“Cuando logremos analizar la información resultante vamos a tener una idea más acabada sobre la cantidad de deudores”, respondió esta cartera de Estado, sin indicar una cantidad aproximada de productores con deudas en los diferentes fondos.
Velar y monitorear. El Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) fue creado por el artículo 207 de la ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, con destino a atender las pérdidas en las materias involucradas en la actividad productiva de los establecimientos afectados por emergencias agropecuarias, lo que podrá materializarse en apoyo financiero, infraestructuras productivas o insumos que contribuyan a recuperar las capacidades perdidas como resultado del evento ocurrido.
Esta norma legal define como emergencia agropecuaria: “la derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos, que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro”.
Al inicio del gobierno anterior, el 1º de marzo de 2020, integrado por la coalición multicolor, el FAE contaba con un monto disponible de casi $ 300 millones, distribuidos en $ 129,4 millones de la propia cuenta de este fondo y $ 164,8 millones correspondientes a la cuenta de recuperos, según los datos del MGAP.
En el primer mes de esa administración el Poder Ejecutivo enfrentó dos emergencias: la agropecuaria por la sequía que afectó al campo, y la sanitaria por la epidemia del Covid.
En ese contexto, el MGAP declaró la emergencia agropecuaria el 20 de marzo de 2020, especialmente para los rubros de la ganadería y la lechería. En ese momento el monto disponible del FAE era de $ 294,2 millones, y en ese año hubo ingresos por $ 48 millones, indican los datos de esa secretaría de Estado.
Muestran que al año siguiente este fondo recibió ingresos de $ 30 millones, y el monto ingresado aumentó en 2022 a $ 102 millones, a $ 103 millones en 2023 y a $ 148 millones en 2024; lo que significó que en ese período el monto ingresado total fue de $ 431 millones.
Cuando asumió la actual administración del Frente Amplio, el 1º de mayo de este año, el monto disponible en el FAE registró una reducción significativa, ya que solo contaba con $ 5,1 millones en la cuenta del fondo y $ 1 millón en recuperos, lo que representa un total de “$ 6,1 millones”, conforme con los datos proporcionados por el MGAP.
Señalan que los “saldos en garantía inmovilizados en República Microfinanzas SA (RMSA), a fines de mayo de 2025, eran de $ 58,4 millones”.
En respuesta a la consulta sobre la cantidad de dinero otorgado a los productores en el marco de la emergencia agropecuaria en los últimos años, el MGAP informó que “en 2023 RMSA otorgó 5.494 créditos, por un total de $1.346.278.133” para atender los problemas provocados por la situación climática adversa.
En cuanto a los egresos futuros de este fondo de emergencias, Ganadería señaló que pudo determinar el “monto de las obligaciones contraídas con RMSA por concepto de subsidio de tasa de interés”, que entre mayo de 2025 y noviembre de 2027 totalizan unos “$ 358,6 millones”.
Al responder a la consulta relativa al número de productores con deudas en el FAE, la Secretaría de Ganadería indicó que existen diversos mecanismos de apoyo que pueden generar “deuda” de productores frente al MGAP en ocasión de asistencias en el marco de las emergencias agropecuarias. Mediante la utilización de este fondo se asistieron con créditos a unos “5.500 productores” en los últimos años, indicó.
La actual administración de esa cartera de Estado aclaró que en el último período de gestión de gobierno “no se han generado apoyos con fondos retornables”.
Una de las principales diferencias en el criterio empleado en el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou para la asistencia a los productores rurales durante la emergencia agropecuaria, en comparación con las anteriores gestiones del Frente Amplio, fue la de otorgar créditos para que los propios beneficiarios decidan en qué utilizar el dinero. Mientras que en los gobiernos frenteamplistas se decidió hacer licitaciones para la compra de raciones y luego, en coordinación con las organizaciones de productores, distribuir estos productos para alimentar al ganado, entre otras medidas.
