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La actividad política se ha tornado prolífica en desencuentros y enfrentamientos, en tanto crece el clima electoral y se reclaman posiciones firmes sobre los temas de discusión pública.
Aumenta la confrontación en la prensa y en los actos políticos, y con mayor virulencia en las redes sociales. Comunicar las diferencias entre los partidos y destacar las virtudes de las propuestas propias pasa muchas veces por denostar aquellas que presentan los adversarios, aunque sin profundizar demasiado en los méritos de unas y otras.
La campaña electoral es breve, y se buscan los golpes de efecto por encima de las propuestas, dentro de un debate sui generis que ha sido planteado en condiciones menos tradicionales. Sin embargo, esa pirotecnia no asegura que los electores resulten finalmente convencidos de brindar su apoyo, e incrementa el distanciamiento entre los bandos en pugna, cuyos delegados luego tendrán la responsabilidad de aprobar políticas y otras decisiones relevantes para todos.
Más allá de esas características, la democracia uruguaya es robusta y se ha convertido en un faro de inspiración. Elecciones libres, sucesivos gobiernos de opinión y garantías constitucionales afianzadas para los derechos humanos son valores excepcionales en una región latinoamericana donde escasean en varios países. Cuidar la salud de esa democracia compromete a todos los ciudadanos con el propósito de mantener ese diferencial positivo.
Luego de haberse superado los oscuros tiempos dictatoriales, todavía falta consolidar una cultura política programática apoyada en acuerdos nacionales sobre los asuntos que restringen el camino de sostenibilidad para el crecimiento y el desarrollo. El posible listado ultrapasa los períodos de gobierno e incluye importantes pilares estructurales de la vida nacional.
Entre otros, esos asuntos refieren a la pobreza infantil, la desigualdad, la educación, la criminalidad, reformas y desregulación del Estado, innovación e inserción internacional, y probidad y transparencia en la función pública. Continúan buscándose respuestas para ellos mientras, al mismo tiempo, deben enfrentarse barreras que obstaculizan la discusión política más fructífera.
Se necesitan mayorías construidas sobre puentes simbólicos para poder pasar por encima de las grietas originadas en preconceptos ideológicos o espirituales del pasado, que algunos dirigentes siguen agitando como mecanismo legitimador.
En seis años se cumplirá el bicentenario de la Constitución y del primer gobierno nacional como país independiente. Con ese horizonte y un patrimonio cultural acumulado, es bueno asumir que existen instituciones eficaces, partidos políticos fuertes y grupos de interés conscientes de su rol para interactuar con el poder democrático.
Pero, además, se necesitan líderes políticos con prospectiva ambiciosa para poder ver más allá de las limitadas pasiones cortoplacistas.
Las campaña electoral se concentra en las figuras de los candidatos presidenciales. Pero no debería olvidarse que también se eligen los representantes para ocupar las bancas del Parlamento: la institución responsable de tejer acuerdos que acerquen los diversos intereses sin empantanarse en radicalizaciones inconducentes.
Así es como opera el procedimiento parlamentario con sus controversias dialécticas, y en ese rumbo suele posponerse lo que estorba a la unión en favor de lo que contribuye a ella, como plantea Hans Kelsen cuando promueve las “transacciones” parlamentarias para fijar una línea media entre los intereses opuestos y sintetizarlos hacia el bien común.
Las elecciones pasarán pronto, y de ellas emergerá un nuevo gobierno democrático que no podrá desconocer ni sepultar el importante acervo de realizaciones gubernativas, ni tampoco postergar una agenda temática que requiere atención y acciones eficaces en forma rápida. Esa agenda puede llevarse adelante mediante acuerdos y transacciones, y no desde barricadas arraigadas en resentimientos inoperantes que frenan la evolución del país.
