El gobierno de coalición mostró una ruptura ideológica contundente con su pasado. Se acercó muy poco al modelo económico de corte liberal que caracterizó a los gobiernos más recientes de partidos fundacionales encabezados por Lacalle Herrera o Jorge Batlle. Incluso se distanció de los principios liberales esbozados en su propio programa de campaña, como el recorte sustantivo de gasto público, que en realidad terminó aumentando.
La identidad ideológica del gobierno ha sido fluida. Incrementó, como haría cualquier buen gobierno de izquierda de libro de texto, las partidas para el Mides y apostó fuerte a la relación bilateral con China. En un controvertido discurso en la Fundación Libertad dijo que el Estado debía “hacer piecito” a los más necesitados. Al mismo tiempo, como haría cualquier gobierno de derecha, mejoró el clima para hacer negocios, tildó a los empresarios de “malla oro” y apostó por reforzar la matriz innovadora y productiva.
Esta fluidez es entendible a la luz de la historia. El modelo neoliberal que implementaron los gobiernos de Lacalle Herrera y de Jorge Batlle no ayudaron a reducir los niveles de desigualdad y exclusión de la sociedad uruguaya. Ello dejó servido el gobierno a un partido con mayor inclinación social. El Frente Amplio logró la caída de los índices de desigualdad como el Gini (más allá de que una parte de la caída del Gini fue común a la región). Pero su “modelo” no logró desarrollar crecimiento sostenido de oportunidades y empleo: cuando finalizó el ciclo de altos precios de las materias primas (en el tercer mandato) se perdieron 50.000 puestos de trabajo con el clima para hacer negocios en mínimos históricos.
Esta identidad del gobierno no produjo cambios fundamentales en las fortalezas y debilidades de su legado. Uruguay no parece lograr trascender del dilema entre crecimiento e inclusión. Hay dinamismo, crecimiento de empleo, clima de oportunidades, pero no se logran reducir la desigualdad ni la exclusión.
La amarga dicotomía entre favorecer el crecimiento o apostar a la inclusión debería evitarse. Si Uruguay no escapa rápidamente de esa trampa, se expone al riesgo de seguir tendencias internacionales del crecimiento de movimientos extremistas y antidemocráticos.
La incapacidad de alcanzar crecimiento con equidad no es casual: es una consecuencia directa de las matrices ideológicas que han marcado el accionar de los partidos hasta ahora. La ideología de centroderecha, en toda su idealización romántica del mercado, no prestó debida atención a las fallas de dicho mercado. La centroizquierda, con su romantización del Estado, ignoró las deficiencias de este. Ciegos ante el fundamental rol de ambos pilares de la política económica, unos fueron impotentes ante la exclusión que genera el exceso de mercado, los otros lo fueron ante el estancamiento que causa el exceso de Estado. El estancamiento es terreno fértil para la desesperanza y la exclusión lo es para la crispación.
Trascender dicha dicotomía requiere por lo tanto un abandono decisivo de los dogmas predominantes. Las ideologías en las últimas décadas intoxicaron la política por divisiones de clase o colectivos y desperdiciaron el pleno potencial de la sociedad. La izquierda construye tradicionalmente un relato que mira todas las dialécticas relevantes de este tiempo desde el prisma del abuso de poder o explotación (empresarios/trabajadores, hombres/mujeres, Estado/mercado, cultura/industria, tradición/innovación, heterosexuales/homosexuales) y queda preso de su propio relato e ignora la importancia de explotar al máximo el potencial de todos los integrantes de la sociedad y de las bondades de la cooperación entre las personas más allá de sus propios intereses.
En Uruguay, el ejemplo más paradigmático es quizás que la legítima defensa de los derechos de los trabajadores fue perseguida con un foco tan exclusivo en posibles abusos empresariales que fue ciega al posible abuso del trabajador, lo cual permitió excesos como las ocupaciones, que pulverizaron los incentivos a invertir.
La derecha tradicional tampoco ha estado exenta: demoniza al Estado, a sus servidores públicos y a los sindicatos, todos agentes fundamentales en la inclusión social. A su vez ha desacreditado las manifestaciones culturales como improductivas y costosas, desde una visión de la productividad ajena a las necesidades humanas de sentido de la vida que tienen en lo cultural y la construcción de ciudadanía su principal anclaje (una sensibilidad que en algunos lugares comienza a recoger la extrema derecha).
Oscilamos entre la necesidad de abandonar los viejos dogmas y la imposibilidad de construir lo nuevo. Respecto a lo primero, basta recordar las elecciones internas pasadas, donde las corrientes tradicionales dentro de los partidos fundacionales, corrientes que contaban con los anclajes ideológicos más claramente definidos, perdieron todas. El wilsonismo (Gandini), el herrerismo (Raffo), el quincismo liberal (Gurméndez) y el batllismo socialdemócrata (Silva y Viera) perdieron, y perdieron feo. En el Frente Amplio, las opciones ideológicas de izquierda más rígida sufrieron también una contundente derrota. Ganaron los candidatos más pragmáticos, eclécticos y difíciles de encasillar ideológicamente.
Sin embargo, la campaña posterior ha sido deficitaria en ofrecer elementos concretos de nuevos relatos. Las estrategias, en línea con los estrategas políticos latinoamericanos de moda, parecen enfatizar en conectar con el votante a través de ataques permanentes al rival (“campaña negativa”), imágenes, emociones, narrativas orientadas a microsegmentos de la sociedad y la exaltación permanente de la figura del candidato. No exaltan sistemas de ideas, no crean un nuevo relato. Tampoco exaltan un modelo de país de referencia: la derecha se queda sin EE.UU., que cada vez muestra más fracturas como sociedad, y Chile, que vio tambalear su modelo de desarrollo. La izquierda se queda sin una Europa cada vez más estancada y con líderes regionales de izquierda que oscilan entre lo inefectivo y lo vergonzoso.
