Varias cajas previsionales sufrieron deterioro financiero en 2018

Según un relevamiento hecho por Búsqueda, las denominadas cajas policial y militar precisaron en 2018 de asistencia financiera por parte de Rentas Generales, como ocurre año tras año. Pero en los otros sistemas especiales —de profesionales universitarios, notarios y empleados bancarios— también se registró un creciente uso de las reservas financieras para sortear pérdidas operativas.

Por su parte, las transferencias para el Servicio de Retiros Militares de las Fuerzas Armadas ascendieron a US$ 607 millones en 2018. De eso, US$ 466 millones fueron en concepto de asistencia por parte de Rentas Generales, US$ 26 millones más que el año anterior. Ese organismo también recibió fondos para el pago de asignaciones familiares y algunas pasividades.

Para el 2019 se presupuestó para la “caja militar” un apoyo algo menor, de unos US$ 432 millones.

Según los números de la CGN, casi 25% de las transferencias a la seguridad social se dirigieron a esas dos cajas. El restante 75% lo recibió el BPS, tanto en asistencia financiera (US$ 614 millones) como en impuestos afectados y algunas pensiones o subsidios amparados por ley.

Bancarios

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias registró un déficit de US$ 5 millones en 2018. Sus ingresos operativos (por los aportes de los empleados del sistema financiero, así como el pago de un complemento que realizan las instituciones bancarias) sumaron US$ 525 millones, mientras que tuvo egresos por US$ 557 millones.

Sin embargo, ese resultado operativo negativo fue matizado por las inversiones financieras de la caja. Se trató, según declaró a Búsqueda su presidente, Gustavo Weare, de una pérdida ya planificada desde la reforma de 2008, cuando se aprobó la actual Carta Orgánica.

“Durante el diseño de la reforma de 2008 estaban previstas etapas bien claras. Una, que prácticamente terminó en 2017, cuando se iban a equilibrar los números y acumular reservas. Allí pasamos de reservas por $ 700 millones en términos corrientes a $ 7.300 millones. En esta segunda etapa, prevista por los próximos 9 o 10 años, vamos a tener resultados ajustados o deficitarios que deberán ser cubiertos por reservas. Aunque no tiene que pasar todos los años”, explicó.

“El nuestro no es un sistema de reparto sino de solidaridad intergeneracional con capitalización parcial colectiva. No es que todos los años tengamos que recaudar lo que gastamos. Y, luego de este período, nuevamente volveremos a tener una situación de sustentabilidad. Porque pasamos de tener unas 300 altas (pasividades) en 2008 a casi 800 hoy. Eso va a ir sumando un stock que luego, obviamente por la naturaleza de la vida, va a ir hacia una meseta y después cayendo”, agregó.

El organismo está elaborando un nuevo estudio de sustentabilidad financiera para los próximos 40 años, por lo menos. Hoy cuenta con 20.893 afiliados activos y 17.829 pasivos (una relación de 1,4).

Profesionales

En 2018 la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) registró superávit, pero de una cuantía notoriamente menor que la del ejercicio anterior: pasó de US$ 30 millones en 2017 a US$ 3,4 millones.

También en este caso las inversiones financieras sirvieron para abatir el déficit operativo. Con ingresos por US$ 345 millones, la Cjppu debió pagar pasividades por unos US$ 375 millones. La institución tiene 59.721 profesionales que hacen aportes, mientras que otros 77.106 declaran no hacer ejercicio libre de su profesión (con lo que no están obligados a realizar contribuciones). Tiene 16.531pasivos, con una jubilación promedio de $ 61.300 y una pensión media de $ 36.600.

Búsqueda se comunicó con la presidencia de la caja, pero no obtuvo comentarios sobre los números del balance. En la memoria de la Cjppu, el directorio señaló que sus desafíos son “comunes a los del resto de los integrantes del sistema” aunque la “solvencia actual” de la caja permite “trabajar con la tranquilidad de una correcta planificación para asegurar un futuro promisorio”. También constata que en el último quinquenio los ingresos crecieron 7% y los egresos lo hicieron 21% en términos reales.

Miembros del directorio aseguraron que existe preocupación acerca del manejo financiero del organismo y la notoria reducción del superávit final. La baja del superávit “es la principal discusión”, ya que “no se tomó ninguna medida para compensar” algo que “se veía venir”, comentó a Búsqueda el director en representación de los activos, Oscar Costa.

Cuestionó, además, la rentabilidad de algunas inversiones financieras realizadas y la falta de “captación” de profesionales activos. Apuntó también que “viene atrasado” un programa de préstamos hipotecarios para jóvenes profesionales y que se rechazó la propuesta de dar préstamos al consumo en pesos.

Notarial

La Caja Notarial aumentó su déficit con respecto al 2017: pasó del equivalente a US$ 15,5 millones en ese ejercicio a US$ 20 millones en 2018, calculó Búsqueda a partir de datos de su último balance. Con ingresos por US$ 72,5 millones y egresos por US$ 85 millones, la caja se sirvió de sus inversiones para disminuir el déficit operativo que registró (US$ 26,5 millones).

Ya a mediados del año pasado el presidente de la institución, Pablo Arretche, había comenzado a interiorizar a escribanos y figuras políticas de la situación financiera (Búsqueda Nº 1.971). Así, la caja presentó el año pasado un proyecto de reforma de su Carta Orgánica que fue aprobada por el Poder Ejecutivo y hoy se encuentra a estudio del Parlamento. Si la iniciativa prospera, los escribanos pasarán a jubilarse con 65 años de edad y 35 de servicio. La reforma impone un régimen de transición durante 20 años en el que gradualmente comienza a aumentarse la exigencia actual, que demanda un mínimo de 60 años de edad. Además, se aumenta la tasa de aporte de los activos y se incorpora un impuesto para los jubilados.