un plan de obras e inversiones sustentables, con medidas de estímulo a la inversión privada y un conjunto de acciones en infraestructura con fondos públicos y en algunos casos a través de concesiones.
El Ceeic evalúa también la relación entre la magnitud de las medidas y la restricción fiscal de cada país. “Un primer análisis de la relación entre medidas y ratio de deuda sugiere que no existe relación lineal entre endeudamiento y respuesta fiscal en infraestructura”, afirma.
A su vez, analizando la calificación crediticia de los países, asegura que queda en “evidencia el mayor margen de maniobra de los países con grado inversor, que impulsaron inversiones en infraestructura por 1,4% del PBI en promedio”, mientras que los que tienen una nota inferior desplegaron respuestas en el área por 0,5% del Producto.
Aproximándose a los mecanismos de financiamiento utilizados por los gobiernos que aplicaron planes de infraestructura, el Ceeic encuentra que en América Latina las principales dos fuentes fueron recursos públicos y créditos de organismos multilaterales.
El Ceeic concluye que aquellos países que no destinaron inversión en planes de infraestructura, como sería el caso uruguayo, “podrían quedar atrás en términos comparativos” frente a los que sí los ejecutan.
Desde el inicio de la pandemia la Cámara de la Construcción, con el respaldo del Ceeic, propuso al gobierno que se diseñara un mecanismo fast track a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo para implementar un plan de obras por casi US$ 2.000 millones (Búsqueda Nº 2.095), que hasta el momento no prosperó.