De vecinos de Casupá

Un llamado a la comunidad internacional para revisar el proyecto y buscar una alternativa que garantice la seguridad hídrica sin destruir un territorio rural de extraordinario valor ambiental, productivo, social e histórico.

Un territorio vivo, no un espacio vacío. La cuenca comprende 62.500 hectáreas, casi en su totalidad productivas: ganadería como principal rubro, 16.000 hectáreas de forestación, agricultura y horticultura y fruticultura con olivares. Ese entramado involucra en forma directa a un número muy significativo de familias, y a más de 90 de ellas de manera aún más directa, por la inundación de sus tierras o la pérdida de los caminos que hoy usan para trabajar y manejar su ganado.

El proyecto contempla expropiaciones y afectaciones de predios. Pero hay una diferencia fundamental entre compensar económicamente una propiedad y reconstruir una forma de vida: cuando se fragmentan las tierras productivas se altera la complementariedad entre potreros, montes, aguadas y caminos que hace viable una explotación ganadera. Eso puede volver inviables las superficies remanentes y obligar a familias productoras a abandonar una actividad de generaciones.

La construcción también modificará caminos, puentes y tendidos eléctricos, y condicionará a tres escuelas rurales públicas de larga trayectoria, por la aparición de brazos del embalse y la pérdida de conectividad. Una escuela rural no es solo un edificio: es parte de la estructura social de una comunidad y su continuidad depende de que existan familias que sigan viviendo y trabajando en la zona. Un ejemplo de esa vitalidad es el ómnibus liceal que, desde hace más de 10 años y subsidiado por el municipio y las comisiones vecinales, traslada a 21 estudiantes hasta el Liceo de Villa Rosario, evitando el desarraigo que en otras zonas del país obliga a las familias a irse cuando sus hijos llegan a esa edad. Si esas familias emigran porque pierden su tierra o su fuente de trabajo —tanto propietarios como trabajadores rurales de los predios de la zona—, se destruye un tejido social que hoy es excepcional en la campaña ganadera uruguaya.

A eso se suma el patrimonio histórico, arqueológico y cultural de la zona, que el propio proyecto reconoce al exigir un Proyecto de Actuación Arqueológica. Una vez que esos sitios queden bajo el embalse, la pérdida será permanente.

El costo ambiental tampoco es menor. El proyecto reconoce la necesidad de un Plan de Gestión Forestal y de un Plan de Restauración Ecológica, porque prevé expresamente la tala del bosque nativo y la remoción de comunidades vegetales antes del llenado. También exige un Plan de Gestión de Fauna para rescatar y trasladar animales afectados. Pero rescatar semillas, estacas o individuos y trasladarlos no es lo mismo que conservar un ecosistema maduro, con sus relaciones ecológicas, su suelo y sus servicios ambientales. La restauración puede mitigar impactos; no puede volver reversible una inundación permanente.

Existe además una cuestión que exige evaluación técnica independiente: la eventual incidencia de estructuras geológicas y antecedentes de actividad sísmica en la zona. No corresponde afirmar sin estudios concluyentes que eso pueda provocar el colapso de la presa, pero por la magnitud de las consecuencias posibles debe exigirse que su seguridad sísmica quede demostrada con estudios independientes, públicos y actualizados, incluyendo escenarios extremos aguas abajo.

No nos oponemos a solucionar el problema del agua. Queremos agua segura para Montevideo y la región metropolitana. Lo que proponemos es que ese objetivo se alcance por la vía que produzca el menor daño ambiental y social posible. Antes de inundar un territorio productivo y valioso, deberían compararse públicamente distintas alternativas considerando, en igualdad de condiciones: seguridad hídrica y calidad del agua, seguridad estructural y sísmica, impacto sobre bosques y biodiversidad, tierras productivas, desplazamiento de familias, escuelas y caminos, patrimonio histórico, y costos de mitigación y mantenimiento. No alcanza con demostrar que una represa es técnicamente posible: debe demostrarse que es la mejor alternativa para la sociedad, el ambiente y las generaciones futuras.

Un pedido a la CAF y a la comunidad internacional. Solicitamos a la Corporación Andina de Fomento y a los organismos internacionales que exijan la aplicación rigurosa de sus salvaguardas, y en particular: que se hagan públicos los estudios ambientales, sociales y de seguridad; que se evalúen de forma independiente las alternativas de abastecimiento y el costo irreversible de la inundación; que se audite la seguridad sísmica de la presa; que se analice el impacto sobre los productores y sobre la continuidad de la ganadería; y que se garantice la participación real de las comunidades afectadas antes de adoptar decisiones irreversibles.

Uruguay necesita agua. Pero también necesita conservar sus bosques, sus comunidades rurales y su patrimonio. El desarrollo no debería obligarnos a elegir entre agua potable y ambiente: debe ser posible garantizar agua segura sin sacrificar irreversiblemente el territorio que queremos dejar a las próximas generaciones.

Álvaro Rivadavia