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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáJairo Larrarte, junto con sus cómplices y todos los que lo ayudaron, no solo robaron y se quedaron con lo ajeno. Lo que realmente hicieron es destrozar familias, personas que trabajaron, dedicaron tiempo de vida y se sacrificaron para generar ese ahorro.
Al Sr. fiscal Machado le decimos que no alcanza con la cárcel. Necesitamos más de usted, de Interpol y de la Policía. Necesitamos que encuentren el dinero. ¿Qué es lo que están investigando? ¿Han pedido informes a bancos en el extranjero para ver si hay dinero en cuentas abiertas por Larrarte, sus familiares o colaboradores? ¿A qué países pidió exhortos y a nombre de quién? ¿Qué es lo que se está haciendo? Larrarte tiene cárcel preventiva. Esto es lo mínimo que se pretende, ya que Jairo asumió la culpa en sus primeras declaraciones. Entonces, con más razón, fuera de esto que es lo obvio y lo mínimo, ¿qué es lo que están investigando para defender a los damnificados? ¿Dónde están los resultados de las pericias a los celulares de los involucrados? ¿O acaso no se hicieron? ¿Los resultados de las pericias a las cuentas bancarias locales de la empresa y todos los involucrados? ¿Se hicieron? Quizás se está haciendo mucho, pero ustedes no informan, y los abogados de los damnificados, en la mayoría de los casos, luego de cobrar por sus escritos iniciales, ya no dan casi respuestas. Necesitamos saber y constatar que hay avances.
Existen damnificados que han aportado mucha información en Interpol y en la propia Fiscalía, ¿qué pasa con todo eso? ¿Ustedes no usan su potestad para investigar? ¿Inteligencia no investiga? ¿La Policía de Rivera y Tacuarembó no investiga? ¿Los damnificados tenemos que pensar que Larrarte tuvo la habilidad para comprar la desidia de todos los actores, primero para materializar la estafa y ahora para tener una pena mínima y luego disfrutar de nuestro dinero que él mismo ha confesado que tiene escondido? ¿Y acá no pasa nada?
Larrarte nos robó haciendo una puesta en escena empresarial. ¿Será que el Estado en general, y la Fiscalía y Policía en particular, también hace una gran puesta en escena, haciendo que hace, pero en realidad mira para el costado? El abogado defensor de Larrarte, ya en setiembre del 2024, tenía claro que esto terminaba en un acuerdo abreviado, según estaba coordinado desde un inicio, y Larrarte luego disfrutaba de lo robado: “Las estafas tienen eso, luego salís y la tenés guardada”, manifestaba.
La pareja de Jairo —Marcos Ledesma—, que también robó nuestro dinero, aún vive en un campo pagado por todos nosotros. Un campo que tiene una hipoteca, pero la Justicia no investiga a favor de quién está la hipoteca y quién la paga. Larrarte realizó millonaria inversión en un campo arrendado porque ya tiene planeada la forma, mediante esa hipoteca, de quedárselo a futuro. ¿A Fiscalía y al síndico no les llama la atención esto, no investigan? Ledesma, su pareja, ¿ni siquiera está imputado? El contador de la empresa, la abogada, la administradora de los campos, el personal de venta, todos ayudaron y se beneficiaron de la maniobra, ¿y acá no pasa nada? Por ejemplo, en Conexión Ganadera, Quiroga —quien manejaba la trazabilidad— ya está señalado, ¿y en Larrarte, quien manejaba la trazabilidad, el laboratorio y administraba los campos ni siquiera está imputada? ¿Y acá no pasa nada?
