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Libertad individual con sensibilidad social
Quisiera compartir algunas reflexiones motivadas por la columna de Adolfo Garcé publicada en Búsqueda el 13/8/26: “Diez apuntes sobre el discurso de Luis Lacalle Pou”.
Garcé afirma que para Lacalle “la libertad es un valor central” y creo que nadie puede discutir ese punto. Sin embargo, al desarrollar su planteo sostiene que “el principio de la libertad es compartido por todos los partidos uruguayos”, con lo cual la diferencia del Partido Nacional sería solamente una cuestión de énfasis.
Me parece importante detenerse en esa afirmación porque, a mi juicio, la diferencia es bastante más profunda que una cuestión de énfasis.
También para mí la libertad es un valor central. Tanto lo es que merece distinguirse con cuidado de otros conceptos que se presentan bajo ese mismo nombre. Sobre estas diferencias trabajó John Stuart Mill hace mucho tiempo y, más recientemente —en términos filosóficos—, Isaiah Berlin.
No me extenderé aquí sobre los distintos conceptos de libertad. Baste señalar que Berlin mostró precisamente los riesgos que aparecen cuando, en nombre de una determinada concepción de la libertad, se termina justificando que otros decidan qué debería querer o qué sería bueno para el individuo.
Siguiendo, entonces, la invitación de Garcé a tomar en serio las ideologías de los partidos, creo que corresponde señalar una diferencia que en Uruguay muchas veces se soslaya: la libertad individual que históricamente reivindicaron blancos y colorados no ocupa el mismo lugar ni tiene el mismo significado en todas las tradiciones que integran el Frente Amplio.
Cuando sectores de raíz marxista —comunistas, socialistas o buena parte del MPP— hablan de libertad, parten de una tradición intelectual diferente de la liberal-republicana que predominó en los partidos fundacionales.
Para esta última tradición, el sujeto primario de la libertad es el individuo y, por extensión, las comunidades políticas formadas por individuos libres. En las tradiciones marxistas, en cambio, la emancipación de clases, grupos o colectivos ocupa un lugar central y puede entrar en tensión con determinadas libertades individuales.
Por eso, cuando Lacalle habla de unir a quienes piensan de manera semejante, como bien destaca Garcé, parece razonable pensar no solamente en quienes vienen votando fuera del Frente Amplio, sino también en sus sectores moderados, socioliberales o socialdemócratas. Mucho más difícil es incluir dentro de esa misma matriz ideológica a sectores que continúan abrevando en el marxismo y en algunas de sus derivaciones posteriores.
En otro de sus apuntes, Garcé refiere a la heterodoxia planteada por Lacalle: “libertad, pero sin dogmas”, expresión que interpreta como “libertad con sensibilidad social”. Le parece una combinación interesante, aunque considera “lejos de ser obvio” cómo podrían conciliarse ambos valores. Unos votantes, señala, reclamarán acelerar reformas liberales y reducir el costo del Estado; otros exigirán sensibilidad social.
Es justamente allí donde creo que aparece otro equívoco bastante extendido: suponer que existe una tensión necesaria entre liberalismo y sensibilidad social.
Con frecuencia, desde cierta mirada de izquierda se identifica la defensa liberal de la libertad con individualismo económico, reducción del Estado o indiferencia frente a la desigualdad. Pero esa identificación es históricamente y conceptualmente demasiado estrecha.
Las distintas corrientes liberales establecen límites diferentes a la libertad individual y asignan papeles distintos al Estado. Los liberales más próximos a la derecha procurarán maximizar la libertad económica y reducir la intervención y la redistribución estatal. Los liberales de centro o de centroizquierda aceptarán una intervención considerablemente mayor. Pero todos parten de una idea común: los individuos son titulares de derechos que el poder político no puede desconocer simplemente invocando la voluntad, el interés o los fines de una colectividad.
Y el liberalismo contemporáneo tampoco se reduce a defender el derecho de propiedad o la libertad económica. Comprende concepciones que consideran indispensable asegurar a todos los ciudadanos condiciones de vida dignas y oportunidades reales de desarrollo personal.
Confundir liberalismo político con capitalismo de laissez-faire, libertarismo o alguna versión primitiva del liberalismo conduce, por eso, a una falsa oposición. El liberalismo es hoy un paraguas mucho más amplio, bajo el cual conviven liberales clásicos, libertarios, socioliberales, liberales igualitarios, rawlsianos, republicanos y buena parte de la tradición socialdemócrata contemporánea.
También caben allí tradiciones profundamente uruguayas: el batllismo y el wilsonismo combinaron, con diferencias entre sí, una clara defensa de las libertades ciudadanas con una fuerte preocupación social.
Por eso no parece tan difícil conciliar libertad con sensibilidad social. Ya se hizo en el pasado y puede volver a hacerse. Lo hizo el batllismo y, en otra escala y con otro énfasis, también lo hizo el gobierno de Lacalle Pou.
Incluso desde posiciones liberales de centroderecha no existe contradicción necesaria entre ampliar las libertades —incluida la económica— y proteger a quienes se encuentran en situaciones más desfavorables. La propuesta de reducir ineficiencias, estructuras innecesarias y costos del Estado no supone necesariamente reducir la protección social. Puede perseguir justamente lo contrario: conseguir que el Estado tenga los recursos y la capacidad necesarios para cumplir mejor aquello que verdaderamente debe hacer.
Y aquí aparece, a mi juicio, una cuestión política central. La sensibilidad social no consiste solamente en distribuir riqueza. También exige preocuparse por las condiciones que permiten crearla.
Un país que descuida sus motores económicos puede sostener durante algún tiempo buenas intenciones distributivas, pero difícilmente pueda sostener buenos resultados sociales. Racionalizar el tamaño del Estado, mejorar su eficiencia, favorecer la inversión y estimular la creación de riqueza no beneficia únicamente a empresarios o inversores. De ello dependen también el empleo, los salarios, la recaudación tributaria y, finalmente, la capacidad del propio Estado para asistir a quienes más lo necesitan.
La riqueza no se crea por decreto. Y sin creación sostenida de riqueza no hay progreso suficiente ni política social sostenible.
Ese es, quizás, el punto que una concepción liberal con sensibilidad social puede defender como pilar: la libertad no es enemiga de la solidaridad. Bien entendida, es una de las condiciones que permiten hacerla sostenible.
Leonardo Decarlini