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    El Frente Amplio y Cuba

    Sr. director:

    La reciente visita de Fernando Pereira al dictador Miguel Díaz-Canel reviste una gravedad especial, porque no lo hizo a título personal, sino en calidad de presidente de una fuerza política que representa a casi la mitad del Uruguay y que hoy ocupa el gobierno nacional.

    Se disfraza de un “apoyo al pueblo cubano” cuando en realidad se trata de solidaridad ideológica con el régimen sangriento que lo somete desde hace casi 70 años. Miles de cubanos “desterrados” de su patria y que hoy intentan sobrevivir en Uruguay son prueba viva de esa tragedia.

    Antes de hacer un viaje al Caribe, debería reunirse con ellos y preguntarles qué necesitan. Pero no. Prefiere ir a hacer diplomacia “de comité” a la isla, y fundirse en un cálido abrazo con el dictador que mantiene llenas las cárceles de prisioneros políticos, viola sistemáticamente los derechos humanos y somete a las familias cubanas a hambruna, falta de medicamentos y ausencia total de libertades de un sistema policíaco. Un despliegue de obsecuencia a favor de la dictadura cubana, la más longeva de Latinoamérica, y todo para lucir a los cuatro vientos la “fidelidad a los principios de izquierda” de la coalición que preside.

    ¿Qué “principios”? ¿La total falta de libertad? ¿El sistema de “partido único”? ¿Las persecuciones y los encarcelamientos por disentir con el gobierno? ¿La corrupción institucionalizada en el poder, cuyos dirigentes se enriquecen mientras los cubanos mueren literalmente de hambre y enfermedades?

    ¿Esos principios, Pereira? ¿Sabe qué definen? Terrorismo de Estado, puro y duro. Usted y quienes lo acompañaron, ¿apoyan el terrorismo de Estado? ¿O, como cuando maquillan a la dictadura cubana con eufemismos tales como una ‘democracia diferente’”, intentarán clasificar ahora terrorismos de Estado, en buenos o malos? Con su representatividad política, ¿quiere decir que, por extensión, el Frente Amplio comparte esos principios?

    Lo desafío a que realice una encuesta. Quizás se sorprenda.

    Muchos pensamos que la dirigencia es rehén de “núcleos duros” que condicionan sus decisiones, obligándolos a mantenerse aferrados a “consignas” ya demolidas por la realidad y la historia. Expresiones políticas minoritarias de naturaleza autoritaria, poco democráticas, que forzaron, por ejemplo, a desconocer al soberano aplastando su voluntad, no una vez, sino ¡dos!

    De esa manera, se aseguraron que en nuestro país persista una herida abierta que aún hoy sigue sangrando y que, mientras no cierre y cicatrice, nuestra sociedad jamás hallará la paz que merece, necesita y reclama.

    ¿Sus objetivos? Ellos los conocerán. Nuestro objetivo, el de la enorme mayoría del pueblo: la paz definitiva.

    Hoy se habla de que en Uruguay vivimos una “democracia plena”, ¿es así, cuando aún no se enmendó el haber burlado la voluntad del soberano en reiteración real?

    En un sistema democrático como el nuestro, ¿existe algo superior al voto soberano? Pues dos veces se pronunció en las urnas sobre un mismo tema, y en ambas confirmó su voluntad de mantener la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

    El hecho de que una mayoría circunstancial en el Parlamento haya “torcido” el brazo constitucional de la ciudadanía nunca será una “victoria”, siempre será una culpa que más temprano que tarde se deberá redimir por la salud democrática de nuestro querido país.

    Por estos días se conoció una misiva firmada por una treintena de legisladores del Parlamento Europeo y dirigida a nuestro presidente Yamandú Orsi, en la que expresan su preocupación por la ausencia de medidas que conduzcan al restablecimiento de la ley de caducidad (votada por una mayoría parlamentaria democrática) y ratificada dos veces por el soberano.

    En la misiva, también exigen la “liberación inmediata del personal militar, policial y civiles actualmente detenidos —personas a quienes consideramos “presos políticos” en el actual contexto— así como el cese inmediato de todos los procedimientos judiciales en curso y futuros que contravengan el espíritu y las disposiciones de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.

    Más allá de la cantidad de firmantes, este hecho no tiene antecedentes, más aún proviniendo de legisladores de países democráticos europeos.

    Esta semilla de preocupación ya está sembrada en el seno del Parlamento Europeo, donde están representadas naciones que padecieron los conflictos bélicos más sangrientos de la historia —¡holocausto incluido!—, con millones de víctimas, tanto muertos como desaparecidos, mutilados, torturados, abusados, etc., civiles y militares, mujeres, hombres, niños, ancianos…

    Es una excelente oportunidad para que nuestro sistema político, haciendo gala de un auténtico “coraje democrático”, restablezca la democracia plena para definitivamente encontrar la paz, a pesar de unos pocos, los de siempre.

    ¡Que así sea!

    Cap. (r.) Claudio Drago