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Con relación al reportaje del pasado 7/9 con título La Liga Marítima acusa..., un lector desprevenido como el suscrito podría pensar que el contenido del reportaje trata sobre una opinión oficial de dicha entidad acerca del gobierno y su política portuaria.
Pero no: en ningún lugar de la nota se alude a un comunicado de la LMU (Liga Marítima Uruguaya). En realidad se trata de un reportaje a quien se menciona como encargada de la institución. O sea que se asemeja más bien a un reportaje y a una opinión personal de la entrevistada. Por ejemplo, la nota la presenta como una militante del Partido Nacional, o exmilitante..., no lo sabemos.
Hasta nuestro conocimiento la Liga Marítima constituye una institución apolítica, es decir, que no expresa opiniones político-partidarias.
Eso no es todo, la entrevistada se presenta además como funcionaria ejecutiva de la multinacional Lobraus, concesionaria de una actividad de depósito en el Puerto de Montevideo, cuyos accionistas extranjeros, por lo que se conoce por la prensa, se encuentran en controversias con la ANP (Administración Nacional de Puertos). Últimamente la prensa, y citando a la entrevistada, abunda en detalles del diferendo.
Va de suyo que la Liga Marítima como institución se supone ser ajena a este tema de naturaleza comercial entre un privado y la administración.
No encontramos en el reportaje de marras nada que refleje la opinión de la entidad, que —según el titular de la nota de Búsqueda— diga que es la Liga Marítima la que opina y acusa.
A nuestro leal entender, salvo los temas acerca de la militancia política y la relación laboral privada de la vocera, no encontramos a la institución en esta nota y no sabemos si este reportaje la representa; no lo aclaran ni la periodista ni la reportada.
Si profundizamos en la opinión personal de la nota, se advierte una furibunda diatriba contra las autoridades de gobierno plagada de acusaciones gratuitas o dislates contra la política portuaria actual. Acusaciones de actuar al golpe de balde, de ser genuflexos ante el sector privado, de dejar al Estado entre la espada y la pared, de caos portuario, de actuar contra la Constitución (sic), de falta de un plan maestro, se manifiesta contra la terminal de contenedores y la recién inaugurada Terminal Pesquera de Capurro, habla contra la situación de la flota, de contratos secretos en la concesion de la terminal, de culpa o dolo de las autoridades, de la necesidad de renegociar la concesión de TCP, etcétera.
Obviamente que somos respetuosos de la libertad de expresión. Pero quien se dice ser militante política de un partido que gobierna en el país junto con partidos coaligados y expresa opiniones de contenido personal y político, algunas atrevidas y distorsionadoras de la realidad, a nuestro juicio merece ser respondida .
En efecto, es público y notorio que la extensión de la concesión de TCP obtuvo el respaldo de la coalición de gobierno, del Poder Ejecutivo y de la mayoría del Senado —en contra de la posición del Frente Amplio—, que obtuvo el respaldo del Tribunal de Cuentas de la República en su control de legalidad, de la Jutep, y que frente a una difamatoria denuncia del Frente Amplio dos fiscales resolvieron la inexistencia de delitos y el doble archivo.
Ello mereció que el senador Luis Alberto Heber —en defensa de su honor y el intento de mancillarlo— enrrostrara en sala a los senadores Bergara y Carrera al grito de “miserables”. Valga la anécdota para mostrar de qué calaña se trataron esas falsas acusaciones. Nos resulta inexplicable que persistan subyacentes cuestionamientos respecto de aquellos falsos agravios. Cuando se dice que pudo haber mala fe en el accionar público se reflejan en la nota de prensa aquellas falacias indignas de la probidad de las personas.
Repare, Sr. director, que no se trata en el caso de un debate académico, sino de opiniones políticas. Si fuera lo primero, alcanzaría con leer la opinión de los especialistas en derecho administrativo y portuario en el último congreso sobre La reforma portuaria 30 años después (año 2022).
Se pone de manifiesto por la cátedra que no hay duda alguna de la legalidad y la conveniencia de lo actuado por el gobierno nacional en la materia.
La opinión de la entrevistada en materia de derecho portuario y administrativo carece de fundamento jurídico alguno. Sin embargo, si la opinión fuera político-partidaria, igualmente carece de sostén porque ya fue laudada según se señalara también en este orden.
Finalmente —last but not least—, si quien habla en el reportaje lo hace como empleada de una concesionaria en conflicto con la ANP, opina fuera de la realidad objetiva.
Debería conocer la realidad del desarrollo de nuestro puerto en estos casi cinco años de gobierno con las inversiones en infraestructura de privados, quienes asociados con la ANP realizan la mayor inversión en la historia portuaria. Debería conocer además los resultados de la gestión de las autoridades.
Se trata de hechos, no de relatos. Por cuarto año consecutivo existe un récord en movimiento de contenedores propios y en tránsito por la hidrovía. Entre otros, de la flota paraguaya recuperada.
No puede ignorar que este gobierno logró acuerdo con la Argentina y comienza a dragar a 14 metros el canal de acceso a los muelles públicos y los privados concesionados. Tampoco puede desconocer las obras de acceso a la inagurada terminal de celulosa de UPM en el puerto. Si le preocupa el sector pesquero como a todos, allí está la inversión de 90 millones de dólares en infraestructura en Capurro. Ni que hablar de que los buques de pasajeros tienen sus propias terminales. Para los cruceros hace tiempo que se busca una situación que ya vendrá. Capaz que también oyó hablar del proyecto de dragado del río Uruguay, apuntando al futuro, etcétera.
No podemos abundar más en la temática. Pero dejamos latente nuestra preocupación acerca de que esta publicación endilge a una preciosa y antigua institución como es la Liga Marítima, las opiniones particulares de la entrevistada como si fueran las propias y oficiales de la institución que representa.
