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Es incuestionable que el plebiscito por el que se pretendió reformar la Constitución en materia de jubilaciones y pensiones ocupó un lugar muy importante durante la campaña electoral que culminó en las recientes elecciones.
La propuesta de esa reforma planteada por el PIT-CNT y apoyada por los partidos Comunista y Socialista y también por otras facciones de izquierda fue motivo de muchos e intensos debates.
La dirigencia del Frente Amplio (FA) si bien no apoyó la iniciativa tampoco hizo campaña en su contra. Como partido político declaró la libertad de acción de sus votantes en un tema de incuestionable trascendencia que, además, requería de conocimientos técnicos específicos para poder discernir las consecuencias de su aplicación.
Tan es así que más de un centenar de profesionales universitarios frenteamplistas emitieron un comunicado en el que exponen los efectos negativos que se producirían en caso de aprobarse la iniciativa. Por su parte, los dirigentes de la coalición republicana hicieron intensas campañas para que la reforma no prosperara.
Luego de realizado el escrutinio quedó probado el contundente rechazo de la ciudadanía a la iniciativa. Votó por el Sí menos del 40% (939.826 votos), mientras que no lo hicieron 1.459.147, esto es, más del 60%.
A la luz de los principios y las normas por los que se rigen los sistemas democráticos, con este resultado el tema habría quedado laudado.
No obstante, por la existencia de determinados antecedentes, como así también de recientes declaraciones de relevantes actores políticos, resulta necesario hacer las siguientes consideraciones.
Al respecto no pueden desconocerse las declaraciones que el candidato del FA Yamandú Orsi realizó en el informativo de Canal 12 al día siguiente de las elecciones. Dijo que si era elegido presidente atendería el mensaje que significaba el casi millón de votantes que se habían pronunciado a favor de la reforma. Es esencia de la democracia respetar las minorías. Pero ello no implica desconocer los derechos de la mayorías. ¿Acaso se propone obtener mediante la ley lo que la ciudadanía no aprobó en las urnas? ¿Acaso se pretenderá seguir ese camino basándose en la mayoría obtenida en el Senado? Sería hacer, otra vez, lo mismo que el FA ya hizo para derogar la “ley de caducidad”. En aquel caso, pese a que, con su voto, la ciudadanía había ratificado su vigencia en un referéndum y un plebiscito, separados entre sí por 20 años, el FA hizo una “violación retrospectiva de la voluntad popular” (Leonardo Guzmán, El País, 1/11/2024).
Esta posición de Orsi no difiere esencialmente de lo que, en su presencia, días antes había expresado su jefe de campaña electoral, el senador Alejandro Sánchez del MPP, quien manifestó que el programa del FA incluye la nacionalización de las AFAP.
Asimismo, en reportaje publicado por Búsqueda, en su Nº 2.300, de 31 de octubre de este año, Gabriel Oddone se refirió ampliamente a este tema. Es uno de los profesionales frenteamplistas que suscribió la declaración pública contraria a votar la reforma constitucional y ha sido postulado para ser ministro de Economía y Finanzas si Orsi resulta electo presidente. En el referido reportaje sostiene que no cree que “gane quien gane la elección del 24 de noviembre pueda ignorar que un 40% de la población votó a favor de una papeleta proponiendo cambios importantes. Este es un mandato que el próximo gobierno va a recibir”.
Lo que aparentemente no ha sido tenido en cuenta por quienes han sustentado el propósito de contemplar a la minoría de casi el 40% que votó a favor de la reforma es que las leyes que modifiquen beneficios jubilatorios requieren para su aprobación la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución.
O sea que, aunque se cuente con la mayorías parlamentarias necesarias, si no existe voluntad del Ejecutivo, no es posible modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente.
Según lo expuesto, ello podría ocurrir si Orsi ganara la segunda vuelta.
Por el contrario, si quien gana es Delgado, lo previsible es que se mantenga el actual sistema, ratificando, así, la ventaja de 519.321 votos obtenida en el plebiscito por quienes no votaron por reformar la Constitución.
