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Con demasiada frecuencia leo noticias acerca de algún padre o madre que atacó físicamente a un docente en mi lejano país de origen. Estos detestables ataques son invariablemente seguidos por un paro nacional de docentes, cuyos únicos damnificados son los niños y los padres que nunca agredieron ni siquiera pensaron en agredir a un docente, como bien argumenta la columna de Paula Scorza en Búsqueda.
Dado que dichos padres no tienen ninguna forma directa de evitar tales incidentes, cabría suponer que el reflejo pavloviano “agresión: paro” de los sindicatos tiene como objetivo lograr que se endurezcan las penas aplicables a los agresores, como forma de crear un ejemplo para prevenir futuras agresiones. De ser así, podría tener sentido, a pesar de su clara ineficacia. Pero el hecho de que los mismos actores suelen oponerse fervorosamente a cualquier endurecimiento del Código Penal abre dudas sobre esta interpretación.
No sé cuáles serán las consecuencias penales de la agresión cometida contra un docente en Uruguay, pero la noticia me llevó a preguntarme qué me pasaría si, tras haber perdido la cordura, se me hubiera ocurrido hacer lo mismo en Singapur, donde vivo con mi familia desde hace 20 años.
Una somera investigación del tema concluyó que me expondría a una pena que podría llegar a tres años de cárcel, una multa por el equivalente a 3.900 dólares estadounidenses, y el oprobio de ver mi nombre, apellido y foto en varios órganos de prensa diaria. Si la agresión causara heridas graves, la pena podría extenderse hasta 10 años. En ningún caso me escaparía de pasar un tiempo en la cárcel, incluso si la agresión física no hubiera tenido consecuencias o si el docente no presentara cargos. A esto debería agregar que, al no ser ciudadano, mi permiso de residencia sería seguramente revocado al final de mi sentencia y tendría pocos días para abandonar el país con toda mi familia.
Tal vez no sea sorprendente que nunca haya sabido de ningún incidente de esta naturaleza en mis dos décadas de vida en este país, donde el crimen ciertamente no paga. Cuando leo estas noticias de mi tierra natal, me quedo con la impresión de que el crimen en Uruguay tal vez no pague, pero tampoco debe costar mucho.
