En efecto, días atrás, dos noticias vinculadas a nuestro sistema de justicia causaron un fuerte impacto en la sociedad. Por un lado, las declaraciones de la tupamara Lucía Topolansky, afirmando que en los juicios por lesa humanidad hubo testigos que, buscando la prisión para determinados militares, dieron falsos testimonios. Por otro, la conducción a prisión, el mismísimo 24 de diciembre, del Cnel. José María Lete, que a sus 87 años padece dolencias tales como: incontinencia urinaria, inestabilidad en la marcha a causa de una fractura de cadera y EPOC. Ambos hechos revisten singular gravedad, al evidenciar iniquidad jurídica uno, e inhumanidad el otro.
De ahí que los preceptos que rigen la función fiscal anotados, y estas noticias de incuestionable relevancia jurídica, ameriten un sumario análisis sobre cómo viene siendo la actuación de la parte acusatoria en los procesos por delitos de lesa humanidad, que desde el año 2006 se llevan a cabo contra exgobernantes, militares y policías. Vale decir, contra los agentes del Estado que combatieron, legal y exitosamente, al terrorismo marxista que en los 60 y 70 atentó contra las instituciones y el derecho de gentes, y que ahora, paradójicamente, son enjuiciados por causas de “lesa nación”.
Pues bien, en 2018, el entonces fiscal de corte —propuesto por el FA—-, Dr. Jorge Díaz, creó una fiscalía especializada en materia de lesa humanidad y designó al Dr. Ricardo Perciballe López a su cargo. El mismo que, como fiscal de Crimen Organizado, en 2009, fue parte del ignominioso proceso judicial del caso: “arsenal del Cr. Saúl Feldman”. Individuo este, de probados vínculos con grupos de izquierda radical, que durante el pésimo —por antidoctrinario— operativo de su captura: eliminó a un policía, realizó llamadas telefónicas, destruyó evidencias y acabó suicidándose. Pasados 11 meses de investigación, el fiscal solicitó el archivo de la causa, basado en “la inexistencia de elementos probatorios que vinculasen al contador Feldman con cualquier tipo de organización terrorista, o con una red de tráfico de armas”, y en el dictamen de una “pericia psicológica post mortem”, que le atribuyó a Feldman la patología del “síndrome de Diógenes…”; a saber, un acumulador de armamento y material de guerra… Sin duda, un hecho sin precedentes, perfectamente calificable como una barbaridad jurídica, con tonos de abuso de poder y menosprecio a la inteligencia de la ciudadanía toda.
La inacción del Estado en esa ocasión resultó alarmante, dado que más allá de algún escritor en sus libros, ningún integrante del sistema de justicia, legislador o periodista investigó y denunció lo sucedido. ¡Nadie hizo nada!…
Años después, consecuente con esa línea de trabajo y adherido manifiestamente a la doctrina del “derecho penal del enemigo”, que concibe y trata procesalmente al enjuiciado como enemigo, y no como ciudadano, Perciballe, desde que asumió la fiscalía de lesa humanidad en el año 2018, ha enviado a prisión a un ciudadano civil, cinco médicos equiparados, cinco policías y a 56 militares, de los cuales 15 de ellos fallecieron en prisión, con un promedio de edad de 78 años.
Por supuesto, que ante la falta de elementos probatorios sobre los hechos ocurridos 55 años atrás, el fiscal ha expresado públicamente que sustenta sus investigaciones y obtiene sus evidencias con base en: a) “testimonios de víctimas y/o testigos” (unos que ‘escucharon’…, otros que ‘alguien les contó que…’, y algunos que ‘le reconocieron la voz, la risa o el color de sus ojos a…’); b) “asociación de hechos” (deduciendo responsabilidades de personas en forma azarosa, relacionando el caso con acciones anteriores, concomitantes y posteriores a este); y c) “autopsias históricas” (realizadas 50 años después de ocurridos los hechos) lo que finalmente lleva a formalizar a los imputados a partir de deducciones, inferencias y convicción, que por sus edades y por la vía de los hechos terminan condenados a prisión perpetua, cuando no, a muerte. Este accionar lo corrobora el escrito que, con el asesoramiento del doctor y catedrático de derecho constitucional Eduardo Lust, presentaran ante la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2023, los Dres. Rafael Ravera y Viviana Peña, abogados defensores de militares privados de libertad, solicitando que el fiscal Ricardo Perciballe sea apartado de su cargo.