La Sindicatura no es capaz de informar con claridad del pasivo actualizado, no informa con transparencia qué se está haciendo con los pocos bienes que hay, ¿y acá no pasa nada? A pesar de que hubo oposición por algunos damnificados, la Sindicatura permitió el retiro de animales a los ahorristas que sí tenían algo de ganado en perjuicio del resto, ¿y acá no pasa nada? Hay escritorios rurales que manejaban fideicomisos en campos arrendados con dinero de los ahorristas, escritorios que fueron los primeros en retirar su ganado y el nuestro —con cambio de caravanas mediante—, ¿y acá no pasa nada? La justicia, penal o concursal, debería revocar todas estas irregularidades y obligar a quienes se beneficiaron a devolver y volcarlo a la masa del concurso. Claro que esto implica remangarse y trabajar en el tema. En el marco de la estafa, los responsables están transitando esto prácticamente con impunidad y, para peor, ¿a unos pocos se les permite beneficiarse?
Existen inversores que comunicaron a Fiscalía que Jairo les ofreció para ser testaferros, informándoles lo que iba a pasar, paso a paso, para luego salir de la cárcel y disfrutar del dinero escondido, ¿y acá no pasa nada?
El Estado ausente absolutamente. La trazabilidad no existe. El director del SNIG, diciendo tranquilamente en entrevistas que las cantidades de ganado pueden ser tres: la que figura en el sistema del MGAP, la que figura en los contratos de las empresas ganaderas y la que realmente está sobre el pasto. Que el sistema se sustenta en la confianza y buena fe de las declaraciones juradas. Es increíble, ¿y acá no pasa nada? ¿Eso es nuestra marca país?
El BCU, sacando tibios comunicados en 2018 diciendo que no regulaba la actividad e incluso asesorando a empresas para que la letra de los contratos los deje por fuera de su órbita, ¿y acá no pasa nada? ¿Estas empresas captando ahorro público y no pasa nada? Sabían lo que sucedía y ni siquiera controlaron los flujos de dinero en las cuentas de los bancos en plaza con los que operaban. ¿Ninguno de los oficiales de cumplimiento de los bancos veía esto? Podemos discutir si el BCU tenía que controlar o no a las empresas, pero es claro que controlar los escandalosos movimientos de dinero en los bancos de plaza sí era responsabilidad del BCU. Las empresas no tenían balances actualizados en la DGI, pero seguían operando con certificados vigentes, ¿y acá no pasa nada?
Esto trasciende los partidos, gobiernos y políticos de turno, esto atraviesa la sociedad en su conjunto. Son miles de afectados, millones de ahorro y, en su gran mayoría, pequeños ahorristas, ¿y acá no pasa nada? Esto es un tema de Estado. Cuando los bancos caen, pagamos entre todos, cuando las cajas paraestatales hay que fondearlas (“caja de profesionales”) pagamos todos, pero ¿para estos casos no pasa nada? ¿Al Estado, en sus distintos gobiernos, le pasó durante años un elefante por delante y ahora se va a desentender del tema?
El Parlamento debería estar viendo ahora mismo cómo aumentar por decreto el tiempo de pena para la estafa y eso aplicarlo a Larrarte y al resto de los responsables que también estafaron en las otras empresas ganaderas. Acá no hay mala praxis empresarial, en todos los casos hay dolo y premeditación. Repetimos, han destrozado familias, ¿y acá no pasa nada? Todos deberían, como mínimo, ser condenados a perpetua y no salir nunca más, porque el perjuicio para los damnificados también es perpetuo.
La justicia penal y concursal deberían dar un paso adelante y trascender lo meramente administrativo y usar sus herramientas —que no tenemos los damnificados— para realmente lograr penas perpetuas y recuperar lo máximo de capital y no solo lo que los estafadores declaran que existe. Si no, ¿de qué se trata esto?, ¿de un mero trámite? ¿Qué han buscado y/o encontrado, tanto Fiscalía como el síndico, aparte de los bienes declarados por Larrarte?
Una situación de estas características, por volumen de damnificados, por monto, por extensión en el tiempo y por daño generado, no tiene precedentes. El Estado debería tomar acciones también sin precedentes. ¿Unos pocos roban y perjudican a miles de familias, mientras el Estado mira para el costado y acá, entonces, no pasa nada?
Ahorristas del Grupo Larrarte