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El presidente Tabaré Vázquez designará en los próximos días a un nuevo director de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente con un “perfil administrativo”, aunque todavía se mantiene su nombre en reserva, buscando reorganizar la actuación del gobierno en esta área, en la que ha sufrido renuncias y críticas, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
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El nuevo director, propuesto por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), que funciona en la órbita de Presidencia, será la tercera persona que ocupe este cargo desde 2015, cuando fue designada la historiadora Isabel Wschebor. La especialista universitaria en archivos presentó renuncia a comienzos del año siguiente por diferencias metodológicas con el Grupo de Trabajo colocado, por un decreto de Vázquez, por encima de la Secretaría pero conformado por un grupo honorario y heterogéneo de personalidades al que se le adjudicó la tarea de dirigir la política de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de memoria.
Luego de un período acéfalo fue seleccionado para reemplazar a Wschebor al frente de la Secretaría el abogado Fernando Gómez Pereyra. Pero este magíster en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de México y docente de Universidad de la República dejó el cargo después de siete meses de gestión sin que se diera una explicación pública.
Por ley.
En noviembre del año pasado también renunció al Grupo de Trabajo la representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Emilia Carlevaro, por diferencias internas en la organización.
En una carta a la que accedió Búsqueda, Carlevaro expresó algunas de sus opiniones sobre el funcionamiento del Grupo de Trabajo y propuso que se vote una ley para dar mayor estabilidad a la misión: “Las tareas incluidas en el decreto (que creó el Grupo) son de largo aliento. Creo que para desarrollarse necesitan de una institucionalidad seria, eficiente, sana, que requiere tiempo más allá de un período de gobierno. El GTVJ puede ser su estructura fundante. Esto lo digo no para dilatar el trabajo en el tiempo. Todo lo contrario, sé que los tiempos urgen y que hay que trabajar mucho y sin pausa. Lo digo para tomar las providencias del caso. Creo que el GTVJ debería tener una ley constituyente”.
En otra misiva, dirigida al presidente Vázquez, Carlevaro hizo un balance positivo del trabajo del grupo que pudo establecer “un buen clima de respeto y cooperación con diferentes instituciones públicas” (Poder Judicial, ministerios, intendencias, Universidad) y de la sociedad civil.
Por su parte, el coordinador del Grupo de Trabajo, Felipe Michelini, dijo a Búsqueda que “la institucionalidad creada por medio del Decreto 131 de 2015 que dispuso el funcionamiento del Grupo de Trabajo tiene algunas limitaciones porque si bien el Poder Ejecutivo siempre ha respondido a los pedidos, en la práctica no se tiene la agilidad de cualquier unidad ejecutora”.
Michelini, que se desempeña desde el año pasado como coordinador en reemplazo de la diputada Macarena Gelman, absorbida por su actividad parlamentaria, defendió la actuación del Grupo de Trabajo y dijo que “no es justo comparar dos años y un mes de actuación y pedirle resultados excepcionales de esclarecimiento sin analizar el marco de las complejidades del Uruguay, donde aún subsiste una cultura de impunidad”.
Para Michelini, “el Grupo de Trabajo es una herramienta válida para luchar contra la cultura de impunidad pero no la única”.
Cambio de estrategia.
Durante entrevistas en Montevideo Portal y TNU Noticias, el ex coordinador del Grupo de Investigadores en Antropología Forense (GIAF) José López Mazz criticó la actuación del gobierno y dijo que después de tres años de abandonar el cargo se sentía con libertad de expresar sus opiniones ante la falta de transparencia. López opina que se produjo un cambio de estrategia que paralizó la búsqueda de los detenidos desaparecidos y lamentó el “oscurantismo” en torno al tema.
Durante el 35º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, el presidente Vázquez defendió la política oficial respecto al juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar y dijo que el gobierno y la sociedad trabajan para “derrocar cualquier foco de impunidad”.
“Se abandonó una estrategia que durante años habíamos consolidado”, señaló López el miércoles 7 a Televisión Nacional.
Las críticas llegaron también desde la organización Familiares, que tiene un representante en el Grupo de Trabajo, y del Observatorio Luz Ibarburu.
Raúl Olivera, director del Observatorio, dijo el 13 de mayo pasado en La Diaria: “Se han creado algunos instrumentos, como el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la unidad especial del Ministerio del Interior, la Secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz, un montón de organismos que para nosotros son inoperantes, no han sido eficaces. Si no, no se explica por qué se avanza tan poco”.
El abogado Pablo Chargonia escribió esta semana en un tuit que la respuesta a un pedido de información al gobierno sobre el cumplimiento del fallo de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman es “insuficiente e impresentable”.
Acerca de las excavaciones, Olivera había afirmado que “hay cierto marco de silencio, no hay una democratización de la información de qué pasa con eso. Hay dos expedientes en los que están radicadas búsquedas de restos en unidades militares; uno es La Montañesa, una causa que tiene siete u ocho años, y el Batallón 13, creemos que vinculado al caso Gelman. Después, no conocemos otros casos”.
El coordinador del Grupo de Trabajo dijo a Búsqueda que La Montañesa (Grupo de Artillería Defensa Antiaérea, cerca de Pando) es en la actualidad el único sitio de excavaciones donde está trabajando el GIAF bajo la coordinación de la antropóloga forense Alicia Lusiardo.
Las excavaciones en Gruta de Lourdes (donde estaba el batallón 13 y también funciona el Servicio de Material y Armamento) fueron interrumpidas por orden del juez Pedro Salazar y hasta ahora su sustituta, Marcela Vargas, que tomó el juzgado hace cuatro meses, aún no adoptó resolución pero ya tiene en su poder los informes técnicos luego que se encontrara una munición viva.
Fuentes judiciales indicaron a Búsqueda que finalizaron los trabajos para asegurar que la actividad de los técnicos no pusiera en riesgo su vida.
También cambió la forma de relacionamiento con los historiadores y arqueólogos a los que se contrató de forma directa y no a través de la Universidad de la República como hasta ahora.
El Grupo de Trabajo avanzó también en la digitalización y estudio de archivos, en aportes a la memoria histórica y reparación.
Michelini dijo a Búsqueda que los contratos son ahora hasta el final del período de gobierno. Ignacio Errandonea, nuevo representante de Familiares, dijo que los técnicos sobre el terreno, asesorados por el Equipo Argentino de Arqueología Forense (EAAF), están en condiciones de operar en dos o tres sitios a la vez pero que para eso se necesita información de calidad y decisión judicial.
