El secretario de Presidencia indicó que el Ministerio de Ambiente integra esta comisión “para que esa planificación sea sustentable”. Uno de esos puntos es establecer cuál es el caudal ambiental que tiene que tener un cauce para planificar las reservas de agua, sin que se afecte ese caudal.
Además, informó que el Ministerio de Ambiente ya elaboró un plan de riego sustentable para que sea analizado en la nueva comisión. El jerarca sostuvo que “es importante la evidencia científica”, así como “distribuir riesgos complejos”, y para ello “hay que administrar a distintos actores”.
Reglas claras y conciencia
Sánchez señaló que “está claro que, con reglas de juego claras, y con una política sostenida en el tiempo, la sustentabilidad en el recurso agua está garantizada”.
El jerarca también sostuvo que es importante generar conciencia agropecuaria, para que la ciudadanía valore la importancia de esta actividad, para generarle un segundo piso a la producción, y así aumentar la productividad del país. En tal sentido, propuso generar “información de calidad” para que la ciudadanía “vea que estamos siendo sustentables con el ambiente, protegiendo el bien público que es el agua”.
Recordó que cuando se planteó la Ley de Riego (en 2017) “nos enfrentamos a una campaña muy fuerte de recolección de firmas para derogarla. “Se pensaba contradictorio la intensificación de la producción, y del uso del riego, con la sustentabilidad”, comentó.
“El riego es una de las prioridades” del actual gobierno, expresó Sánchez. Y agregó: “El presidente Orsi lo dijo en varias oportunidades en la campaña electoral; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, también lo ha planteado centralmente; y también el ministro de Ambiente (Edgardo Ortuño)”, destacó.
Y comentó que antes de emitir el decreto, el Poder Ejecutivo discutió sobre el diseño institucional, las competencias y cómo se trabajaría.
Primera reunión
El pasado jueves 18 se realizó la primera reunión del comité de gestión de la Comisión, en Torre Ejecutiva, y a continuación hubo una conferencia de prensa que encabezó Aguerre. El exministro de Ganadería recordó que el decreto fija seis meses para establecer las líneas que van a alimentar una estrategia nacional de desarrollo del riego, que se encargará de analizar, diseñar y ejecutar todos los instrumentos de política pública en articulación con el sector privado.
El elemento central de esta política apunta a generar una “potente inversión privada, mediante distintos estímulos”, señaló. Y agregó que “se busca que se mueva la aguja en términos de inversión, empleo, producción y adaptación a la vulnerabilidad climática”.
Puntualizó que ese ámbito de trabajo no se abocará solamente a construir las líneas estratégicas de un plan de trabajo, sino que allí se empezarán a tratar los “planteos, demandas, críticas, solicitudes y hasta aportes de quienes riegan, a los efectos de flexibilizar, agilizar y fomentar una política que estamos convencidos que está llamada a hacer estratégica en el desarrollo del país”.
Aguerre enfatizó que “el 70% de nuestras exportaciones provienen del sector agropecuario” y que “somos un país que tiene agua”. Propuso “dejar de pensar que el agua está en los ríos, los arroyos y las lagunas”, porque “en realidad, el agua está en las nubes, formando parte del ciclo hidrológico, cada tanto llueve, y la mayor parte de esa agua escurre y termina en el océano, sin que podamos aprovecharla”.
Represar 2% del agua que escurre
Aguerre graficó que, del agua que llueve en Uruguay (unos 1.500 milímetros al año, en promedio), el 35% escurre por las cañadas, ríos y arroyos, hasta el océano. De ese 35%, Uruguay solo intercepta en represas el 5%, incluyendo las que se destinan al riego, a la producción de energía eléctrica y al suministro de agua potable.
“Si interceptáramos apenas 2% más, podríamos generar agua para regar 300.000 hectáreas. Y 300.000 hectáreas de riego en Uruguay cambian, no solamente el número del empleo, del PBI (producto bruto interno), sino que tiene efectos apalancadores de otros procesos productivos. En la ganadería, en la agricultura, en el empleo, en la venta de energía eléctrica”, subrayó.
