Ley de campo natural: no todo lo que brilla es oro

El campo natural ocupa aproximadamente un 55% de la superficie del territorio nacional, es claro que en los últimos 30 años ha disminuido el área, pasando parte a forestación y parte a rotaciones agrícola-ganaderas, básicamente.

Por otra parte, al analizar la definición de campo natural que expresa el proyecto de ley se observa que es bastante abierta y poco específica. Esto desencadena que será un funcionario de turno quien dirima qué es un campo natural y qué no. Esto es bastante peligroso, porque puede llevar a discrecionalidad del Estado­, con todos los riesgos que esto conlleva.

A su vez, el proyecto de ley prioriza la acción de la misma sobre la producción familiar. Si nos basamos en la definición de productor familiar que utiliza el Estado, vemos que es bastante cuestionable, y que ya ha generado inconvenientes e injusticias a la hora de generar políticas activas para esta categoría de productores.

Se le encomienda al Estado, mediante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Ambiente (MA) una cantidad importante de cometidos, incluyendo la creación de un Observatorio de Campo Natural. Por un lado, en esta materia ya existe la Mesa­ de Ganadería sobre Campo Natural (MGCN), que cumple muchas de las funciones delegadas a los ministerios. Por lo tanto, estaríamos ante una duplicación innecesaria y costosa. La MGCN ha funcionado muy bien hasta el presente, y esta ley la estaría relegando.

Otra observación tiene que ver con la clasificación propuesta en tres categorías de campo natural: protectores, productores y generales, en función de la prioridad de conservación. En esta parte se vuelve a caer en el riesgo de la arbitrariedad del funcionario de turno. No queda definido cuáles son los criterios para determinar si un área se encuentra dentro de determinada categoría. Los funcionarios encargados de esta categorización pueden cometer errores, que conducirán a injusticias.

La creación del Fondo del pastizal es otro punto débil. Uruguay es un país con déficit fiscal alto y estructural, con necesidades urgentes en la población, por lo que parece inadecuado destinar recursos para el cumplimiento de esta ley. Especialmente, destinar fondos a los productores que conserven el campo­ natural es una visión europea de conservación. No es la fórmula correcta de lograr una conservación sustentable. Finalmente, es un mecanismo que tiende a mantener producciones de baja rentabilidad y termina favoreciendo la concentración de la tierra.

Para terminar, agrego que es muy importante promover y fortalecer la producción a campo natural. Es un recurso que nos distingue en el mundo y ofrece servicios ecosistémicos muy importantes, como el control de la erosión, el mantenimiento de biodiversidad, la captura y reserva de carbono, la calidad del agua, la preservación de ecosistemas que se integran en estos paisajes, entre otros.

Pero para lograr estos cometidos el manejo debe cumplir con ciertas reglas para evitar la degradación del recurso. El mero hecho de tener un campo natural no significa que entregue beneficios al ambiente. Los campos naturales mal manejados son muy perjudiciales para el ambiente.

Los caminos a recorrer para lograr una conservación y potenciación del campo natural son muy variados, pero pasan por la valorización de las cadenas de producción que implican su uso.

Las certificaciones tienen un rol fundamental en este sentido, junto con la estrategia comercial que debe tener el país de forma proactiva y agresiva para lograr diferenciales en los mercados más exigentes. Se debe potenciar la investigación y extensión para lograr paquetes tecnológicos competitivos en el campo natural.

Otro camino a seguir pasa por lo impositivo, la carga de impuestos sobre la tierra es relativamente más pesada sobre los sistemas de producción más extensivos.

Está claro que para llevar adelante estas acciones no es necesario una ley, que implica regulaciones, burocracia y arbitrariedades.

* El autor es productor agropecuario y asesor, ingeniero agrónomo (MAA), director de INIA y vicepresidente de la Federación Rural.