Alegan “interés personal” y “violación contumaz de los principios que rigen la actuación fiscal”, dado que mantiene un vínculo genealógico natural directo, por consanguinidad, con Dardo Maidana Perciballe, integrante del MLN -T que cumpliera prisión en el establecimiento militar de reclusión N° 1 entre los años 1974 y 1983”. Tener parentesco con una “víctima” de aquellos a quienes se encarga de perseguir, excluye la posibilidad de que el señor fiscal evalúe los asuntos de su competencia en forma objetiva e independiente. Es lo que en psicología se da en llamar “sesgos cognitivos”, los cuales actúan como impulsores no conscientes, e influyen negativamente en la forma de percibir las cosas, induciendo a tomar decisiones impulsivas y erróneas, argumentan los doctores. Llama la atención que, pasado más de un año de la solicitud, el fiscal Perciballe aún continúe en funciones.
Otra actuación fiscal que va en ese sentido, por lo deshonrosa, es la de la exfiscal y presidente de la INDDHH, Dra. Mirtha Guianze, quien siendo esposa de un integrante del MLN-T, fue la parte acusadora en los procesamientos de los presidentes Juan María Bordaberry, Gregorio Álvarez, del ministro Juan C. Blanco y de otros tantos militares y policías.
Un caso icónico que prueba el sesgo ideológico o la incompetencia de esta fiscal y el juez actuante fue la formalización y condena del policía Ricardo Zabala, quien tras haber pasado dos años en la cárcel —al igual que el coronel Juan C. Gómez, que pasó tres—, fue absuelto por un tribunal de apelaciones que dictaminó por unanimidad: “La imputación a Zabala carece por completo de prueba incriminatoria, en tanto entendió que las reunidas en el expediente fueron inferidas de una ‘hipótesis’, que en modo alguno se compadece con la verdad material, en cuanto a cómo se produjeron los hechos…”.
Prueba más contundente del sesgo ideológico, de las intenciones espurias y del inmoral trabajo que lleva a cabo “la justicia militante” fueron las expresiones de Guianze, hace unos años, en un coloquio de izquierda radical que analizaba el factor militar: “Es penoso que en todos estos años no se penetró al Ejército con ideas de izquierda…”.
Ahora, reforzando lo que desde hace mucho tiempo es un secreto a voces, el pasado 17 de diciembre impactó la revelación que la tupamara, exsenadora y exvicepresidente de la República, Lucía Topolansky, le hiciera al escritor Pablo Cohen, para su libro Los indomables, afirmando: ”Conozco casos de testigos que mintieron en sus declaraciones, para inculpar y condenar a militares por crímenes de lesa humanidad”; “este tema genera tensiones en algunos sectores de la izquierda…”; “es un asunto muy delicado, que a veces me llena de rabia”. Sus dichos fueron ratificados por su esposo, el expresidente José Mujica.
Las opiniones sobre el asunto fueron muchas y variadas: desde el abierto rechazo, expresado por las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, hasta un prudente desmarque del FA, del PIT-CNT y del presidente electo, Yamandú Orsi. El expresidente Dr. Julio M. Sanguinetti sorprendió con sus declaraciones, al afirmar: “Los dichos de Topolansky no son algo inédito”; “no estamos ante algo sorpresivo, algo que nunca se oyó, ni que nunca ocurrió…”. Estas expresiones, permiten inferir que tenía información al respecto. De ser así, como hombre de derecho, como exmandatario y como referente político por excelencia, cabe preguntarse: ¿por qué no actuó oportunamente?
Pero, sin duda, la opinión más desconcertante fue la del propio fiscal Perciballe, que, consultado al respecto, respondió un tanto desencajado: “Es la opinión de una persona”; "no sé en qué se basó para decir eso, pero, si tiene los elementos, que haga la denuncia”. Tuvieron que pasar tres días para que el fiscal reflexionara e hiciera lo que técnicamente debió haber hecho, que era citar a declarar, inmediatamente, a Lucía Topolansky en calidad de testigo. En resumidas cuentas, de todo lo expresado se concluye que es inocultable el accionar deliberado y decididamente incriminatorio —con rasgos de odio y sed de venganza— motivado por el sesgo ideológico que revelan algunos de los magistrados competentes en las causas de lesa humanidad.
De esto se desprende que el fiscal Ricardo Perciballe, así como el resto de los integrantes de “la manada” —al decir de la Dra. Fossati—, deben ser apartados de una vez por todas de los cargos que, en el sistema de justicia, sean competentes en las causas de lesa humanidad. Los ministros de la SCJ, los legisladores y el señor presidente de la República deben buscar, sin más trámite, solución definitiva a un tema que ya fuera resuelto en el pasado por el legislador, y respaldado de manera contundente por la ciudadanía en dos ocasiones, para evitar el desprestigio en el que cae el Poder Judicial.
Esperemos que así sea…
Cnel. Luis Eduardo Maciel Baraibar
