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Derechos humanos: cuando las grandes potencias los convierten en un arma geopolítica. Cuando los líderes mundiales se reúnen en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el sistema internacional de derechos humanos se enfrenta a una prueba fundamental: ¿es posible aplicar principios universales de manera coherente cuando las violaciones involucran a Estados poderosos y sus aliados estratégicos? La cuestión va más allá de los regímenes autoritarios. El historial de Estados Unidos e Israel evidencia una contradicción profunda en el orden internacional de la posguerra: los derechos humanos se proclaman como universales, pero la rendición de cuentas sigue estando fuertemente determinada por el poder geopolítico.
Cuando los derechos humanos se convirtieron en instrumento geopolítico. Los derechos humanos deberían ser universales, pero en la práctica, los Estados poderosos tienden a verlos no como un estándar común, sino como una herramienta en la disputa geopolítica. Utilizan los derechos humanos para condenar a rivales, justificar sanciones, ejercer presión diplomática y promover el aislamiento internacional, pero guardan silencio cuando las violaciones provienen de ellos mismos o de sus aliados.
Estados Unidos tiene desde hace décadas un historial controvertido: apoyó golpes de Estado y regímenes autoritarios en América Latina durante la Guerra Fría, además de prácticas de tortura, detenciones por tiempo indefinido y ejecuciones selectivas después del 11 de setiembre. No es el único: otras grandes potencias también recurren a este mismo expediente, aplicando principios generales de manera selectiva como instrumentos políticos.
Es ahí donde ocurre el daño real. Los derechos humanos pierden toda autoridad moral y política cuando su aplicación depende de la identidad del infractor y no de la naturaleza de la violación. Un gobierno no puede exigir rendición de cuentas a sus enemigos mientras trata acciones similares, cometidas por sí mismo o por sus aliados, como excepciones, necesidades de seguridad o intereses estratégicos. Cuando los Estados poderosos eligen qué derechos importan, los derechos humanos dejan de ser realmente universales y se convierten en una herramienta más de poder.
Examinando los registros de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos también enfrenta problemas internos de derechos humanos. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han documentado serias preocupaciones sobre el trato a solicitantes de asilo, abusos en la aplicación de leyes migratorias, muertes bajo custodia en centros de inmigración, disparidades raciales en la policía y el encarcelamiento, uso continuado de la pena de muerte, restricciones al derecho a protestar y la práctica de detenciones indefinidas en Guantánamo.
En 2026, Human Rights Watch registró 52 muertes bajo custodia del ICE (por sus siglas en inglés de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en los primeros 500 días del gobierno de Trump. Estas constataciones no son solo alegaciones de organizaciones extranjeras. Se basan en registros oficiales, decisiones judiciales, grupos de vigilancia y organizaciones de la sociedad civil.
Israel es un caso emblemático de preocupaciones en materia de derechos humanos. En Gaza, las Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos han documentado más de 50.000 muertes civiles, además de militantes de Hamás —en su mayoría, niños y mujeres—, desplazamientos forzados, destrucción de viviendas e infraestructura, restricciones a organizaciones humanitarias y denuncias de tortura y malos tratos a detenidos.
En setiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU afirmó que autoridades y fuerzas de seguridad israelíes cometieron genocidio contra los palestinos en Gaza. Israel rechazó la conclusión. Paralelamente, la Corte Internacional de Justicia emitió medidas provisionales bajo la Convención sobre el Genocidio y las reafirmó.
Cisjordania también es motivo de preocupación. Un informe de la Acnudh (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) de enero de 2026 alertó que la administración discriminatoria de Israel en los territorios ocupados, incluida Jerusalén oriental, viola obligaciones internacionales relativas a la segregación racial y el apartheid. Human Rights Watch, en 2026, también documentó sistemas legales desiguales, demoliciones, violencia extrema de colonos —frecuentemente apoyados por las Fuerzas de Defensa de Israel— y desplazamientos forzados.
Un estándar para todos y la reconstrucción de las instituciones internacionales de derechos humanos. El aspecto institucional es crucial, ya que la Unrwa (por sus siglas en inglés de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) desempeña un papel central en la ayuda humanitaria y la educación de los refugiados palestinos. Las leyes israelíes que prohíben las actividades de la Unrwa entraron en vigor en 2025, y la ONU denunció dichas medidas. Simultáneamente, Estados Unidos sancionó a varios altos funcionarios de la Corte Penal Internacional y, en setiembre de 2026, preparaba sanciones integrales contra la propia corte. En la Asamblea General de la ONU, el presidente Trump defendió que todas las naciones abandonen la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos también se ha retirado o ha reducido su apoyo a varios órganos de la ONU.
China, por su parte, utiliza el historial estadounidense para desafiar las narrativas occidentales sobre derechos humanos. En agosto de 2025, la Oficina de Información del Consejo de Estado publicó un informe sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos en 2024, abordando violencia armada, discriminación racial, pobreza y desigualdad, inmigración, brutalidad policial, encarcelamiento y acciones externas del país, incluidas sanciones ilegales, operaciones militares, Gaza y Guantánamo.
Los derechos humanos pierden legitimidad cuando se utilizan como instrumento político para castigar a los enemigos con mayor severidad que a los aliados. Arabia Saudita es un ejemplo clásico de esta doble vara de medir por parte de Estados Unidos. La solución pasa por fortalecer las instituciones capaces de investigar a todos según las mismas reglas.
El sistema de derechos humanos no recuperará su credibilidad solo con discursos elocuentes en la tribuna de la Asamblea General. Dependerá de que la comunidad internacional aplique el mismo estándar a todos los Estados, incluidos los más poderosos. Esto implica garantizar la autonomía de la Acnudh, de las misiones de investigación de la ONU, de los procedimientos especiales, de las agencias humanitarias de la ONU como la Unrwa y de la Corte Penal Internacional. Solo queda esperar que los líderes presentes en la Asamblea General de la ONU defiendan el fortalecimiento de los derechos humanos y de las instituciones que los protegen.
Ricardo Martins
Doctor en Sociología, especialista en relaciones internacionales y geopolítica
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