Uruguay tiene TLC “pionero” en equidad de género, pero carece de herramientas para apoyar el rol exportador de las mujeres

Más allá de los costos en términos de justicia social, la desigualdad de género reduce el crecimiento económico que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula en 16% del Producto Bruto Interno mundial, señaló Alicia Frohmann, consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Citó proyecciones según las cuales, al “ritmo actual”, la brecha económica y de oportunidades se cerraría en 219 años.

Además, se mostró partidaria de aplicar políticas de promoción del comercio exterior con discriminación positiva hacia las mujeres: “Hasta ahora han sido géneroneutrales y creemos que es momento de empezar a cambiar eso”.

Ferreira dijo a Búsqueda que Uruguay XXI está abierto a trabajar en esa dirección, pero acotó que “sin datos es difícil arrancar” con programas específicos. Comentó que hay muchas “ventanillas” de instituciones públicas que podrían generar registros de cifras sobre la intervención de las empresas lideradas por mujeres y de la participación de ellas en distintas áreas de actividad.

Planteó que, por ejemplo, se podría hacer un “piloto” con la Dirección de Aduanas para que las empresas que exporten respondan una pregunta referida a la composición de su plantilla.

TLC “pionero”

El subsecretario de Economía dijo que la fiscal es la política con mayor potencia para incidir en la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres. Para él, “puede y debe rendir más”.

Aludió a los recursos públicos destinados a la política de cuidados de los menores y adultos mayores, como una herramienta que promueve la equidad de género, reconociendo esas funciones como un problema social donde el garante es el Estado. “Queremos seguir trabajando y generando recursos en esa línea. De hecho, en el mensaje presupuestal que se enviará al Parlamento hay recursos incrementales” para el Sistema de Cuidados, apuntó, refiriéndose al proyecto de Rendición de Cuentas.

También mencionó los incentivos fiscales previstos en un decreto aprobado en mayo que modificó el régimen de promoción de inversiones, como otra acción concreta. Esa norma estableció que en la matriz de indicadores referidos al empleo se puntúe más por cada nueva trabajadora que incorpore la inversión promovida (lo mismo ocurre para los colectivos rurales, discapacitados y menores de 25 años).

Sobre las políticas de comercio internacional, Ferreri comentó que Uruguay fue “pionero” en la inclusión de una cláusula de género junto con Chile, en el tratado de libre comercio que rubricaron en octubre de 2016. En ese acuerdo —cuya aprobación legislativa destrabó el sábado 5 un plenario del Frente Amplio—, los firmantes enuncian que implementarán los compromisos internacionales que asuman en materia de género, en especial los relacionados con igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, protección de la maternidad, conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera. Prevé, además, la creación de un comité específico para hacer el seguimiento de ese tipo de asuntos.

Frohmann también resaltó ese apartado del tratado entre Uruguay y Chile, pero abogó por que esa mirada de género sea incorporada de manera más transversal en la disciplina comercial, considerando temas de acceso a mercado, inversiones y compras públicas, por ejemplo.

Aludiendo a las dificultades que encontró ese TLC para ser votado en Uruguay, la consultora de la División de Comercio Internacional de la Cepal dijo a Búsqueda que “sería una ironía del destino que justo el primer acuerdo a nivel mundial que incorpora un capítulo de género no pueda implementarse”.

Pero ya no es el único. Mencionó que Chile negoció un capítulo similar en acuerdos alcanzados en años recientes con Argentina y Canadá. Y actualmente está rediscutiendo sus TLC con la Unión Europea y Brasil, que también abordan la temática de género.