El gobierno también trabaja en una agenda con Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, Omán e India. “No podemos seguir mirando solo a Europa y al norte. En estos países la presencia oficial pesa muchísimo”, sostuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien adelantó que India —con 500 millones de consumidores de carne— será un destino prioritario en 2026.
En materia de competitividad, el foco de la presentación estuvo en infraestructura. Se conformó un grupo de trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para atender los caminos rurales, “un desastre mal atendido en todos los gobiernos”, según la definición del jerarca.
A su vez, se busca habilitar el uso de bitrenes en las rutas 8 y 9 para el transporte de granos, con lo que se lograría una reducción de costos logísticos de hasta 30%.
Créditos
El gobierno también presentó tres líneas de crédito nuevas. La primera es para retención de vientres preñados, con plazos de 24 meses y bonificación de un punto en la tasa, de forma de evitar que las presiones financieras lleven a enviar vacas en gestación a faena.
La segunda apunta a la compra de embriones, un instrumento que hasta ahora no tenía financiamiento. “Había crédito para toros, pero no para embriones, pese a su alto valor genético”, recordó el ministro.
La tercera línea financiará proyectos de silvopastoreo, con tres años de gracia y quince de pago, apostando a sistemas que integren forestación y ganadería. El objetivo es generar producción mixta y mitigar la despoblación rural asociada a los macizos forestales.
Beneficios fiscales
Además de la eliminación del impuesto del 1% municipal a la venta de semovientes, el MGAP presentó la devolución del IVA en servicios profesionales y consignaciones de ganado para productores que tributan por Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios), y créditos fiscales por inversiones estratégicas, de hasta 40% de la inversión y del impuesto generado.
“El proyecto de Ley de Presupuesto apunta a reducir los costos de servicios profesionales y de consignatarios de ganado”, enfatizó el ministro. Y aclaró que que quienes aportan por Imeba son los productor medianos o chicos, “porque cuando te pasás de determinado número de facturación, aportás por IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas)”, recordó.
Insistió en que “por Imeba aportan únicamente los medianos y pequeños productores”, y “todo el IVA se lo comen, no tienen descuento de ningún tipo”. Y destacó que en estos casos “van a poder descontar el IVA del profesional y el IVA del consignatario”, porque “los intermediarios cuando hacen el negocio cobran el 3% más IVA; ahora van a poder descontar las dos cosas”.
Fratti apuntó que quienes aportan por IRAE, los grandes productores, “desde tiempos inmemoriales pueden descontar hasta 40% de las inversiones que hacen”, pero no lo pueden hacer quienes tributan Imeba.
“Si comprás un tractor te lo comes entero, si te da resultado bien y si no tomate una pastilla.Con esto, en realidad, van a poder descontar. No es la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), pero es parecido al sistema de Comap, que está implementado, para descontar hasta un 40% de la inversión de los que aportan por Inmeba, cuando no se superen las 800 hectáreas” argumentó el titular del MGAP.
Procría
El capítulo final incluyó el lanzamiento de Procría, programa orientado a aumentar la cantidad de terneros por vaca. También un Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, el despacho digital de tropas —“tiqui, tiqui y marcha”, ironizó el ministro—, un portal único para el productor y la digitalización de procesos, como las guías de traslado.
Fratti se detuvo en la problemática de la garrapata. Señaló que “si no bajamos la cantidad de garrapata y seguimos flexibilizando y permitiendo que circule, va a pasar lo que ha sucedido hasta ahora: hemos sembrado la garrapata por todo el país”.
INIA: mayor aporte, pero no alcanza
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) llega a la discusión presupuestal con un reclamo histórico: que se cumpla la ley de su creación, que establecía un aporte del Estado igual al que proviene del aporte del sector privado a través de Imeba. Ese mecanismo, que en su diseño buscaba asegurar un financiamiento equilibrado y estable para la investigación, nunca se aplicó en la práctica.
Actualmente el Imeba genera alrededor de US$ 28 millones anuales para el instituto, cifra que podría escalar a US$ 29 millones en 2025, más de $ 1.200 millones. Pero por la vía de Rentas Generales INIA apenas recibe $ 600 millones anuales, monto que está congelado desde 2016.
El proyecto de Ley de Presupuesto plantea llevar ese aporte a $ 800 millones en 2026, y mantenerlo hasta el final del período. El presidente de INIA, Miguel Sierra, comentó a Agro de Búsqueda que se trata de “un alivio”, tras una década de estancamiento, pero al mismo tiempo subrayó que “está muy lejos de lo necesario”. Y agregó: “Igual vamos a dar pelea hasta el final, porque lo que buscamos es que se cumpla la ley original de INIA”.
La diferencia entre lo que se asigna y lo que marca la ley no es menor: con los $ 800 millones, el instituto apenas puede atender los gastos corrientes, como sueldos, mantenimiento de estaciones experimentales, reposición de equipamiento y continuidad de proyectos en marcha, pero no tiene margen para dar el salto que plantea su conducción.
Sierra explicó que si INIA recibiera $ 900 millones por parte del Estado, podría evitar reestructuraciones de fondo y ganar cierto aire; y para llevar adelante un proceso de transformación se necesitan al menos $ 1.200 millones de los fondos públicos.
“INIA debería pasar de instituto de investigación a instituto promotor de la innovación, cabeza de la bioeconomía. Hablamos de biotecnología, digitalización, bioinsumos, vacunas, control biológico. Con lo que hay, apenas mejoramos lo existente, no hay margen para transformaciones profundas”, sostuvo.
