El aumento de combustibles

Los números son claros y no admiten eufemismos. La nafta sube 7%, el gasoil 14% y el supergás también 7%. La nafta Súper 95 pasa a costar $ 88,03 por litro y el gasoil $ 57,72. No se trata de una corrección marginal ni de un ajuste técnico inevitable. Se trata de una decisión con impacto directo en la vida cotidiana de los uruguayos, en el funcionamiento de la economía y, especialmente, en el interior productivo.

El incremento del gasoil —14%— no solo es superior al de la nafta, sino que además excede las referencias técnicas que el propio sistema toma como guía. Esto no es menor. El gasoil es el insumo central del transporte, del agro, de la producción. Es el combustible que mueve al país real, el que está lejos de los escritorios y cerca de los costos concretos. Aumentarlo en esos niveles implica, inevitablemente, trasladar presión a toda la cadena de precios. No es una medida aislada: es un efecto dominó que termina impactando en el costo de los alimentos, en los servicios, en la logística y, en definitiva, en el costo de vida de todos.

A esto se suma una comparación que resulta particularmente incómoda en la fecha en la que se adopta la medida. Mientras los combustibles aumentan entre un 7% y un 14%, el salario mínimo nacional creció apenas un 4,1% a comienzos de año. La distancia entre una variable y otra no es solo un dato económico: es una señal política que evidencia, con crudeza, dónde recae el peso del ajuste.

Pero además, esta decisión permite contrastar enfoques. Durante el gobierno anterior, aun en un contexto internacional extraordinariamente complejo —marcado por la pandemia, la disrupción de las cadenas logísticas y la volatilidad del precio del crudo—, se optó en reiteradas oportunidades por amortiguar el traslado pleno de esos aumentos al consumidor final. No se trató de negar la realidad, sino de administrarla con criterios de gradualidad y sensibilidad, utilizando las herramientas disponibles para evitar que los picos internacionales impactaran de forma directa sobre la producción y el trabajo. Esa diferencia no es menor: muestra que, aun dentro de un mismo esquema de referencia técnica, las decisiones pueden orientarse de manera distinta según las prioridades políticas de cada gobierno.

Porque de eso se trata, en el fondo, esta discusión. No de si el petróleo sube o baja, ni de si existen reglas técnicas que orientan la fijación de precios. Se trata de cómo se utilizan esas herramientas y a quiénes se protege cuando las condiciones se vuelven adversas.

Uruguay optó en los últimos años por un esquema que pretende dotar de mayor transparencia al precio de los combustibles, tomando como referencia el Precio de Paridad de Importación. Sin embargo, la aplicación de ese criterio ha sido todo menos consistente. Hay momentos en los que se amortigua el impacto, otros en los que se traslada plenamente y otros, como en este caso, en los que incluso se excede. Cuando la regla cambia según la circunstancia, deja de ser una guía técnica para convertirse, nuevamente, en una decisión política.

Y no hay nada de malo en que lo sea. Lo problemático es que no se lo reconozca como tal.

El gobierno del Frente Amplio llegó con un discurso centrado en la sensibilidad social, en la defensa del bolsillo de la gente y en una mirada más equilibrada de las políticas públicas. Sin embargo, decisiones como esta generan una tensión evidente entre lo que se prometió y lo que efectivamente se hace. Porque cuando el ajuste recae sobre el combustible que sostiene la producción y el trabajo, y lo hace en una magnitud que supera tanto las referencias técnicas como la evolución de los ingresos, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser, inevitablemente, política.

En un día como hoy, esa dimensión adquiere un significado especial. No alcanza con reivindicar el valor del trabajo si, al mismo tiempo, se encarecen de forma significativa las condiciones en las que ese trabajo se desarrolla. No alcanza con invocar la justicia social si las decisiones terminan presionando, una vez más, sobre quienes viven de su esfuerzo cotidiano.

Gobernar implica administrar tensiones, sí, pero también implica elegir. Elegir a quiénes se protege, a quiénes se les exige más y cómo se distribuyen los costos en momentos complejos. Y cuando esas decisiones no se explican con claridad, o se esconden detrás de argumentos que no terminan de cerrar, lo que queda no es la explicación, sino la consecuencia.

Y esa, como siempre, la termina pagando la gente.

Matías Guillama Vidal