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Casi “5.000 denuncias” se realizaron en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) entre enero y noviembre de 2024, con un promedio de unas “440 denuncias mensuales”, que en su mayoría comprenden casos de tenencia irresponsable (48%), mordeduras y ataques de perros a personas (20%) y maltratos (8%), entre los cuales figuran situaciones de “violencia extrema”.
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Así lo indican datos solicitados por Agro de Búsqueda a ese organismo, que fue creado por la ley 19.889 de Urgente Consideración de 2020 y que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
En ese registro se encuentran las denuncias de mordeduras y ataques de perros a personas realizadas directamente al INBA y algunas que se realizaron en la Policía, pero no comprenden el total de este tipo de casos que son presentados en el Ministerio del Interior.
Además, hay varias situaciones de mordeduras de canes que son mascotas de una familia y suceden en el hogar, por lo que sus propietarios muchas veces optan por no denunciar en el INBA o en la Policía, y solo queda el registro en el Ministerio de Salud Pública, por la atención médica requerida, comentó la presidenta de este instituto, Marcia del Campo.
Violencia extrema
Entre otros casos que cada tanto acaparan los titulares de noticieros y portales informativos, recientemente ocurrió un ataque de tres perros de la raza Dogo a un niño de cinco años que ingresó a una propiedad donde funciona un almacén barrial, específicamente en la localidad de Bañados de Rocha, departamento de Tacuarembó, y que resultó en la muerte del menor.
En 2021 también un niño de cinco años murió a causa de las mordeduras de un perro de la raza Pitbull en Atlántida, y a este caso se les suman otros que ocurren a diario, que provocan heridas a personas en diferentes puntos de Uruguay.
El total de denuncias registradas en el INBA por este tipo de situaciones llegaron a 968 en 2024, sin incluir diciembre y sin considerar los casos presentados en los ministerios del Interior y de Salud.
La titular de este instituto hizo especial hincapié en lo “preocupante” de las situaciones de “violencia extrema”, “con saña” e “intencional” contra animales, que en promedio llegan a unas cinco al mes. “Esto es un poco reflejo de la violencia y agresividad que hay en la sociedad uruguaya en la actualidad”, opinó.
Por otra parte, Del Campo también señaló que se realizaron incautaciones, que prácticamente en la mitad de los casos se trata de animales de compañía, además de equinos sueltos o maltratados, entre otras situaciones.
Entre la funciones previstas en la ley de creación del INBA figura la de “confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores, aquellos que impliquen un peligro grave y cierto para la salud de otros animales o la integridad física o salud de las personas”, tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso.
Potencialmente peligrosos
Ante esta problemática, el instituto destacó la “relevancia de ejercer una tenencia responsable, conteniendo a los animales siempre dentro de nuestra propiedad” y “en el caso de perros, no permitir bajo ningún concepto su acceso a la vía pública sin collar” y “sin cadena”.
Igualmente, “si los perros cumplen con la tipología de potencialmente peligrosos (ppp, según establece la resolución 2/2019) se deben extremar las medidas de seguridad”.
El concepto de “perro potencialmente peligroso” determinado en esa resolución “no solo se refiere a los de una raza determinada”, sino “a los ejemplares caninos incluidos dentro de una tipología concreta” y que, “por sus características morfológicas, por su agresividad, tamaño o potencia de mandíbula tengan potencial de daño grave o muy grave”, y de “causar la muerte a personas y animales”.
El INBA exhorta a la población a que, “cuando hay lesiones, sea por mordeduras de perros o por accidentes de tránsito con animales, al momento de realizar la denuncia policial, manifieste firmemente la intención” y “realice la denuncia penal”, enfatizó Del Campo, quien es ingeniera agrónoma y doctora en bienestar animal.
Dijo que si así ocurre, el caso seguirá dos caminos, lo que puede hacer el INBA en cumplimiento de la tenencia responsable, como lo son las “sanciones administrativas”, y “lo que puede hacer la Justicia en relación a la persona responsable del o los animales”, es decir el “camino legal”.
Esto permitiría asegurar “sanciones justas de ambos tipos” dependiendo de la relevancia del caso y ello “contribuiría a la toma de conciencia sobre la responsabilidad social que implica tener un animal bajo nuestro cuidado” (animal de compañía, deportivo, de producción y otros), destacó.
Consideró que esto “es importante por el bienestar del propio animal, pero también por las consecuencias negativas de una tenencia irresponsable”, como pueden ser los accidentes de tránsito, las mordeduras, las zoonosis (enfermedades transmitidas de animales a personas) y ataques en el caso específico de canes.
En cuanto al problema de los perros o jaurías que causan estragos en establecimientos ganaderos, específicamente en predios de producción ovina donde provocan mortandad o lesiones en las majadas, el INBA registró unas 100 denuncias comprendidas dentro de renglón de ataques a animales.
Figuran además unas 169 denuncias por animales sueltos en la vía pública o caminos rurales, que generan complicaciones en diferentes zonas.
Respecto a las “incautaciones de animales” realizadas por el INBA en 2024, de enero a noviembre fueron “unas 800, de las cuales 35% fueron perros, 33% caballos, 25% otras especies y 7% gatos”, para lo cual “se cumplieron todas las normas legales” y los “procesos administrativos”, para “garantizar la profesionalidad del trabajo”, dijo Marcia Del Campo, quien es investigadora principal en bienestar animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).