Toda apertura democrática implica un cierto destape. Toda dictadura significa un cierto oscurantismo, para el arte, para la ciencia y para las costumbres. Y, cuando se resquebraja, por sus grietas germina, brota y crece un nuevo ecosistema social.
Así, en el primer período de gobierno democrático posdictadura, emergió como una planta nueva llena de frescura el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), con una estructura de figura pública “no estatal”, una plataforma de participación público-privada que era un componente más de ese Uruguay que tras años oscuros soñaba con libertad y desarrollo.
No pude evitar esa sensación de inquietud durante la presentación de los resultados de la evaluación externa realizada al INIA el 29 de abril (ver páginas 4 y 5). La repetición de un eslogan un tanto coloquial, “Si el INIA no existiera habría que inventarlo”, inevitablemente me ha dado la sensación de que su propia existencia podría estar en tela de juicio.
En este mismo suplemento escribía Rafael Normey, director del INIA, y señalaba que el instituto está en una situación de letargo, que funciona por inercia, tanto por el sector político, que le viene recortando el presupuesto desde 2012, como por el sector productivo, que se ha mantenido distante del instituto. Llama la atención cómo el Estado ha usado al INIA como una herramienta de ahorro de recursos, incumpliendo la ley, sin acompañar los recursos que los productores han aportado.
Esa tendencia de deterioro tuvo un hito en 2020, cuando la Ley de Presupuesto 2020-2024 incluyó un cambio en la financiación del INIA, pasando de un aporte del Ejecutivo “como al menos el equivalente” al producido por el Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios) a uno “como máximo”. Es decir, el Estado se autoasignó la posibilidad de dejar de aportar y se puso un techo en sus obligaciones.
El contexto hacía comprensible esta decisión: la pandemia arreciaba, la incertidumbre era máxima. ¿Cuánta sería la caída de los ingresos del fisco? ¿Cuánto gasto demandaría la lucha contra el virus? En ese contexto, una medida claramente inconveniente a largo plazo podía entenderse como desesperada para hacer frente al corto plazo.
Entonces, como en una película de suspenso, en este mes de mayo el INIA se juega buena parte de su destino en el Presupuesto que debatirá el Parlamento. ¿Revertirá la decisión que tomó hace cinco años en pleno auge del Covid-19? ¿O aprovechará el statu quo generado para mantener un ahorro que desde 2012 viene ejerciendo?
De acuerdo con las cifras presentadas en esa actividad por el director Alejandro Henry, desde 2012 los productores han puesto en el INIA más de US$ 300 millones, mientras el Estado, lejos de la paridad que proponía la ley original, no ha llegado a US$ 190 millones. Con el caso extremo de 2024, cuando el Estado no puso un solo peso.
¿Podrá esa lógica regresar al criterio original, que el Estado apueste parejo a la innovación y el desarrollo? Tal vez pueda hacerlo con ciertas condiciones, reclamando ciertos cambios.
Por ejemplo: productores han reportado que durante al menos los primeros 15 años del INIA estaban constituidos los grupos de trabajo de cada área, una vez al año cada investigador jefe del área presentaba su propuesta de investigación y el grupo de productores la analizaba y hacía contrapropuestas. Tenían un grupo de extensionistas especializados en esa tarea, además del Consejo Asesor Regional (CAR), que siempre opinó.
Así surgieron las líneas hoy emblemáticas, como la investigación en la cría vacuna, cruzamientos en arroz, tecnología para semilleros y cultivos de secano en lomadas del este… Sobran los ejemplos.
A partir de allí, según el testimonio de este productor, los investigadores no han estado tan sintonizados con las necesidades de los productores. Entiende como una pérdida que los equipos de investigadores nuevos no tengan en su bagaje haber participado de esa etapa tan “nutritiva para la investigación”.
Es claro que hay cambios que deberán evaluarse, pero eso no debería desvalorizar los logros del instituto desde su creación ni las enormes posibilidades que abre para Uruguay de aquí en adelante.
El perfil del nuevo director, Gerardo Marchesini *, es de un técnico con capacidad de captar fondos externos, algo que, junto con las regalías por los derechos de propiedad que genera, puede dar oxígeno a las finanzas del instituto. Es un perfil sintonizado con el del nuevo presidente, que ha sido un constructor de puentes desde hace muchos años.
El sostén de su presupuesto puede abrir un período de crecimiento en los ingresos derivados de regalías, fruto de las innovaciones que plasma y de los acuerdos a los que puede llegar.
En un momento clave, con el INIA analizando un plan estratégico a cinco años, está a la espera de decisiones presupuestales clave que o bien vuelven al espíritu de los legisladores de 1989 o bien aprovecha el cambio circunstancial provocado por la pandemia para hacer permanente lo que se suponía un recorte transitorio.
Es evidente para quien está cerca del sector el alto destaque que Uruguay tiene en su producción arrocera o forrajera, que no se puede comprender sin el papel central que el INIA ha tenido en estos desarrollos. También es evidente que para que Uruguay resuelva problemas sanitarios graves hay que dejar madurar investigaciones en curso, por mencionar a dos de decenas de ejemplos posibles. Todo eso se juega en el próximo Presupuesto.
Más allá de eso, el INIA enfrenta un segundo desafío: la idea del gobierno de desarrollar un nuevo ecosistema de ciencia y tecnología, compartible en teoría, puede significar en la práctica debilitar al INIA, diluirlo con la emergencia de otros institutos, incluso nuevos, que lleven a que el proceso de desinterés del Estado por el INIA continúe en esa latencia que algunos ven en el presente.
La evaluación externa —que es tal para evitar autocomplacencias—, liderada por el español José María Gil, encontró que “el análisis de costo-beneficio muestra que la tasa interna de retorno modificada (TIRM) de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del INIA varía entre el 18% y el 25% anual, dependiendo de los modelos aplicados”. Esto confirma que el financiamiento en investigación agropecuaria es altamente rentable y contribuye a la competitividad del sector agropecuario.
El trabajo concluye que la inversión en I+D+i fue altamente rentable. Para sostener y expandir su impacto, se recomienda fortalecer su proyección científica y su articulación con políticas públicas.
Algo que se vincula con su segundo reto: ¿cuál va a ser el lugar del INIA en el ecosistema de ciencia y tecnología que se está diseñando? ¿Será uno de mayor potencia y sinergia? Preguntas fundamentales que tendrán sus respuestas en breve.
* Fe de errata
En Agro de Búsqueda N° 49, página 16 (columna de opinión de Eduardo Blasina), donde se hacía referencia al nuevo director de INIA, por error de edición se mencionó a Miguel Sierra (presidente), en vez de a Gerardo Marchesini, quien ocupa ese cargo. A los involucrados, las disculpas del caso.