La brecha entre los $ 800 millones asignados y los $ 1.200 millones –equivalentes a lo que marca la ley– deja al instituto en un punto intermedio: con más recursos que en el pasado reciente, pero todavía con limitaciones, que comprometen su capacidad de modernización.
“La Federación Rural va a pedir el doble voto en INIA”, confirmó a Agro de Búsqueda el presidente de esa gremial, Rafael Normey. “Desde 2012 hasta ahora, y por lo que dice la ley de Presupuesto, por cinco años más, el Estado va a seguir poniendo menos plata que los productores. Por lo tanto, llegó la hora de que el doble voto sea para los productores”, argumentó el dirigente.
Normey agregó que en ese caso INIA “dejará de ser un instituto presidencialista y pasará a estar mucho más controlado por los productores”, que son quienes realizan el mayor aporte para la financiación del organismo.
Esta intención ya le fue comunicada al ministro Fratti, y a la bancada de diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP), que representa a la mayoría del oficialismo en el Parlamento, confirmó el presidente de la Federación Rural.
El dirigente aclaró que la intención no es que los productores ocupen la presidencia o vicepresidencia (a cargo del Poder Ejecutivo), sino que en caso de empate el doble voto –para el desempate–, que actualmente le corresponde al presidente, pase a los productores.
Plan Agropecuario
El Instituto Plan Agropecuario (IPA) también llega al debate presupuestal con un reclamo que lleva años. Su línea de base estaba fijada en $ 77 millones, pero sus necesidades reales rondan los $ 120 millones. Esa diferencia histórica de $ 40 millones se cubría con refuerzos presupuestales anuales, autorizados por el Poder Ejecutivo.
Durante el último quinquenio, esos refuerzos desaparecieron. El resultado fue un progresivo debilitamiento de la institución, que primero consumió sus reservas financieras, luego redujo actividades, limitó el gasto de sus técnicos y congeló todo lo posible. En 2025 los técnicos ya tenían topes de 2.000 kilómetros mensuales para recorrer el territorio.
El pedido del IPA era claro: ajustar la línea de base a 120 millones y establecer un mecanismo de indexación anual para que el presupuesto no pierda poder de compra con la inflación. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó la segunda parte y concedió solo la mitad de la primera: la base subirá a $ 98 millones en 2026.
El presidente del IPA, Santiago Scarlatto, comentó a Agro de Búsqueda que “en 2026 vamos a pasar de $ 78 millones a $ 98 millones de línea de base. Gracias por esos $ 20 millones adicionales, pero seguimos con un desfasaje de al menos $ 20 millones, que de alguna manera habrá que cubrir”.
El jerarca fue claro en cuanto a la fragilidad que implica esa situación: “Si no entran refuerzos, en febrero no tenemos plata para pagar sueldos. La mayor parte del presupuesto son salarios, no hay margen para recortar más. Ya llegamos a un mínimo de operativa”, advirtió.
Desde el MGAP confirmaron a Agro de Búsqueda que el MEF retomaría la lógica de los refuerzos presupuestales anuales, aunque esa solución no quedó plasmada en la ley. “Sería bueno que el Poder Ejecutivo aporte los fondos año a año, para que lleguemos a los $ 120 millones. Hoy lo seguro son solo los $ 98 millones, pero con eso no alcanza para mantener la estructura”, insistió Scarlatto.
Remarcó que “no hay garantías de que en los próximos ejercicios esos refuerzos aparezcan, lo que deja al instituto en una situación de incertidumbre permanente”. Señaló que en el quinquenio pasado “ya vimos lo que pasa cuando los refuerzos no llegan: el Plan Agropecuario se va desfinanciando, esa es la preocupación”.
Es poco probable que se revierta. La discusión parlamentaria será la última oportunidad de modificar estos montos, pero tanto en INIA como en el IPA se asume que es poco probable que se produzca un giro de fondo. El Poder Ejecutivo ya fijó un límite, y los institutos probablemente deberán adaptarse a ese escenario.
Alfredo Fratti
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Fratti asegura la eliminación del impuesto 1% municipal
La discusión por la derogación del impuesto del 1% municipal por la venta de semovientes volvió a instalarse en la agenda política. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, fue categórico al señalar que la decisión ya está tomada a nivel del gobierno, aunque falta el acuerdo final con los intendentes. “La voluntad era y es derogar el 1%, lo que falta es encontrar un acuerdo con los señores intendentes”, dijo el secretario de Estado, al presentar en Diputados sus prioridades para el presupuesto 2025-2029, apuntando que fue el propio Congreso de Intendentes el que pidió tiempo para revisar la propuesta.
“Las intendencias le pidieron al señor presidente del Congreso de Intendentes (Nicolás Olivera, de Paysandú) que querían estudiar el tema un poco más, porque hay que establecer en qué tiempo y cómo se va a distribuir. Así que la voluntad e intención del gobierno era y es derogar el 1%. Lo que falta es encontrar un acuerdo con los señores intendentes”, dijo Fratti.
El planteo oficial no supone retirar recursos a las intendencias, sino modificar el mecanismo de recaudación. “Cuando hay movimiento en los precios del ganado, la intendencia cobra por un ficto que está rezagado respecto al valor real. Por lo tanto, el beneficio que van a tener las intendencias es mayor”, explicó el titular del MGAP, subrayando que el único que pone recursos adicionales es el gobierno central.
El alivio para los productores será tangible. “Van a dejar este castigo de tener que ir a la ciudad por vender tres vacas y encontrarse con el choclo de que deben”, graficó Fratti. En su visión, la medida “nos hace ganar a todos”, sentenció.
