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Uruguay no tiene petróleo ni gas. Su recurso más valioso es la reputación de buen pagador, que defendió en 2003, cuando en plena crisis eligió canjear su deuda en lugar de caer en default, y que coronó en 2012 al recuperar el grado inversor. Ese sello nos permite endeudarnos barato. Y como toda riqueza fácil, corre el riesgo de convertirse en nuestra propia “enfermedad holandesa”.
El término nació en los Países Bajos: el gas de Groningen llenó al país de divisas, apreció su moneda y debilitó a su industria. En Uruguay, los dólares que entran por deuda cumplen el mismo papel. Entre enero de 2020 y marzo de 2026 los precios subieron 47% y el dólar apenas 7%, según el Ec. Jorge Caumont. El país se encareció casi 40% en dólares, y lo pagan quienes producen y exportan.
Los números fiscales son elocuentes. El déficit ronda el 4% a 4,7% del PIB y, como resume el Ec. Juan Carlos Protasi, “el déficit básicamente es pagar intereses”: aun antes de pagarlos, el Estado ya gasta más de lo que recauda. Para cubrirlo, este año hay que salir a pedir al mundo unos US$ 6.890 millones (MEF). Entre 2019 y 2025 la deuda del sector público pasó de unos US$ 37.000 millones a US$ 64.100 millones, un 73% más, mientras la economía medida en dólares creció 37%. La deuda creció el doble que la economía y ya ronda el 75% del PIB.
Nada de esto es nuevo; lo nuevo es que ya no quedan excusas. Se crearon impuestos (a la renta de activos financieros en el exterior, el impuesto mínimo complementario, el IVA a compras web) y el déficit no baja, porque el gasto sigue creciendo por encima de la inflación. Tampoco es responsabilidad de un solo partido: el Cinve documenta que los gobiernos uruguayos, desde la posguerra, aumentan el gasto antes de cada elección. Entre setiembre de 2022 y setiembre de 2023 el déficit pasó de 2,6% a 4,3% del PIB, sin que la regla fiscal lo impidiera.
La razón es incómoda, pero hay que decirla: corregir cuesta votos, y el sistema político ha preferido conservar el poder antes que cuidar el futuro. Al contribuyente se le piden nuevos impuestos, pero la cantidad de legisladores, los cargos de confianza o las empresas públicas deficitarias no se discuten. No sorprende entonces que los residentes uruguayos tengan depósitos e inversiones en el exterior por US$ 61.862 millones, cerca del 79% del PIB (MEF, 2023). Los uruguayos no desconfían solo del peso: desconfían de sus políticos.
Hoy tenemos el riesgo país más bajo de la región. Pero si un shock externo, que nadie puede prever, nos hiciera perder el grado inversor, la deuda se encarecería justo cuando más la necesitamos, y la espiral de pedir prestado para pagar intereses se volvería insostenible. El shock vendrá de afuera; la vulnerabilidad la estamos construyendo adentro.
Hay caminos, todos difíciles: terminar con las pérdidas de las empresas públicas deficitarias, reducir el número de legisladores, bajar el gasto operativo del Estado y revisar cada año todo el presupuesto, no solo el 1% que hoy realmente se discute, según Ceres.
Escribo pensando en los uruguayos que hoy tienen entre 30 y 50 años. Cuando les toque conducir el país, desde el lugar que sea, heredarán una deuda que no contrajeron y un tsunami de iliquidez que nadie quisiera que ocurriera. La pregunta para el sistema político es simple: ¿quién va a tener el coraje de cambiarlo?
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