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La propuesta presentada ante el Senado de la República para establecer el registro audiovisual obligatorio de los actos quirúrgicos parte de una finalidad que compartimos: mejorar la seguridad de los pacientes y disponer de más información cuando se producen eventos adversos. La tecnología puede contribuir a ese objetivo. La cuestión es si la evidencia científica disponible justifica convertir su utilización obligatoria en una política general para todo el país.1
La seguridad quirúrgica no depende exclusivamente de la habilidad individual. Una intervención es un proceso complejo en el que interactúan cirujanos, anestesiólogos, enfermeros y otros profesionales, junto con medicamentos, dispositivos, protocolos y sistemas de comunicación. De allí la importancia de intervenciones sistémicas como la Lista de Verificación de Seguridad Quirúrgica (LVQ) de la Organización Mundial de la Salud, cuya implementación se asoció con una reducción de complicaciones y mortalidad.2 Esta experiencia fue replicada en Uruguay: en 2011, bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, Uruguay y Costa Rica firmaron un Tratado de Cooperación Técnica para implementar la LVQ. La experiencia permitió evaluar su implementación en nuestro medio y confirmó su utilidad como estrategia de seguridad quirúrgica.3, 4
Pero ¿qué significa realmente grabar una cirugía? El proyecto propone un registro íntegro y continuo desde el ingreso del paciente al área quirúrgica hasta su traslado a recuperación, incluyendo anestesia, preparación del campo operatorio, intervención y procedimientos conexos. No se trata, por tanto, simplemente de filmar al cirujano.
El registro debe permitir identificar inequívocamente la medicación administrada por el equipo de anestesia y el momento de su administración. Esto plantea una exigencia técnica considerable: las ampollas son pequeñas y algunos medicamentos presentan envases prácticamente idénticos, diferenciados apenas por números, colores o bandas de identificación. En Uruguay se han documentado precisamente estos riesgos de confusión entre medicamentos anestésicos.5
También es importante distinguir la grabación audiovisual propuesta de los sistemas denominados cajas negras quirúrgicas. Estos integran diferentes fuentes de información del quirófano —video, audio y datos de equipos y monitores— para reconstruir lo ocurrido y estudiar factores relacionados con la seguridad, el comportamiento y la eficiencia.6 Una revisión sistemática publicada en 2025 identificó 17 estudios sobre estos sistemas y concluyó que, aunque permiten obtener información que los métodos tradicionales no captan, la mayoría de las investigaciones son todavía preliminares y requieren estudios mayores y metodológicamente más robustos.7
La experiencia internacional tampoco permite una conclusión más categórica. Corea del Sur legisló sobre cámaras en los quirófanos principalmente para enfrentar un problema específico: la sustitución, sin conocimiento del paciente, del cirujano que este había elegido. La normativa establece condiciones para la grabación y su utilización, y la literatura disponible todavía no permite afirmar que la medida haya demostrado reducir el problema que motivó la reforma.8 Francia ofrece una experiencia diferente: allí se está estudiando e implementando la verdadera caja negra quirúrgica. Una encuesta nacional mostró que los profesionales reconocen su potencial educativo y para mejorar la seguridad, pero también expresaron preocupaciones sobre vigilancia, estrés, privacidad y uso de las grabaciones; pacientes y profesionales reclamaron reglas claras sobre consentimiento, propiedad y acceso.9
Estas experiencias muestran que la tecnología es prometedora y merece ser estudiada, pero no demuestran que la grabación universal y obligatoria de las cirugías haya probado su eficacia para reducir eventos adversos o mortalidad, ni su eficiencia para un sistema sanitario. La diferencia entre demostrar que una tecnología permite observar mejor lo que ocurre y demostrar que mejora los resultados clínicos es esencial.
Hay, además, una cuestión que no debería reducirse a la privacidad o a la protección del personal. La exposición de motivos sostiene que la experiencia internacional muestra un efecto preventivo sobre conductas negligentes derivado de la conciencia de estar siendo registrado, pero no especifica qué países o estudios respaldan esa afirmación. Se trata, por tanto, de un supuesto que la evidencia disponible no permite dar por probado.
