Son reservas de biodiversidad y potencialmente de captura de carbono. Tienen una importancia adicional y creciente como fuente de valorización de la carne y la lana que se produce en esos pastizales. Es un activo que cabe esperar generará un valor mayor a largo plazo, claramente unido a la identidad de Uruguay y el resto de las regiones que conforman el Bioma Pampa.
Uruguay tiene entre 50% y 60% de su superficie cubierta por pastizales nativos. La propia discrepancia respecto a distintas fuentes sobre el área de campo natural muestra que falta por conocer, al tiempo que su área todavía grande va en retroceso.
El país ha sido pionero en legislación para proteger recursos o promover actividades: la ley de protección del monte nativo, la de uso y manejo de suelos y la ley de forestación han servido, ya sea para proteger o para promover sistemas de producción.
Cómo proteger las áreas que quedan con campo natural es objeto de un debate con un ingrediente nuevo. Un proyecto de ley para promover su preservación ha ingresado a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, generando expectativas en algunos y alarma en otros.
Esa dicotomía entre expectativa y alarma arranca de entrada con la declaración de interés general, a lo que se oponen frontalmente las dos mayores gremiales vinculadas a la ganadería: la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural. Esa declaración de interés es vista por algunos como una señal al mundo, que posiciona al país, pero otros la perciben como una amenaza a la propiedad privada.
En efecto, la declaración de interés general puede llevar a que la propiedad quede limitada en aras de un interés superior.
El proyecto tiene otro aspecto central en su artículo 7, que propone una clasificación en tres tipos: Protectores, sectores de alto valor de conservación, que habilitará las mayores áreas de restricción de uso y transformación; Productores, que son de mediano valor de conservación, que ameritarán diversos usos productivos; y Generales, sectores de menor prioridad de conservación, ya sea porque sus características edáficas y topográficas los hacen menos sustituibles a la transformación.
Este es un aspecto de alta sensibilidad para muchos productores que ven altamente inconveniente la restricción que les tocaría en sus campos en caso de que sus pastizales sean considerados Protectores.
Perciben que esto desvalorizará a los campos al limitar su uso, algo que suele adjudicarse a la categorización de un campo como área protegida. Restringir la posibilidad de hacer cultivos o praderas es visto como una intromisión difícil de aceptar o directamente inaceptable. Algunos productores consideran que los campos con mejores tapices perderían valor, y que paradojalmente el valor del campo se preservaría si se sustituyera ese tapiz antes de que la ley entrar en vigencia.
Por otra parte, la preservación de algunas áreas especialmente valiosas por la genética de alto interés es un objetivo loable, pero la mera discusión de la ley podría generar el efecto contrario.
Lo tajante de la oposición manifestada, tanto por la ARU como por la Federación Rural, hacen muy difícil que el proyecto avance en esta legislatura, cuando las elecciones están cerca. Más allá de que la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (Augap) ha manifestado su interés en que un proyecto de ley se centre en incentivos voluntarios, las limitaciones percibidas o reales al derechos de propiedad son para estas gremiales históricas una línea roja.
El diputado Ubaldo Aita (representante de Canelones por el Frente Amplio), que propone la ley, opinó en radio Rural que, como puede verse en determinadas propiedades urbanas, la propiedad no es un derecho absoluto y que la Constitución establece que tiene un valor social.
El legislador entiende que la declaratoria de interés apunta a que la ley sea parte de una política de Estado y que sería recibida como una “excelente noticia” para el posicionamiento de la carne uruguaya en el mundo.
Otro aspecto que genera rispidez es el de la “participación social” que aparece en el artículo 5. “Se promoverá la participación social en el diseño de las políticas públicas de conservación y preservación del campo natural, y en el establecimiento de los criterios para la definición de prioridades para la conservación y preservación del campo natural”, dice el proyecto.
Este aspecto también aparece en el artículo 14, que establece un Fondo de los Pastizales, que sería administrado por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de los Pastizales, que dependerá del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pero cuya integración deja en minoría al Poder Ejecutivo.
La comisión tendrá siete miembros, tres del Poder Ejecutivo y “cuatro delegados de organizaciones no gubernamentales con actividad vinculada a los objetivos de la presente Ley”.
El diputado Rafael Menéndez (representante de Tacuarembó por Cabildo Abierto), integrante de la Comisión de Ganadería, que ya ha presentado proyectos que pueden considerarse de defensa del campo natural, entiende los fundamentos de la ley, pero tiene reparos.
“Es como firmar un cheque en blanco. Se crea una comisión de campo natural que puede determinar una autoridad nueva, que categorice un campo y genere un efecto contrario al que se pretende; puede incidir en el precio del campo. Si es protector, el cambio es perjudicial para el propietario”, afirmó.
El representante coincidió sobre los riesgos de la declaración de interés nacional, y opinó que en contrapartida, sin esta declaratoria, el proyecto “no tiene peso alguno”. Señaló que “el interés general, un interés superior, que excede a la propiedad privada, significa que sos dueño de algo en tanto no haya un interés superior, que es ese interés general”
En esa dicotomía, el legislador entiende que “entre el campo natural y la libertad, me quedo con la libertad”. Además, ve otro problema en los tiempos políticos y la cercanía de las elecciones. “Es muy apurado para definir el destino de 10 millones de hectáreas”, consideró.
