El comprador de esos campos es el fondo de inversión denominado Nuveen, de Estados Unidos, que es considerado el mayor gestor de activos agrícolas en el mundo y que pertenece a la firma de planificación financiera ITAA (Teachers Insurance and Annuity Association).
El vendedor es el empresario uruguayo Luis Saps, dedicado al comercio de electrodomésticos y otros equipos para el hogar.
El interés principal del negocio es que se trata de campos forestados, en su gran mayoría, considerando igualmente su ubicación cercana a algunos de los mayores emprendimientos forestales industriales, como la nueva planta de UPM en Paso de los Toros, entre otros.
“Se pacta otorgar al momento de la compraventa pastoreo sobre 7.240 hectáreas, por un plazo de 11 meses, a favor del vendedor o a quien designe”, indica la información del INC sobre la forma de entrega del campo. Esa transacción ingresó a los registros del INC en febrero de este año.
Y en junio de 2024 figura otra compraventa en esa base de datos, que de alguna manera está vinculada con la anterior, y que comprende un campo de unas 3.700 hectáreas, que representan el equivalente a unas 5.000 hectáreas índice Coneat 100, en el departamento de Río Negro. El monto de la operación se ubica en US$ 22 millones, que resulta en un precio aproximado a US$ 5.900 por hectárea.
Los datos del INC señalan que el predio comprende cuatro padrones rurales con índice de productividad de entre 110 y 160, y se encuentra actualmente arrendado en favor de la empresa agropecuaria Goyaike, perteneciente al grupo argentino Pérez Companc. Un integrante de esa familia argentina, que no forma parte de Goyaike, es el que vendió estos padrones, dijeron las fuentes.
Cuadro venta de campos.jpg
Indicaron que la relación entre ambas operaciones es que en este caso el comprador de las tierras es Saps, quien había vendido campos forestados al fondo Nuveen.
A su vez, este gestor norteamericano de activos agrícolas fue el que le vendió unas 30.000 hectáreas a la compañía Montes del Plata, que es una de las principales industrias de pasta de celulosa de Uruguay, y que está integrada por las empresas Arauco (Chile) y Stora Enso (Suecia y Finlandia). El negocio formó parte de una operación registrada a fines de 2023 por campos forestados, en su mayoría con plantaciones de eucaliptos.
Otra transacción de campo que sobresale en el mercado de tierras en lo que va de este año es la venta del establecimiento rural Santa Clotilde, de la familia Bove, ubicado en el departamento de Tacuarembó, con una extensión de unas 7.000 hectáreas y un monto cercano a US$ 28 millones, a un precio promedio de unos US$ 4.000 por hectárea, según pudo averiguar Agro de Búsqueda.
El comprador fue un empresario de Brasil que estuvo vinculado hasta hace poco tiempo al sector de la maquinaria agrícola y la tecnología, en Rio Grande do Sul, que incursiona por primera vez en la compra de campos en Uruguay.
El campo en cuestión está actualmente arrendado a Austrey Sociedad Anónima para la producción ganadera, agrícola y arrocera.
Santa Clotilde es una tradicional empresa agropecuaria, principalmente en su faceta de cabaña ganadera, que en varias oportunidades fue protagonista en las premiaciones realizadas en el ruedo central y en los remates de la Expo Rural del Prado.
Otro inversionista de Brasil también compró campos de grandes extensiones recientemente en Rivera. Concretamente se trata de la transacción de 9.591 hectáreas, cuya superficie equivalente en el índice Coneat 100 representa 10.359 hectáreas, por un monto total de US$ 40 millones, conforme con los registros del INC.
Santa Clotilde, de 7.000 hectáreas en Tacuarembó, se vendió en US$ 28 millones a un empresario brasileño que no tenía inversiones en Uruguay
En cuanto a los empresarios brasileños que apuestan a la compra de campos en el agro local, estos casos se suman a otros tantos de inversores extranjeros que en los últimos tiempos decidieron colocar capital en este tipo de negocios.
Más allá de las oportunidades que surgen en el mercado de tierras, un factor que siempre juega a la hora de tomar decisiones en estas inversiones es el contexto político y las medidas que prevé el gobierno de turno, algo que generalmente se vincula a la situación de Argentina, pero que también incide en Brasil.