Una intervención quirúrgica es un escenario de elevada complejidad cognitiva: exige tomar decisiones, ejecutar habilidades técnicas, responder a imprevistos y administrar medicamentos bajo presión. No debería suponerse que hacer visible permanentemente la actuación de un equipo mejora automáticamente su rendimiento. La observación puede modificar la conducta —el llamado efecto Hawthorne—, pero sus efectos en cirugía son heterogéneos y, en tareas de alta complejidad cognitiva, no puede asumirse que sean siempre favorables.10
El registro tampoco afecta solamente al paciente: incorpora al conjunto del equipo asistencial, sus actuaciones, conversaciones y decisiones durante un procedimiento de elevada complejidad. La revisión sistemática sobre los aspectos éticos de la grabación quirúrgica identifica entre las cuestiones centrales la privacidad, el consentimiento, la propiedad de las grabaciones, su utilización posterior y la protección de los datos.11
El proyecto establece el registro como obligatorio y no prevé la posibilidad de que el paciente solicite que su intervención no sea registrada. Tampoco contempla la participación de pacientes y trabajadores en la incorporación de esta nueva forma de observación a la práctica asistencial. No se trata solamente de una cuestión jurídica: la autonomía del paciente y las condiciones cognitivas y profesionales en que trabaja el equipo forman parte de la seguridad que se pretende proteger.
No somos contrarios al registro audiovisual. Puede ser una herramienta valiosa para la investigación, la formación, el análisis de incidentes y la mejora de la calidad. Pero una tecnología prometedora no equivale a una intervención cuya eficacia y eficiencia estén demostradas.
La cuestión no es si podemos poner cámaras en los quirófanos: naturalmente que podemos. La cuestión es si hemos demostrado que hacerlo de manera obligatoria y universal produce un beneficio suficiente para justificar sus costos y sus posibles efectos no deseados.
La experiencia internacional aconseja estudiar estas tecnologías, no presentarlas como una eficacia ya demostrada. Antes de convertir una innovación prometedora en una obligación general, debemos demostrar que mejora la seguridad sin introducir nuevos riesgos.
Cuidar a los pacientes no debería significar desproteger a quienes los cuidan.
Dr. Homero Bagnulo
Dr. Carlos Vivas
Referencias
Cámara de Senadores. Comisión de Salud Pública. “Uso obligatorio de dispositivos de registro de audio y video en bloques quirúrgicos y áreas críticas de salud”. Proyecto de ley con exposición de motivos. Carpeta N° 581/2026, Distribuido N° 913/2026. Montevideo; 16 de junio de 2026.
Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, et al. “A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population”. N Engl J Med. 2009;360(5):491-499.
Organización Panamericana de la Salud. “Cooperación técnica bilateral para el fortalecimiento de capacidades en la implementación de prácticas seguras en la red de servicios de salud en Costa Rica y Uruguay. Informe final”. Montevideo: OPS; 2012.
Bagnulo H, Vivas C. Prevención del daño en la salud, 20 años de experiencia en Uruguay. Montevideo: Editorial Fin de Siglo; 2023. p. 149-156.
Rando K, Rey G. “Errores de medicamentos LASA en anestesiología en Uruguay”. Rev Méd Urug. 2017;33(2):53-103.
Jung JJ, Jüni P, Lebovic G, Grantcharov T. First-year analysis of the Operating Room Black Box Study. Ann Surg. 2020;271(1):122-127.
Siegel N, Rotärmel A, Polychronidis G, Salg G, Klotz R, Probst P, et al. Enhancing surgical safety and efficiency: systematic review and single-arm meta-analysis of surgical data recorders. J Med Internet Res. 2025;27:e72703.
McGuire JM. The moral debate over South Korea’s new law requiring CCTV cameras in hospital operating rooms. APJ Health Law Ethics. 2023;17:187-225.
Slosse C, Allemang-Trivalle A, El Haïk-Wagner N, Luc A, Jeanbert E, Vibert E, et al. Implementation of audiovisual recording in the operating room: a nationwide survey of stakeholder perspectives in France. Patient Saf Surg. 2026;20:7.
Demetriou C, Hu L, Smith TO, Hing CB. “Hawthorne effect on surgical studies”. ANZ J Surg. 2019;89(12):1567-1576.
Walsh R, Kearns EC, Moynihan A, Gerke S, Duffourc M, Corrales Compagnucci M, et al. Ethical perspectives on surgical video recording for patients, surgeons and society: systematic review. BJS Open. 2023;7(3):zrad063.
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