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Las irregularidades de la Fiscalía y el Consultorio Jurídico en el caso Penadés. La resolución de la jueza Marcela Vargas en la audiencia del 5 de febrero y la revocación de parte del tribunal ha reavivado las dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial en el caso de Gustavo Penadés. La jueza determinó que, con el paso del tiempo, el poder de influencia del acusado se reduce, por lo que consideró pertinente sustituir la prisión preventiva en la cárcel por arresto domiciliario. Este fallo ha generado fuertes cuestionamientos, enmarcados en una serie de irregularidades que han marcado este proceso desde sus inicios.
Un proceso judicial sin precedentes. El caso Penadés se ha caracterizado por elementos inéditos en la historia judicial del país. Uno de los aspectos más polémicos ha sido la decisión de mantener en total anonimato a los denunciantes, identificándolos únicamente con letras (por ejemplo, “víctima K”), declarando con voz distorsionada y sin mostrar su rostro. Este nivel de confidencialidad ha sido objeto de debate, ya que, según la defensa del acusado, limita severamente su derecho a una defensa efectiva e incluso lo coloca en una situación de indefensión.
Los cambios en la Fiscalía y las dudas sobre su actuación. Desde el inicio del proceso, la Fiscalía a cargo de la Dra. Alicia Ghione ha sufrido múltiples cambios en su equipo. En un período de casi dos años, y sin que aún se haya presentado una acusación formal, la fiscal Ghione ha visto la salida de dos equipos fiscales completos.
El primer equipo, compuesto por María José Brisco, Mariana Bentancor y Fulvia Favretto, se disolvió en medio de tensiones internas. Favretto fue públicamente señalada como responsable de filtraciones a la prensa, mientras que Brisco y Bentancor habrían renunciado por discrepancias con la conducción de Ghione. El segundo equipo también se desvinculó del caso bajo circunstancias similares, lo que refuerza la percepción de que la fiscal mantiene una relación inusualmente comprometida con la causa. En la actualidad, el equipo de la Fiscalía está integrado por la Dra. Ghione y los fiscales adscriptos Lucía Castro y Federico Fascioli.
Uno de los puntos más controvertidos en la actuación de la fiscal Ghione es su presunta cercanía con el denunciante Jonathan Mastropierro, quien recientemente fue denunciado ante la Suprema Corte de Justicia por delitos sexuales. En el programa Santo y seña se filtraron mensajes en los que la fiscal Ghione le ofrece lavar su ropa, le proporciona información confidencial sobre el caso y hasta le sugiere que destruya su teléfono celular. Además, se ha señalado una posible relación de amistad entre el hijo de la fiscal —quien enfrenta una causa por violencia de género y delitos sexuales— y el propio Mastropierro.
Graves denuncias sobre la manipulación de pruebas. La defensa de Penadés ha denunciado ante la Suprema Corte de Justicia que la fiscal Ghione omitió tomar medidas frente a la existencia de material pedófilo en el celular de Jonathan Mastropierro, hallado por la propia defensa de Penadés.
Otro hecho alarmante es la posible manipulación del teléfono de Penadés mientras estaba bajo custodia judicial. Según la denuncia presentada por Laura Robatto y Homero Guerrero, una amiga del exsenador recibió un mensaje desde el celular incautado, lo que sugiere que alguien pudo haber accedido al dispositivo mientras estaba en resguardo de la Justicia.
El rol del Consultorio Jurídico de la Udelar. Las irregularidades también alcanzan al Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que ha representado a algunos de los denunciantes. Tras descubrirse que ciertos denunciantes presentaron conversaciones falsas, abogados del consultorio admitieron que “siempre tuvieron dudas” sobre la veracidad de los testimonios de estos denunciantes.
En paralelo, el Dr. Williman, integrante del consultorio, ha sido cuestionado por el manejo de una indemnización derivada de la llamada “trama”. Se ha denunciado que el dinero fue depositado en su cuenta personal antes de ser distribuido según su propio criterio. Una de las beneficiarias de estos fondos fue Romina Celeste, quien para ese momento ya no era defendida por el consultorio, pues su representación legal había sido retirada tras su condena por denuncia falsa contra el actual presidente Yamandú Orsi.
Un caso que pone a prueba la credibilidad del sistema judicial. Las múltiples denuncias, filtraciones y cambios en la Fiscalía han convertido el caso Penadés en un ejemplo paradigmático de las fallas estructurales del sistema judicial. Mientras la defensa del acusado argumenta una persecución mediática y política, las irregularidades en la actuación de la Fiscalía y el Consultorio Jurídico refuerzan las dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso.
A medida que se acerca el juicio, queda en evidencia la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos judiciales para garantizar que la justicia no solo se haga, sino que también se perciba como tal.