Un protagonista destacado por algunos empresarios del mercado de campos es un inversor argentino que reside en Suiza, que en los últimos meses adquirió una serie de inmuebles rurales de gran extensión, principalmente en el departamento de Durazno, como los establecimientos El Tarumán (de 9.415 hectáreas) y La Pecuaria (de 3.178 hectáreas); y en Río Negro compró la estancia Castilla La Nueva (de unas 4.715 hectáreas) y recientemente un establecimiento de casi 7.000 hectáreas en Durazno.
Este inversionista en poco tiempo “arrasó con el mercado”, porque en total hizo negocios por unos “US$ 150 millones”, resaltaron los operadores consultados.
Algunos de estos negocios concretados en tierras ubicadas en el centro y en el litoral fueron adelantados por Agro de Búsqueda en abril (ver edición Nº 25).
Otras compraventas de campos destacadas en este año fueron las que realizó Oji Holdings Corporation, de Japón, una de las empresas líderes en la industria mundial de la pulpa de celulosa y el papel, que decidió invertir en el mercado de campos de Uruguay, específicamente en la compra de 41.289 hectáreas por un monto de US$ 287.598.326. Este negocio lo anunció Agro de Búsqueda en la edición Nº 26, publicada en mayo.
Un inversor argentino que reside en Suiza ha comprado más de 24.000 hectáreas por unos US$ 150 millones, destacaron operadores
Esa firma nipona, que es propietaria de alrededor de 603.000 hectáreas de tierras forestadas distribuidas en varios países del mundo, recibió la autorización legal del Poder Ejecutivo para ser titular de inmuebles rurales, mediante una resolución fechada el 25 de abril y firmada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Ganadería, Fernando Mattos.
Otra de las recientes autorizaciones otorgadas por el gobierno a ser titular de inmuebles rurales, mediante una resolución fechada el 25 de julio, corresponde al frigorífico San Jacinto (Nirea SA) para continuar siendo propietaria y explotar un grupo de padrones en el departamento de Canelones, que en conjunto suman algo más de 300 hectáreas. “Tras recibir el aporte de capital de la sociedad Kanematsu, que adquirirá la titularidad de una participación minoritaria equivalente al 18% del capital accionario” en esa empresa uruguaya del sector cárnico, según consta en la resolución.
Kanematsu es una corporación de Japón. En su sitio web destaca su participación “abrumadora” en la importación de carne uruguaya para el mercado japonés desde 2019, cuando el gobierno nipón autorizó la reapertura de ese destino para ese producto de Uruguay.
En el portafolio de negocios de este grupo japonés figura la firma Agropecuaria La Escalera, ubicada en Dolores, en el departamento de Soriano.
Los atractivos y las limitantes. “Uruguay sigue siendo un país atractivo para las inversiones inmobiliarias agropecuarias”, dijo a Agro de Búsqueda el empresario de negocios rurales, Diego Arrospide.
Señaló que los campos agrícolas, forestales, ganaderos, mixtos y ganaderos –en ese orden– “son los más demandados” y “siguen siendo atractivos como refugio para inversiones”, tanto extranjeras como locales, y de fondos de inversión.
A nivel local las inversiones provienen de empresarios pertenecientes al sector agropecuario y fuera del mismo, acotó.
Sostuvo que “la limitante que encuentra esa demanda es la restringida oferta disponible de tierras”, pero pese a ello, “en los últimos tiempos se han concretado operaciones de gran escala”, fundamentalmente en la zona norte, donde se encuentran las grandes superficies, y también en el este.
Dichas “transacciones fueron realizadas por inversores locales, empresas consolidadas en múltiples rubros y grupo económicos”, que “siguen confiando en Uruguay como destino de inversión, dada su estabilidad jurídica, institucional y política”, indicó.
En la última década el precio medio anual de la hectárea aumentó más de 40%, pasando de US$ 2.633 en 2010 a US$ 3.741 en 2022 y US$ 3.783 en 2023, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA).
Algunos de los factores que inciden en la concreción de las transacciones de gran escala tienen que ver con los “recambios generacionales de las grandes empresas familias agropecuarias”, “subdivisiones que generan magras rentabilidades”, teniendo en cuenta que “el negocio es fundamentalmente de escala y baja rentabilidad”; además de “coyunturas donde tasas de rentabilidad del sistema financiero son más atractivas”.
Otros factores se vinculan al “limitado apego a la cultura agropecuaria”, al “bajo nivel de rentabilidad” del sector, consecuencia de “fuertes crisis climáticas”, “caída de los precios” de los commodities, y al “desinterés a la hora de continuar con los legados de muchas familias altamente relacionadas con el sector”, dijo.