Describió que en Uruguay se riegan 180.000 hectáreas de arroz, 70.000 u 80.000 hectáreas de maíz y soja, 8.000 hectáreas de caña de azúcar y 14.000 o 15.000 hectáreas de horticultura. “Si quisiéramos regar 300.000 hectáreas más, y transformar buena parte de nuestro paisaje y de la competitividad de muchos de nuestros productores, porque seguramente no todos van a poder regar, lo que tendríamos que construir en embalses es el 2% de lo que escurre”, planteó.
Y recordó que Uruguay “ya lo hizo”. Señaló que, de las 180.000 hectáreas de arroz, 130.000 hectáreas se riegan con agua de represas artificiales que construyeron los empresarios del sector. “Esa agua, en cantidad, sería suficiente para regar 600.000 hectáreas de maíz”, señaló.
Comentó que “si pudiéramos trasladar el agua de la cuenca de la laguna Merín, o en los suelos arrozables de Tacuarembó y Rivera, a los suelos fértiles del litoral, con condiciones de drenaje que hacen apto el riego a otros cultivos, que no toleran el exceso de agua, podríamos regar 600.000 hectáreas”.
“No estamos inventando la rueda, hay antecedentes en Uruguay. El plan de desarrollo de la laguna Merín, del año 1970, dio lugar a las infraestructuras de riego que nos llevaron a ser el cuarto exportador mundial de arroz”, enfatizó.
Ganadería y variabilidad climática
Aguerre también se refirió a la ganadería. “El agua es fundamental para beber, pero estamos en una ganadería de primer mundo, estamos en los mejores mercados, desarrollamos los bienes públicos para tener una ganadería que se posiciona en el mundo, exportamos el 80% de la carne que producimos y nos piden más carne”, dijo.
Agregó que esa cadena productiva ha tenido en la alimentación a corral un impulso, y que la alimentación a corral se hace con maíz, en buena medida. “La competitividad del precio del maíz está asociado a la productividad, regar maíz implica tener más maíz para la ganadería y también para la avicultura y la lechería”, remarcó.
Agregó que, cuando esa cadena empieza a traccionar, los animales que tienen que entrar en la terminación tienen que venir de sistemas de recría de novillitos y de vaquillonas que actualmente se basan en pasturas. “Una parte de esas pasturas también puede realizarse algún día bajo riego, no para regar todo el Uruguay, para tener un seguro que nos adapte a una variabilidad climática, que muchas veces nos pega fuerte”, proyectó.
El coordinador técnico también señaló que “normalmente medimos la producción que perdemos en el momento de la sequía, pero muchas veces no contabilizamos las infraestructuras que perdemos, la pradera, la pastura, perdemos seis meses de crecimiento”.
Eje estratégico de desarrollo
Para Aguerre el agua “va a ser, sin duda, un eje estratégico del desarrollo nacional”, aunque “no sé cuánto tiempo nos va a llevar”, dijo. “Pensemos en clave de un país que tiene agua y que no la está aprovechando, en lugar de pensar en clave de escasez”, planteó.
Enfatizó en la importancia de comunicar “con claridad, con responsabilidad y con compromiso”. Y aseguró que esta política pública “no va a afectar los inalienables derechos de los ciudadanos en un recurso tan estratégico y vital como es el agua”.
El rol del Estado
Sánchez comentó que desde el Estado se debe “generar confianza”, porque el riego requiere de alta inversión del sector privado. “En la última década y media se ha avanzado muchísimo. Eran necesarios algunos instrumentos, como la Ley de Riego, hay que avanzar con varios de los instrumentos que están planteados en esa ley, y también en la gobernanza del sistema público”, planteó.
Además, valoró que todos los partidos políticos han colocado al riego en sus programas de gobierno, y eso le da “previsibilidad al instrumento”.
Por otra parte, comentó que la topografía del país impide construir represas en ciertas zonas y predios, y por eso las represas multiprediales “serán claves”. Enfatizó que la comisión tendrá a “la principal agencia ejecutora de infraestructura del país”, por la CND, debido a la “capacidad de sus funcionarios y la experiencia de estructurar proyectos de gran porte, una curva de aprendizaje que ya está dada”, y por tanto tiene “una capacidad de gestión mucho más eficiente, que permita ser la ventanilla única para estructurar proyectos”.