El nuevo relato debería como objetivo fundamental evitar la construcción de enemigos y la glorificación de colectivos. Este enfoque da margen a mayor armonía social, descansa en una inquebrantable fe en el potencial del ser humano, sin importar el colectivo al que pertenezca. Debe ser explícito en la necesidad de condenar aquellos casos específicos en los que empresarios, trabajadores, hombres u otros grupos oprimen o toman ventaja de otros colectivos o del ecosistema. Se emancipa de Marx y su lucha de clases, pero también de Ayn Rand y Hayek, rechazando la glorificación del empresario simplemente por serlo.
El eje identitario fundamental debería transicionar desde esta nociva promoción de colectivos hasta la promoción de virtudes. Hay un esfuerzo de proyectar virtud personal que estuvo presente en Lacalle Pou (autenticidad en confesar uso de drogas, aplomo para lidiar con adversidades y cercanía con la población) y ahora está más presente en Ojeda. Hay un esfuerzo de los líderes en ofrecer renovación a través de mayor pluralidad, fluidez. Pero este eje debería ser trascendido por otros.
Debería focalizarse en la virtud de la clase política en su conjunto y el servidor público como actor clave de la democracia, renovando así el contrato social entre gobernados y gobernantes. En medio de la creciente popularidad del discurso extremo de los Trump/Milei, muy críticos con el establishment político, el nuevo relato podría enfatizar virtudes fundamentales como las siguientes:
- Flexibilidad. Un ángulo clave del nuevo relato es que no debería sufrir de preconceptos con respecto al rol del Estado en diferentes áreas. Debería transicionar desde el tradicional debate de gobierno grande o chico a gobierno inteligente o virtuoso. El Estado ha tendido a ser torpe en América Latina, debilitado por una tendencia al clientelismo, común a izquierdas y derechas. En este contexto, un foco clave de reformas debe ser la reforma del Estado, el fortalecimiento de diseño institucional, la necesidad de mayor planificación y evaluación de políticas, la gobernanza de empresas públicas, la atracción proactiva de talentos, asegurando la existencia de un gobierno focalizado, eficiente y competente.
- Balance entre coraje y prudencia. El nuevo relato debería entender como un eje central de la política no ceder ante grupos de presión que representan una carga sin retorno para la sociedad. Se eliminan las prebendas o los subsidios no estratégicos que distorsionan el mejor uso de las fuerzas productivas y generan descrédito en la política (ejemplo: producción de portland a pérdida por décadas). Pero evita la estridencia y las dislocaciones causadas por reformas demasiado aceleradas como en el vecino país.
- Balance entre competencia técnica y destreza política. Debería valorar el rol de los militantes partidarios en el quehacer político, máxime las instancias electorales, y ser plural en la conformación de sus cuadros políticos y técnicos para presentarse frente a la ciudadanía con un híbrido que enamore. Sin embargo, no recae en las viejas prácticas clientelistas de captar el Estado como agencia de recursos humanos para militantes y valora la competencia y la experiencia al momento de asignar los funcionarios en ministerios y entes públicos.
- Visión estratégica. Debería tener una visión clara de lineamientos estratégicos y actuar en consecuencia. No existen balas de plata para solucionar los problemas, sino un accionar consistente y determinado de medidas que constituyen pasos incrementales en una misma dirección.
Un prometedor nuevo relato de centro puede expandir el foco en las virtudes aun más allá del candidato y la clase política. Puede también incorporar de forma contundente el fomento de aquellas virtudes que nos unen como comunidad toda. Este encare recoge una antigua tradición en filosofía política desde Aristóteles y los estoicos. Impulsa políticas públicas que generen incentivos para que afloren virtudes ciudadanas: la capacidad de innovar, tomar riesgos, tener una vida saludable, adquirir nuevas habilidades a lo largo de la vida, tener compasión y valorar la sostenibilidad en todos los ámbitos.
Además de fomentar la virtud, debería condenar el vicio. Debería transicionar desde la condena de colectivos hasta la condena de abusos, vengan de donde vengan. Desprovisto de sesgo antitrabajador o antiempresario, el nuevo relato daría un marco a políticas públicas que logren un equilibrio entre generar incentivos a la inversión y la necesaria protección social, alcanzando así finalmente el esquivo objetivo dual de más crecimiento con más inclusión.
Podría comprender la importancia del virtuoso fortalecimiento de la cohesión social y los lazos que unen a la comunidad. Debería tomar nota de una creciente sensibilidad y revitalización de la defensa del localismo y las tradiciones a escala global, pero no caer en dañinos nacionalismos exacerbados del pasado. Podría reconocer que la agenda liberal puso muy poco énfasis en las necesidades básicas de pertenencia y propósito de la sociedad. Se cree en el rol de la cultura y su importancia, tanto tangible como intangible, en la creación de una ciudadanía activa.
Estos son algunos elementos importantes y habrá sin duda varios otros. El objetivo fundamental debería ser, más allá de estilos personales, la articulación de una nueva política que permita renovar el contrato entre la ciudadanía y sus representantes, con una visión de país dinámico, inclusivo y esperanzador.
Pepe Meursault y Haroldo Reyes
