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    MGAP y MEF desconocían propuesta de nuevo impuesto a fitosanitarios incluida en el Presupuesto

    ARU cuestionó la redacción confusa y transmitió su preocupación a las autoridades durante la Rural del Prado

    Redactor Agro de Búsqueda

    El subsecretario del Ministerio de ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, dijo que “no conocía ese artículo”, en referencia al nuevo impuesto a productos fitosanitarios que se plantea en el proyecto de ley de Presupuesto. Luego de la reunión con la junta directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en la reciente exposición de la Rural del Prado “quedamos en estudiar el planteo que hace (el Ministerio de) Ambiente”. “Ni el ministro ni yo estábamos informados” al detalle sobre ese artículo, aseguró Carámbula en entrevista con el programa Punto de Equilibrio, de radio Carve.

    La Dirección de Servicios Agrícolas y Recurso Naturales “están trabajando estos temas y son quienes coordinan con Ambiente, en este caso concreto no sé si hubo avance y diálogo, o es parte de lo que tenemos que negociar y acordar”, comentó.

    El presidente de ARU, Rafael Ferber, dio a entender que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas tampoco conocían el artículo. Al Ministerio de Economía “lo pusimos al tanto”, dijo.

    Sin embargo, durante su concurrencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, declaró que “se viene trabajando con los ministerios de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Trabajo y Seguridad Social”.

    El artículo

    El proyecto de Ley de Presupuesto, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, establece en su artículo 468 la creación de un nuevo impuesto a “sustancias activas de alta peligrosidad” utilizadas en productos fitosanitarios.Allí se indica que el tributo se aplicará a las sustancias comprendidas en las categorías 1a y 1b de la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a otras que el Poder Ejecutivo determine tras una evaluación técnica.

    El proyecto de ley señala que eso se debe quedar incorporado al Artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado de 2023, que refiere a la creación del Impuesto Específico Interno (Imesi).

    A la vez, se indica que dicho impuesto “se fijará como un monto por litro o kilo de sustancia activa enajenada o contenida en un producto fitosanitario”. El valor máximo será de 25 unidades indexadas (UI) por litro o kilo, lo que equivale a unos US$ 4.

    Quedan exceptuadas del pago inicial las materias primas destinadas a la fabricación de productos en el país con fines de comercialización. En esos casos, el fabricante nacional abonará el tributo en la primera enajenación, salvo que la sustancia activa haya sido adquirida en plaza.

    El artículo faculta al Poder Ejecutivo a fijar montos diferenciales para las distintas sustancias activas, considerando criterios de peligrosidad para la salud y el ambiente, y a establecer diferencias, según se trate de producto final o de materia prima para formulación local.

    “Es un artículo delicado”, porque “si lo tengo que leer cinco veces para ver qué dice ya hay algo raro”, y por lo cual “hay que mejorar la redacción”, dijo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber.

    Informó que ese tema fue tratado en el marco de la exposición Rural del Prado entre la directiva de ARU y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, así como también con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de la República, Yamandú Orsi. La gremial sostuvo a las autoridades que está “terminantemente en contra” de esta propuesta “así como está redactada”.

    Ferber consideró que si un producto fitosanitario incluido en este proyecto es necesario para la actividad agropecuaria “prefiero tenerlo disponible caro (en el mercado), antes que no tenerlo”. Eso respondió ante la propuesta de algunos actores del sector que prefieren que se saque un producto del mercado antes que abrir la puerta a impuestos de estas características.

    El dirigente recalcó que es “un punto delicado” y “enormemente restrictivo”. Al Ministerio de Economía “lo pusimos al tanto”, y “como está redactado hay una posibilidad de que se encarezcan todos los productos fitosanitarios, no creemos que sea el espíritu, pero la posibilidad está”, dijo.

    Los activos

    Los ingredientes activos enmarcados dentro de este artículo son: Bromuro de metilo, que se utiliza como fumigante de suelos (control de nemátodos, hongos, insectos y malezas); fumigación de granos y embalajes en tratamientos cuarentenarios (QPS). Actualmente ya tiene un uso limitado a cuarentena/emergencia por restricciones ambientales.

    También está: Cloropicrina, un fumigante de suelos contra hongos, nemátodos y algunas malezas; casi siempre mezclado con bromuro de metilo o 1,3-D. En tanto, el Dicloruro de paraquat (Paraquat), es un herbicida de contacto no selectivo; control de malezas anuales en barbechos y praderas; desecante/defoliante previo a la cosecha (caña, cereales). Es un producto con muchas restricciones y está prohibido en varios países.

    Otro activo es el Etanodinitrilo (EDN), que se utiliza como fumigante alternativo al bromuro de metilo; usado en granos, suelos, embalajes y madera. También está la incluida la Fosfina (PH3), que se emplea como fumigante de granos almacenados, semillas, tabaco y alimentos; tratamiento de cuarentena en exportación.

    Además, se incluye al Fosfuro de aluminio, un generador de fosfina al contacto con humedad; fumigación de silos, barcazas, contenedores y granos. El Fosfuro de magnesio, igual que el fosfuro de aluminio (fumigante de granos y silos); deja menos residuos. Y por último está el Methiocarb (Methiocarb), un molusquicida (control de caracoles y babosas en hortalizas, viñedos, frutales); en el pasado insecticida/acaricida de semillas y ornamentales. A la vez, está registrado como repelente de pájaros.

    Los argumentos

    En la visita al Parlamento, a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, Alejandro Nario, Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente indicó que el Articulo 468 “se enmarca dentro de una política más general del Ministerio de Ambiente de promoción de la producción sostenible. No se trata de un impuesto, sino un instrumento económico ambiental para promover la transformación en el sector agropecuario. Lo que estamos solicitando es una herramienta ambiental de gestión. Los plaguicidas son sustancias peligrosas que deben estar fuertemente reguladas para disminuir el riesgo en la salud, en el ambiente derivado de su aplicación”, según surge de la versión taquigráfica de la comparecencia de las autoridades de dicho ministerio.

    El jerarca explicó que se trata de una política que se basa en tres ejes principales. Uno de ellos “consiste en disminuir el riesgo del uso de plaguicidas para la salud y el ambiente, en particular los más peligrosos, que son los que aborda este artículo”.

    También mencionó que se busca “mejorar el registro y los mecanismos de control, disminuir la deriva y prevenir la contaminación por su aplicación, y trabajar junto con el resto de los ministerios para abordar los temas de salud, tanto de los trabajadores como de la población en general para mejorar los niveles de seguridad”

    Nario agregó que “avanzar en una política fuerte de disminución del uso de plaguicidas más peligrosos permitirá estar a niveles equivalentes de los requisitos establecidos por los mercados más exigentes”.

    En el Imesi a los plaguicidas planteó “generar nuevos instrumentos para desestimular el uso de los principios activos de mayor toxicidad para la salud y el ambiente”. Y sostuvo que la inexistencia de desestímulo para los plaguicidas de mayor toxicidad “no permite acelerar la transición hacia sistemas de producción más sostenibles”.

    Postura de la oposición

    El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, cuestionó la injerencia del Ministerio de Ambiente “en un tema en el que no tiene nada que ver” y “lo preocupante que (el ministro de Ganadería, Alfredo) Fratti deje que (el Ministerio de) Ambiente se meta”. Afirmó que es un articulo “complicado” y que “deja abierta una puerta para que el Ministerio de Ambiente por sí y ante sí empiece a tirar Imesi a cualquier fitosanitario”. Pero consideró que es un tema que “creo que lo vamos a arreglar en el Parlamento”.

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