Cuando la institucionalidad importa

Pero más allá de estos episodios, al menos a mí, como ciudadano, las formas me importan, porque me importa la institucionalidad. Y es importante porque son las reglas con las que nos conducimos, y tienen que ser predecibles y no es bueno que el político de turno (con más o menos respaldo) quiera cambiarlas.

Empecemos por el primero. Le vamos a dar US$ 2 millones (más o menos) a un grupo muy reducido de colonos para experimentar con producción lechera intensiva en un campo que es inundable en una tercera parte. No me resulta una inversión justificable, sobre todo porque con ese dinero se podría hacer mucho más por asentar más familias en el campo (si ese fuera el fin).

La defensa de una compra inconveniente es tanto más ridícula cuanto más se fantasea con las posibilidades productivas y se le quiere vender a la sociedad uruguaya las maravillas que saldrán de esa pésima inversión, sobre todo cuando existen otras inversiones más urgentes para la sociedad uruguaya en su conjunto.

Pero más preocupante todavía es la decisión totalmente arbitraria del MGAP de intervenir en el mercado de haciendas como lo hace. Es grave por la forma y por el mensaje.

Empecemos por la forma. El señor ministro nos dice que, en atención a los problemas identificados, entiende que cuando una empresa le solicite a su cartera la autorización para habilitar la exportación de ganado para faena directa, los que tienen que tomar la decisión serán el señor presidente de la República (Yamandú Orsi) y el señor ministro de Economía (Gabriel Oddone­). Me resulta muy raro imaginarme al señor presidente recibiendo en su despacho, entre tantos asuntos de Estado como debe tener, el pedido de tener que autorizar a la empresa X a exportar N animales para faena directa.

Si el señor ministro de Ganadería lo dice en sentido figurado, es una cosa; pero si esa termina siendo la realidad, tenemos un problema. El ministro es el fusible político y el hombre de referencia del presidente para resolver los asuntos de su cartera (y no al revés).

En cuanto al ministro de Economía, felizmente dejó en claro que la decisión es inconveniente e inoportuna, y por fuera del ámbito de las competencias directas del MGAP. De nuevo, las formas y la institucionalidad importan.

Vayamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué el ministro de Ganadería se mete a arbitrar en un mercado? Su explicación del porqué interviene es muy floja en lo argumental. A todos nos preocupa que los uruguayos tengan una fuente de trabajo digno y, de ser posible, estable en el tiempo y seguro. Pero terciar a favor de un eslabón en desmedro de otros no es muy sabio, al menos sin una adecuada fundamentación para explicarle a la sociedad por qué se tiene que intervenir.

Y si se quiere poner a regular, en Uruguay tiene una enorme lista de mercados que pueden mejorarse en su funcionamiento y las autoridades nacionales miran olímpicamente para el costado.

La pregunta sobre este episodio puntual es: ¿quién asesoró al ministro en este tema?, ¿qué opinión técnica tienen los otros organismos aparte del MGAP sobre el tema, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes (Inac)? Y más importante aún: la opinión del ministro, de hacer primar los derechos laborales de los trabajadores de la industria sobre el resto, ¿es de su cuño o es una política de Estado que cuenta con el aval del señor presidente y del señor ministro de Economía?

Pongamos por caso que mañana fracasa la cosecha de trigo, ¿el ministro nos dirá que se interrumpe la exportación de trigo porque hay que defender a los trabajadores de la industria molinera y del sector de los panificados?

El respeto a la institucionalidad es un aspecto central de la convivencia democrática. Intervenir en los mercados sin ninguna razón de peso crea más dudas que certezas, y esas cosas se pagan.

Venimos de la mayor crisis de confianza que afectó a los fondos ganaderos. ¿Dónde está la autocrítica al funcionamiento de la trazabilidad individual del ganado de Uruguay que era supuestamente inexpugnable­? ¿Las autoridades no tienen nada que decir?

Humildemente, en un Uruguay que tiene tantos flancos abiertos y temas que mejorar, no tiene sentido afectar el funcionamiento de los mercados sin razones sólidas y fundadas. Y mucho menos destratar a las instituciones y sus códigos.

* El autor es doctor en Gestión Agro Industrial, docente de la Universidad de Montevideo, asesor en comercialización de granos y coberturas de precios.