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¿Qué haría la coalición republicana ante una “embestida baguala” de la izquierda? A quien le quepa el sayo que se lo ponga. El pasado domingo 27 de octubre, cuando la ciudadanía se expresó libre y soberanamente para elegir un nuevo Parlamento y aceptar o rechazar el plebiscito (impulsado contra vientos y mareas por el sindicalismo uruguayo) sobre la reforma de la seguridad social, el monarca absoluto de la democracia, el pueblo uruguayo, con un 60% de voluntades dijo rotundamente No.
Sin embargo, y conforme a la habitualidad y fatuidad con que la izquierda nos ha permeado desde siempre, ya a partir de esa misma jornada se empezaron a oír declaraciones de sindicalistas, adláteres en general del Frente Amplio (FA) y de dirigentes políticos de primer nivel (con sus candidatos a presidente y vicepresidente a la cabeza, nada más y nada menos), insinuando —o planteando, diría yo— su intención de rever, interpretar, contextualizar (cabrían aquí varios verbos más con aproximado significado pero todos orientados con un fin común: objetar la voluntad del pueblo), cual “supremo tribunal superior”, lo que una amplia mayoría ciudadana negó categóricamente en las urnas.
Cada uno puede darle a esa conducta la interpretación que desee, pero permítaseme descodificarla a la luz de conocidos antecedentes, que enseguida recordaremos: es una reacción contenida en el ADN de la izquierda que responde al mandato de la desobediencia cuando las causas son contrarias a sus propósitos.
Deberíamos recordar (una vez más, ¿y van?) con franqueza, sin desvíos retóricos, sin prejuicios y sin eufemismos, cuando el FA encontró fértil campo de orégano en el Parlamento (disponían entonces de mayorías que, aunque circunstanciales, las emplearon cual “mayorías constitucionales”), dándose el lujo de “traducir” a través de la ley interpretativa 18.831 de noviembre de 2011 aquellos dos sendos pronunciamientos populares de 1989 y 2009 sobre la “ley de caducidad” que resultaran contrarios a sus conveniencias e intenciones.
Entonces, ¿alguien puede creer con sensatez que aquel antecedente de la ley referida significó un hecho legislativo violatorio de la Constitución esa única vez y por “causas específicas” al tratarse de la “ley de caducidad”?
Si aceptamos que el sinceramiento prime, estimo fácil darse cuenta de que el FA reiterará el alcance en su reconocida actitud (¿y por qué no sumarle su ya innata aptitud para estos procedimientos a la luz de su “rico historial”?). Ya está de hecho prometiendo —de ganar el balotaje— no dejar pasar la ocasión de revisar este nuevo error de la ciudadanía (“las mayorías también se equivocan”, recordemos dijo alguna vez el doctor Tabaré Vázquez) y concretar la reforma del sistema de la seguridad social a su antojo y medida.
La faceta cardinal aquí no sería lo que la izquierda está dispuesta a concretar, el medular problema es el que tiene forma de cuchillo con dos filos.
Uno, como mojón inicial, es que en noviembre el FA tome las riendas y se quede con los cinco próximos años de gobierno y, más allá de mayorías hoy algo equilibradas, consiga adhesión de sectores que apoyen esa consigna transgresora. Convengamos además que no solo parte del FA ensobró la papeleta blanca por el Sí, sino también otro sector hoy novedoso y radical, y con llamativa representación parlamentaria, convocó por similar causa.
Y el otro, como sustancial “contribución” para que la izquierda logre concretar su meta, lo constituiría —por segunda vez— una actitud indulgente que adoptara la coalición republicana. Cabe agregar aquí que el campo de orégano hallado y referido más atrás no solo se debió a las mayorías usadas a su conveniencia, sino a otro factor sustantivo que resultó peligrosamente permisivo: el absoluto quietismo silencioso sin elemental rebeldía que el grosero atropello a la Constitución exigía de los partidos políticos (Nacional y Colorado), mayoritarios en la oposición en ese año 2011.
Para terminar, por favor, ¡mucho cuidado!, los ciudadanos demócratas auténticos de este país merecemos y demandamos que la coalición republicana conteste objetivamente: ¿qué hará de concretarse la conjetura fundada que hemos planteado aquí?, porque el problema no será de quien proceda fuera del derecho acorde a sus propósitos, sino de quienes no procedan a evitarlo. Ya conocemos las consecuencias cuando el FA logra plasmar la figura jurídica de res judicata (cosa juzgada).
Lo del comienzo: a quienes pudiera corresponderles sería más que prudente sacarse medidas para el respectivo sayo.
