En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Hace muchos años, mientras esperaba ser atendido en un consultorio médico, escuché involuntariamente la conversación de una joven pareja con otra persona. Ella era asesora de un legislador y comentaban ambos, con absoluta naturalidad, que pensaban aprovechar esos cinco años para formar una familia, teniendo en cuenta las condiciones y los beneficios que ofrecía trabajar en el ámbito legislativo.
La conversación quedó en mi memoria. No porque hubiera necesariamente algo ilegal en lo que decían, sino porque reflejaba una forma de concebir determinados cargos públicos; es decir, como una oportunidad personal asociada al período durante el cual alguien ocupa una posición política.
Recordé aquella escena a raíz del reciente caso de un asesor de un edil de Montevideo condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Sobre el episodio se seguirán escribiendo ríos de tinta acerca de los controles partidarios, el financiamiento de la política, la penetración del narcotráfico y las responsabilidades de quienes designan personas para cargos de confianza.
Sin embargo, quisiera detenerme en algo que puede parecer menor y que, precisamente por eso, corre el riesgo de pasar inadvertido. El asesor percibía una remuneración nominal de aproximadamente $ 52.000 mensuales y, según fue reconocido públicamente, no concurría a la Junta Departamental ni había llegado a desarrollar las tareas para las cuales había sido contratado. Aun dejando completamente de lado el componente penal del caso, debería preocuparnos una cuestión mucho más elemental: ¿cómo puede alguien percibir durante meses una remuneración proveniente de fondos públicos sin realizar una tarea efectivamente comprobable?
La comparación con otras políticas del propio Estado resulta llamativa. Cuando se otorgan prestaciones sociales destinadas a niños y adolescentes de hogares vulnerables, se establecen condiciones y mecanismos de control vinculados, entre otras cosas, a la asistencia al sistema educativo y a los controles de salud. Incluso las nuevas políticas de transferencias para la infancia mantienen ese principio. Es razonable que así sea. Pero entonces surge una pregunta inevitable: si exigimos contrapartidas y controles a una familia que recibe una prestación social, ¿no deberíamos ser, como mínimo, igualmente exigentes con quien percibe $ 52.000 mensuales del Estado como asesor? No parece desmedido pedir que quien cobra una remuneración pública tenga funciones determinadas, realice efectivamente su trabajo y pueda acreditar qué tareas cumplió.
La cuestión trasciende ampliamente a una persona, a un edil o a un partido político. Los cargos de confianza y las asesorías son instrumentos legítimos. Un legislador o un edil pueden necesitar colaboradores que estudien expedientes, analicen normativa, preparen informes, mantengan contacto con organizaciones o aporten conocimientos especializados. El problema comienza cuando la existencia del cargo y su remuneración parecen independizarse del trabajo realizado.
Tal vez algunas de estas prácticas se hayan naturalizado demasiado. Cuando hablamos de transparencia pensamos inmediatamente en grandes casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o financiamiento irregular. Pero la calidad institucional también puede deteriorarse de una manera menos espectacular: cargos sin funciones, remuneraciones sin contraprestación verificable y la aceptación de que determinados puestos forman parte de los recursos que los políticos pueden distribuir discrecionalmente.
Puede que muchas de esas situaciones no constituyan delitos. Pero la ética en la administración de los recursos públicos debería exigir bastante más que la simple ausencia de delito.
Por eso, junto con el indispensable debate sobre cómo impedir que el narcotráfico penetre en la política, este episodio debería servir para discutir algo más básico: cómo se designan los asesores, cuáles son sus funciones, cómo se documenta su trabajo y qué mecanismos existen para controlar que el dinero público tenga una contraprestación real. Y esto debería aplicarse por igual a todos los partidos y a todos los niveles de gobierno.
Una democracia también se fortalece eliminando aquellas viejas prácticas que, por haberse vuelto habituales, terminan erosionando silenciosamente la confianza ciudadana. Porque el dinero público no pertenece a los partidos, ni a los legisladores ni a los ediles. Pertenece a la sociedad. Y quien decide cómo gastarlo debería poder explicar siempre qué recibió la sociedad a cambio.
+ 
