El desempeño del presidente del BPS

El Dr. Alfredo Cabrera ha vuelto a violar la Constitución de la República, esta vez con verdadera alevosía, al meterse de lleno en la campaña política en contra del plebiscito de reforma constitucional sobre la seguridad social.

Así entonces, no sabíamos hasta hace pocos días para qué estaba Cabrera en la institución, sobre cuya materia es, dicho con todo respeto, un reconocido ignorante. Desde este lunes sabemos que está allí para, usufructuando para otros intereses su poder en la estructura del Estado, meterse de lleno en la campaña en contra del plebiscito. La Constitución de la República en su artículo 77 no deja lugar a dudas: “Los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados (…) deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, (…) de (…) ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. (Como se ve, dice con claridad “político” en general, no limitándose solo a lo partidario).

¿Hay algo más político hoy en el Uruguay que el plebiscito del que todo el país está hablando desde que la ATSS (Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social) y el PIT-CNT empezaron a promoverlo? El tema está en todos los portales informativos de todos los medios de comunicación y es motivo de análisis permanente de todos los politólogos y todas las politólogas.

Desde el mundo del poder político y empresarial especialmente, se insiste cada vez más con que el resultado del plebiscito está pasando a ser más importante que el propio resultado de la elección del futuro presidente de la República. Si esto es así —y creo que no hay dudas de que es así—, el presidente del BPS bajo ningún concepto puede decir lo que dijo este lunes en Arriba gente de Canal 10.

Allí aseguró que personas con causal jubilatoria están retirando parte de sus ahorros de las AFAP, que “es un fenómeno que se está produciendo”, adjudicándolo a “la preocupación” de las personas por perder su ahorro en la AFAP si el plebiscito resulta triunfante. Y para remacharlo agregó: “Lo cual es lógico, porque lo que está arriba de la mesa es una propuesta de que esos ahorros dejen de ser de la persona y pasen a un fondo común, o sea que la persona va a perder ese ahorro, por lo que me parece perfectamente lógico que quiera retirar por lo menos el 9% ante la eventualidad de perder el 100%”.

¿Por qué asusta y miente descaradamente? ¿Y el fideicomiso que se creará por el plebiscito? ¿Y la trazabilidad personal de los aportes que obligatoriamente deberá conciliar el propio BPS? ¿Y las mejores jubilaciones que el BPS por sí solo le pagará a un 96% de trabajadores y trabajadoras que ganan menos de $ 256.821? ¿Y la ley reglamentaria que deberá dictarse interpretando la reforma luego de aprobarse, dando toda la cristalinidad necesaria a algunos aspectos equivocadamente controvertidos por nuestros detractores con la mala intención de embarrar una cancha que es por demás clara?¹.

¿Quiénes están detrás de esta tristísima e indignante opereta? Parece obvio —reitero: con todo respeto— que Cabrera no tiene suficientes luces como para inventar todo esto. Es evidente que desde atrás está el poder (¿qué personas integran ese poder?, ¿quiénes dirigen el “Comando de campaña contra el plebiscito de la gente”?). Porque lo que hay que saber es que el Directorio del BPS en ningún momento ha aprobado un informe con los “números” que Cabrera, Saldain y otros opositores manejan como hechos por el organismo, y que incluso a veces nosotros mismos hemos considerado como hipótesis en el debate. El propio gerente general, Repetto, le contestó por correo electrónico a uno de los integrantes del Directorio del BPS que “los números que se manejan no salieron de acá”. ¿Y entonces de dónde salieron? ¿Qué cabeza craneó los “supuestos” jurídicos de los distintos puntos? (Que se sepa, no se le pidió ningún informe previo a la elaboración de las proyecciones tampoco a la Asesoría Jurídica).

Lo anterior genera una situación que en verdad es insostenible desde el punto de vista institucional. Por mi parte, he podido confirmar con mis excompañeros y excompañeras que durante el proceso de elaboración de lo que terminó siendo la Ley 20.130 el propio Saldain “se instaló en el edificio nuevo”, donde está la Asesoría General de la Seguridad Social, “como si fuera un jerarca más”, y muy probablemente debe haber sido él quien formuló esos disparatados supuestos con base en los cuales dicha asesoría terminó haciendo números en el BPS, reitero, sin pasarlos en ningún momento por el directorio.

Obviamente también, como fueron disparatados, los números que de ellos se derivan son los que se están tomando como “base técnica” del “impuestazo” del que ahora hablan Saldain² y otros integrantes del coro del poder achuchado por el plebiscito, tremendamente preocupados porque, aun cuando la campaña por el Sí de la papeleta blanca recién empieza, las encuestas cada vez más están mostrando una fuerte disposición de nuestros compatriotas para aprobar la enmienda constitucional.

Hay que salvar lo que parece insalvable. Resumiendo: el Dr. Alfredo Cabrera debería ser destituido de su cargo por ser absolutamente inepto para ocuparlo, por inmiscuirse en una campaña política que le está vedada y por permitir que una persona ajena al organismo como Rodolfo se haya instalado en oficinas de dicho organismo para dirigir y orquestar el flechado de la cancha para que los números que se terminaron presentando al Parlamento y que se manejan públicamente hayan sido hechos sin pasar por el Directorio del BPS, que, bueno es recordarlo siempre, es el único ente autónomo nombrado como tal en la propia Constitución de la República.

Solamente así podremos estar tranquilos de que un tema crucial para el país será definido por nuestra población en condiciones de elegir con verdadera libertad, sobre datos reales y sin proyecciones que solo existen como parte de un terrorismo verbal e ideológico que nada bien nos hace como democracia. Solo extirpando del Estado a los incapaces podremos los ciudadanos y las ciudadanas sentirnos a salvo de cualquier atropellamiento. No hacer nada que corrija estos enchastres significa lisa y llanamente elegir querer ser un país “de cuarta”, debilitando nuestra coexistencia como colectivo nacional: cosa que —claramente— nuestro pueblo no se merece en absoluto.

Adolfo Bertoni

Expresidente de la ATSS

CI 3.289.304-5

Notas:

¹Sobre este punto desde la Comisión Afirmá tus Derechos se ha insistido en que, de ser necesario, en el momento de tratarse la ley reglamentaria e interpretativa se promoverá la inclusión de un artículo que asegure que no habrá menoscabo tampoco de este beneficio vigente (dicho sea de paso: para unos pocos).

²Tal vez como reacción extemporánea a la paliza intelectual —y de alta y muy fina política social y pública— que le dio la presidenta de ATSS, Karina Sosa Mahr, en el programa Periodistas de Canal 5 hace ocho días.