Desde las gremiales tradicionales la oposición no tiene matices. El primer vicepresidente de la Federación Rural, Emilio Mangarelli, opinó que el proyecto “tiene un tinte político, sin ningún lugar a dudas”. “La verdad que de este proyecto de ley yo no rescato nada”, dijo. Y fue especialmente crítico con el artículo 20, que prevé sanciones para “los propietarios o tenedores a cualquier título que no cumplieran con las disposiciones establecidas por la presente ley”.
Cómo defender el campo natural. La técnica especialista en campo natural y productora integrante de Augap, Daniela Schossler, ve la necesidad de un marco legal que signifique un respaldo para conseguir cooperaciones internacionales, algo que se podría articular con los bonos indexados por indicadores climáticos. Eso ayudaría a tener herramientas científicas para implementar una valorización de los servicios ecosistémicos del campo natural, como el índice de conservación de pastizal.
El presidente del Instituto Plan Agropecuario y especialista en sistemas de pastoreo rotativo, Esteban Carriquiry, explicó que ha escuchado tres tipos de oposiciones a la ley: la liberal, que entiende que la ley es regulatoria del derecho de propiedad; la desarrollista, que sostiene que la ley va en contra del desarrollo de actividades que aumentan la productividad y el ingreso, y por asociación sostienen que esto disminuirá el valor de algunos campos; y el argumento antiburocrático, que podría resumirse en que no es necesaria la ley, que solo generará mayor burocracia, y que al campo natural lo defienden los productores.
Carriquiry entiende que hay que buscar otras formas de defender al campo natural. Analizó que el ahorro que genera Uruguay por menor pago de intereses a través de los bonos, cuya tasa se asocia al desempeño del país en términos de balance de gases de efecto invernadero, puede canalizarse a través de estímulos al campo natural.
Esos dineros que inicialmente se pensó en utilizar para financiar extensión podrían, a juicio del presidente de Plan Agropecuario, ir directamente a pagar servicios ecosistémicos sin pasar por el paso intermedio de la asistencia técnica.
Investigación y extensión. El presidente de la Mesa de Ganadería Sobre Campo Natural, el especialista Marcelo Pereira, destacó la importancia del sistema de investigación y extensión para mejorar el resultado económico de las empresas que trabajan con campo natural, y entiende que se ha generado muchísima información que no siempre ha tenido difusión.
Pereira, quien además se desempeña como técnico del Plan Agropecuario, considera imprescindible continuar en esa línea y aumentar los presupuestos que hay en extensión para que esa información llegue a los productores.
Opinó que “hay un gran desbalance”, y que se debe “seguir investigando y reforzar el sistema nacional de extensión”, que “es lo que está faltando”.
Enumeró iniciativas que ya han generado información: Ganadería y Clima, Euroclima y los proyectos de gestión del pasto del Plan Agropecuario, a los que considera “muy exitosos”, pero que todavía no llegan a la mayoría de los productores. “Es poca gente a la que se está llegando, y hay que llegar durante varios años porque son procesos de respuesta lenta”, explicó.
Indicó que en campo natural, más que a la adopción, hay que apostar al aprendizaje. Todo lo que refuerce el proceso de extensión, pensando en que el Plan Agropecuario tiene un conjunto de información acumulada, al igual que otras instituciones, sobre la intensificación sostenible de la producción sobre campo natural.
Si el sistema político quiere ayudar, entiende Pereira que tiene que reforzar la extensión, porque los sistemas de extensión “casi han desaparecido y en el mundo son cada vez más importantes”. Y además seguir generando proyectos, que tienen que incidir directamente en los usuarios.
Planteó que “hay que aprovechar” que hay preocupaciones ambientales de los usuarios para que las propuestas de extensión involucren procesos de intensificación, para que las familias puedan seguir viviendo en el campo.
En síntesis, consideró que “parece muy poco probable” que en esta legislatura el proyecto avance, pero valoró que “ha logrado el objetivo de poner el tema sobre la mesa, generar debate”, aunque en términos parlamentarios puede quedar para la próxima legislatura y sus correlaciones de fuerzas políticas.
Sustituciones del campo natural. Otrora considerado un símbolo de atraso o desidia de los productores. Durante muchos años, en la segunda mitad del siglo XX, el debate en torno a la ganadería se situaba en las razones por las que los productores no sustituían el tapiz natural por los llamados “mejoramientos forrajeros”, ya fueran anuales (verdeos) o plurianuales (praderas).
Las mejores condiciones del negocio ganadero, la expansión agrícola y el crecimiento de la forestación han llevado a una reducción del área con pastizales nativos, pero todavía Uruguay mantiene una proporción de superficie con estos ecosistemas, mucho mayor a la de cualquier país exportador.
En los últimos 40 años se han sustituido unos 2,8 millones de hectáreas de campo natural, de 14,2 millones de hectáreas en 1985 a 11,4 millones en el presente. Salto, Tacuarembó, Artigas, Cerro Largo y Paysandú son en ese orden los departamentos con más área de campo natural y los que conservan más de 1 millón de hectáreas de tapiz.
Colonia, con un área importante de forestación y praderas sembradas, es el departamento en el que queda menos área de este tipo: 137 mil hectáreas.
