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Como padre y abuelo, además de científico, tengo que denunciar un atropello que aparece en el horizonte este año, y los uruguayos no lo podemos permitir. No somos conejillos de Indias, y nuestros pequeños deben ser protegidos por todos, comenzando con el Estado, del que formamos parte todos.
Como se ha conocido, el Ministerio de Salud Pública destinaría como US$ 2 millones a los experimentos en castración de menores, que no se autorizan en ningún lugar del mundo. Son los experimentos que tuvieron lugar en dictaduras siniestras como la Alemania de Hitler con romaníes y minusválidos, y que, en una democracia modelo como la nuestra, no podemos permitir. Los medicamentos que la nueva guía del MSP menciona para niños de 10 años como control de pubertad son similares a los prohibidos para castrar pollos en la producción avícola, por la posibilidad de trasmisión al consumidor. Hoy en día, el uso de hormonas o estrógenos en animales destinados al consumo humano está estrictamente prohibido en muchos países por motivos de seguridad alimentaria y salud pública.
No es nuevo, porque sabemos que, aunque el presidente Tabaré Vázquez vetó la ley de aborto, porque como médico sabía que el no nacido es un ser humano, que siente y piensa desde el primer día de su gestación, después el multimillonario Soros pagó a Mujica US$ 2 millones para tener la primera ley de autorización del aborto. Ley que ya lleva muertos más de 130.000 bebés, de madres vecinas o parientas nuestras. Más que todos los muertos de la guerrilla tupamara o de la Guerra Grande.
Todas las multinacionales farmacéuticas ganan fortunas con químicos tóxicos que se consumen como controles de natalidad, como tóxicos abortivos y como modificadores hormonales, que es otra forma de decir castradores químicos del sexo.
Y por esas ganancias gastan fortunas en pagar publicidad, y en pagar también fortunas a funcionarios corruptos que participan en una trama ilegal, en el mundo, muchísimo peor que la trama de “los caranchos” que investiga ahora la Justicia en los accidentes de tránsito.
El artículo 40 de la Constitución define a la familia como el cimiento fundamental sobre el cual se construye la sociedad y destaca el rol del Estado en su protección moral y material para asegurar la buena formación de los hijos.
No solo es inconstitucional, es criminal que los mejores especialistas de neurocirugía pediátrica deban renunciar al Hospital Pereira Rossell, porque no se les suministra las herramientas que exigen, y se gasten millones en políticas inducidas desde el exterior por las ideologías woke a esta ministra.
Y en ninguna parte menciona lo que Freud y los siquiatras chinos, rusos y algunos norteamericanos ya publicaron, creerse de un sexo distinto, como creerse caballo o pollo, es una enfermedad mental, y el promedio de vida es de 35 a 40 años por muerte por suicidio.
El Estado debe proteger a la familia y más a los niños.
Bien dijo el Maestro: Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra y lo hundieran en el fondo del mar. ¡Ay del mundo a causa de los escándalos! Es inevitable que existan, pero ¡ay de aquel que los causa!
Si el presidente no nos protege de este atropello, que lo haga el Parlamento. Y si el Parlamento no lo hace, es un delito gravísimo que no puede permitir la Fiscalía y la Justicia. Exijamos como democracia que no nos sigan drogando y matando como conejillos de Indias. No seamos más cómplices callados.
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