“La estructuración del apoyo a través de RMSA siguió la línea de financiar intereses de los préstamos que tomaban los productores para aquellos que eran sujeto de crédito de RMSA”, señaló.
Sobre estos, según la respuesta oficial, “el dinero aportado por el MGAP tenía dos funciones: formar un Fondo de Garantía para apalancar y garantizar el dinero prestado, y para pagar los intereses”. Asimismo, “sobre aquellos que no eran sujeto de crédito el MGAP asumía el riesgo de ese crédito prestando desde sus fondos”, sostuvo.
Y comentó que “al respecto conviene tener presente otros apoyos como entrega de raciones, y mecanismos de apoyo económico realizado a través de convenios con los gobiernos departamentales”.
“Sin perjuicio de lo anterior”, el MGAP advirtió que “es preciso dejar en claro que cuando se está hablando que el FAE tiene problemas de financiamiento a raíz de lo que fue comprometido en la administración anterior”, ello “obedece principalmente a los compromisos a futuro que el FAE tendrá que hacer frente a los pagos del subsidio de intereses que se irán devengando”.
“Otra cosa es el nivel de endeudamiento de los productores, que está en revisión, y también podría generar desbalances en el FAE para el caso que estos no cumplan con sus obligaciones”, señaló.
Según el MGAP, los préstamos a través de RMSA tenían como destino “atender los costos de producción” y las “necesidades de mantenimiento de capital de trabajo” de los productores, siendo las diversas unidades ejecutoras vinculadas, como la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de la Granja, las encargadas en “velar y monitorear por el uso eficiente de los recursos” entregados.
“Con el saldo vigente en las cuentas, más los fondos disponibles y las proyecciones de cobranza de créditos y desafectaciones del fondo de garantía, no es posible cubrir las obligaciones de 2025 con RMSA”, siendo “el déficit de $ 107 millones”, advirtió, a modo de conclusión.
En una recorrida para verificar los daños provocados por un temporal que a fines de abril afectó a varias zonas rurales de Canelones y otros puntos, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, declaró a periodistas que el FAE “no tiene un peso para este año y el que viene, porque ya se gastó”.
Esos comentarios aludieron al estado de situación financiera de los mecanismos que dispone el MGAP para hacer frente a este tipo de fenómenos climáticos extremos, y que al momento de asumir la actual administración era de $ 6 millones de disponibilidad en el caso del FAE, como lo indican los datos oficiales.
Granjero. El Fondo de Fomento de la Granja (FFG) fue creado por la ley Nº 17.503 de 30 de mayo de 2002, es un instrumento para la aplicación de políticas activas en el sector granjero, y está destinado a promover y apoyar el desarrollo sustentable del mismo.
Los recursos del fondo se destinan a “promover la integración de los productores granjeros a las cadenas, el desarrollo productivo del sector granjero, establecer un sistema de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, promover la inocuidad, sustentabilidad y calidad de producto”, entre otros, según el MGAP.
En respuesta a la consulta de Agro de Búsqueda sobre la evolución del monto disponible en los últimos años, esta Secretaría de Estado indicó que incluyendo 2025 el monto anual de la partida del Fondo de Fomento de la Granja asciende a $ 370 millones; en tanto que presupuestalmente el crédito habilitado por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) desde 2020 es de $335.491.625.
Los recursos de este fondo se emplean mediante subsidios con distintas herramientas para asistencia al sector de la granja.
Desde 2020 se otorgaron fondos para subsidios por planes de negocio: la industrialización de frutas y hortalizas, exportación, arranquío, manejo regional de plagas, proyectos de mujeres de la granja, modernización de la producción bajo protección y recomposición de cobertura de nylon, señaló el MGAP.
Indicó que además se destinaron recursos para la ampliación de espacios de las salas de extracción de miel, y se encuentran en gestión planes de incorporación de genética para la mejora productiva en colmenas de Uruguay.
También se canalizaron fondos para el cumplimiento de convenios con diferentes organismos públicos, como el Banco de Seguros del Estado, República Microfinanzas, el Banco República, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, entre otros.