También se refirió al rol de UTE, que en el diseño de sus inversiones “tiene que incorporar el riego”. Indicó que el ente estatal no solo deberá generar tarifas específicas, sino también la infraestructura adecuada, para la generación y distribución de la energía eléctrica requerida.
“Si construimos el financiamiento adecuado para el tendido de redes y de transmisión de energía eléctrica, con la potencia necesaria, es más probable que esas tarifas promocionales tengan mejores condiciones”, detalló.
Beneficios fiscales
Son varios los actores involucrados en esta política de riego que busca impulsar el Poder Ejecutivo. Sánchez mencionó, por ejemplo, incluir dentro de la Ley de Promoción de Inversiones a las empresas constructoras de las represas.
El jerarca también confirmó que se avanzó con el Ministerio de Economía para que los pequeños y medianos productores puedan acceder a los beneficios fiscales de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), tema que también mencionó el ministro Fratti en su discurso en el acto oficial de la Rural del Prado.
Experiencia pública y privada
Para Sánchez el cambio de matriz energética es un ejemplo de que políticas ambiciosas, como esta, se pueden llevar a cabo en Uruguay. Recordó que hasta hace pocos años el país dependía casi exclusivamente de la energía hidroeléctrica, sin embargo se hizo un debate interpartidario que permitió la llegada de grandes inversiones en energías renovables, diversificando la matriz energética y generando una producción superior a la demanda existente en el país, llegando a exportar energía. Se hizo algo que “parecía imposible”, recordó.
En cuanto a las inversiones en riego en el ámbito privado, destacó la experiencia de Regadores Unidos del Uruguay y del sector arrocero. “Tenemos experiencia en el sector público y en el sector privado, convencimiento en el diagnóstico sobre que este es un tema importante, tenemos la oportunidad, porque está disponible la tecnología. Ahora tenemos que alinear el conjunto de actores públicos y privados y ponerlos a hacer”, sostuvo.
Expresó que el objetivo tiene que ser llegar a 300.000 hectáreas regadas, sin importar si es en este gobierno o en el siguiente. “No importa cuántas hectáreas regadas pueda exhibir un gobierno, sino que Uruguay genere las condiciones para que el riego sea una realidad para los productores, y construyamos el segundo piso que necesita el sector agropecuario”, concluyó.
El respaldo de Regadores Unidos
Regadores Unidos del Uruguay (RUU) recibió “con optimismo” el anuncio de la creación de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, expresó su presidente, Juan Baroffio. Agregó que “lo que realmente marcará la diferencia será ver los resultados en el territorio: más hectáreas regadas, más productores incorporando tecnología, más impacto positivo en la economía rural”.
Agregó que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) “es una herramienta valiosa, pero insuficiente en el contexto actual”. También señaló que el principal costo operativo “sigue siendo la energía eléctrica, y nos preocupa profundamente la evolución de las tarifas, que han registrado aumentos significativos y afectan la competitividad del sistema”.
Expresó que desde RUU “reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de los agroecosistemas”. Sostuvo que el riego bien gestionado “permite mejores rotaciones, mayor secuestro de carbono, uso eficiente del agua, balances nutricionales más precisos y una reducción en el uso de agroquímicos por kilo producido”.
En sistemas forrajeros “los datos son contundentes: pasturas más productivas, estables y persistentes, con costos competitivos por kilo de materia seca, tanto para leche como para carne”, agregó.
Baroffio afirmó que “creemos firmemente que el desarrollo del riego debe ir de la mano con la sustentabilidad, pero también con la racionalidad”. Por eso, planteó que “es fundamental trabajar junto al sector público para simplificar trámites, agilizar autorizaciones y revisar ciertas restricciones ambientales que, en ocasiones, limitan el desarrollo sin justificación técnica suficiente”.
Señaló que Uruguay “enfrenta el desafío de hacer crecer su economía en un contexto de precios agrícolas deprimidos y alta variabilidad productiva”.
