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En plena campaña electoral el gobernante de turno quiere, por sobre todas las cosas, que se note el esfuerzo que ha hecho en su período para que el elector lo tenga en cuenta. Se trata de mostrar que se avanzó y pedir nuevamente el voto como señal de confianza para cinco años más.
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Yo le pediría al lector que se acuerde de cuántas menciones encontró en la publicidad electoral al sector agropecuario, sea como logros o como propuestas para el futuro. La respuesta es que son muy pocas y las que hay son de un sentido muy general, sin ahondar mucho en el cómo, el cuándo y mucho menos en cuánto van a costar y qué beneficios nos reportarán.
Por supuesto que las elecciones nacionales no se definen por los votos del campo. Curiosamente, no hay propuestas disruptivas en ese sentido; los que propugnan el cambio no entienden pertinente cambios profundos a la matriz institucional que gobierna al sector, más allá de potenciar el Instituto Nacional de Colonización.
Todo el mundo habla de potenciar al sector agropecuario, incorporar más tecnología productiva y poner mucho énfasis en el cuidado ambiental y regulatorio. Muchas buenas intenciones, pero pocas precisiones sobre cómo hacer.
Más allá de los debates en el tema, es importante destacar que muchas de las joyas que tenemos en el Uruguay agropecuario no siempre fueron comprendidas, e implicaron cambios no siempre aceptados de forma sencilla por las cadenas agroindustriales.
Tomemos por ejemplo el caso de la trazabilidad del ganado, desde la identificación individual al sistema que tenemos hoy, que es ejemplo en el mundo. Es el producto de refinar un sistema desde hace casi 20 años, y que empezó luego de una de las mayores crisis que le tocó al Uruguay, que fue la fiebre aftosa. Eso siguió con otras innovaciones, como, por ejemplo, el índice Novillo Tipo, que permitió conocer más sobre el agregado de valor industrial, y termina con las cajas negras y el sistema de tipificación de reses. Hoy Uruguay es de los pocos países del mundo que tiene un sistema con tanto detalle, y ese es un logro enorme del país, que demuestra la madurez de los actores de la cadena cárnica en saber superar esos desafíos. En Uruguay no se mueve una cabeza de ganado sin papeles, y el Estado sabe en tiempo real dónde nació, dónde se crio o engordó y quién lo faenó.
El mundo se dio cuenta de que el cuidado del medio ambiente es cosa seria y vital para nuestra supervivencia como especie. Y el sector agropecuario es visto con cierta desconfianza como generador de problemas más que como una solución.
A la ganadería bovina le echaron la culpa de ser poco menos que el culpable del calentamiento global, por las emisiones de metano. La ciencia viene demostrando que las mediciones sobre las cuales se nos acusaba no son tales.
Por otro lado, el temor a que la producción sea a expensas de destruir ecosistemas se ha tornado una interesante barrera comercial; a menos que me demuestres que tus sistemas productivos no destruyen la naturaleza, no te dejo entrar a mi mercado. Eso es lo que se nos viene, responder por cómo producimos. Y para responder eso hay dos caminos: el de la certificación privada o la certificación pública. En eso somos diferentes. Uruguay es un país que logró, luego de años de una institucionalidad pública, poner en valor distintos sistemas de información con el aval del Estado, que se muestran útiles para responder a esas preguntas claves: ¿cómo se produce?, ¿quién lo hace? y ¿cómo?
Ya ni siquiera nos preguntamos los costos del sistema: no tenerlo es no acceder a mercados. Vaya si el pensamiento estratégico en ese sentido es relevante. Por dónde vendrán las demandas ambientales en los próximos años y cuáles serán las preferencias de los consumidores son aspectos centrales en las definiciones de cómo nos paramos como país de cara a esos desafíos.
Pero no todas las cadenas agroindustriales tienen el sistema de trazabilidad público que tiene la carne vacuna en Uruguay, o siquiera la calidad de la información necesaria para saber en detalle qué ocurre en el territorio.
En contraposición con lo que ocurre en la ganadería, la agricultura uruguaya está bastante lejos de tener esa calidad de información. Y no es porque la institucionalidad pública no haya avanzado. Tenemos planes de uso y manejo de suelos que, para bien o para mal, representan un primer paso de control ambiental sobre la producción, pero falta mucho de cara a las potenciales amenazas que representa.
Va a ser difícil explicarle a un visitante europeo que prontamente nos exigirá demostrar que nuestra ganadería que exporta a Europa es libre de deforestación, que tenemos un sistema único en el mundo para el ganado, pero para la agricultura es algo que está considerablemente más atrasado. Es difícil de entender por qué a un productor ganadero le exigimos cierto set de información (que nadie discute su utilidad como bien público), pero al mismo productor pedirle información sobre su agricultura es casi como violar un secreto.
El desarrollo armónico de la institucionalidad y las demandas de información, sobre todo en cuanto al desarrollo de los sistemas y formatos, es un activo estratégico a la luz de lo que vemos como tendencia global. En ese sentido, la marca Uruguay es un sello de garantía con nuestros interlocutores. Es el valor de lo público en su mejor expresión.
Sin embargo, al país le falta discusión sobre por qué en algunos sectores se pide cierta información y en otros no. Esta discusión es especialmente relevante cuando a partir de esa información pública se pueden diseñar o refinar herramientas de impacto directo en la producción, como los seguros agropecuarios, por ejemplo.
No es pedir por pedir, es pedir con un fin concreto, y que le devolverá al sector productos tangibles para mejorar su resiliencia de cara a la variabilidad climática, y como forma de proteger el capital que se invierte. Y hacerlo con la velocidad que requieren los sectores.
Este gobierno que termina puso en la agenda dos grandes problemas que afectan al sector: el combate a la bichera y el desarrollo de los seguros agropecuarios. En ambos se ha avanzado, aunque tal vez los resultados todavía demoren en llegar.
* El autor es doctor en Gestión Agro Industrial, docente de la Universidad de Montevideo, asesor en comercialización de granos y coberturas de precios.