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Una noticia, que fue publicada en la anterior edición del semanario Búsqueda —del jueves 4 de diciembre— me dejó un sabor amargo en la boca y cierta decepción por parte de un político que respeto y tengo tan bien conceptualizado y que tanto nos representa en su forma de ser, como lo es el Sr. presidente de la República. La reciente reunión entre Yamandú Orsi y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de la situación de salud de los presos de Domingo Arena, reabrió una discusión que nunca debería haberse cerrado a medias: ¿cómo se comporta una república cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad —secuestros de bebés, secuestros, torturas, asesinatos, etcétera— enfrentan el paso del tiempo, la enfermedad o la vejez?
El hecho, aunque presentado como una mera consulta administrativa sobre procedimientos —admiro la capacidad de los políticos para acomodarse rápidamente, sin importar su partido e ideología—, encierra un problema político y simbólico de gran magnitud en torno a nuestra Justicia. La justicia —más aún cuando se trata de violaciones extremas a los derechos humanos— no puede depender de gestos ambiguos ni de conversaciones reservadas entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo, quien debe aplicar las leyes, y el Judicial, quien debe sancionar a quienes no la cumplan, aun cuando se asegure que no existió “preocupación” ni solicitud concreta. En una república y una democracia republicana con fuerte calidad institucional, las formas importan tanto como el fondo. Como dice el dicho, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.
En cualquier república, es clave la isonomía, es decir, igualdad de todos ante la ley sin que nadie tenga privilegios, por lo cual exige que nadie, por su historia, sus vínculos de cualquier índole o su investidura militar pasada o presente, reciba un trato especial. También exige algo más profundo y es recordar quiénes fueron víctimas y quiénes victimarios. No en un sentido vengativo, sino de justicia y humanismo. La vejez no borra la responsabilidad, y la enfermedad no limpia el pasado y menos uno tan oscuro como los que tienen sobre sus espaldas los presos en Domingo Arena. Cualquier ciudadano merece atención médica adecuada, una democracia republicana exige humanismo por más grave que hayan sido los delitos cometidos, pero la excepcionalidad no puede transformarse en privilegio.
Lo que se reclama, entonces, no es venganza ni ensañamiento, lejos de eso; lo que se reclama es humanismo pero con transparencia, justicia e isonomía. Si existen informes médicos, no es el presidente metiéndose en otro poder, sino son los abogados de los presos quienes deberían llevar al juzgado correspondiente los documentos para que los evalúen los jueces competentes, con criterios claros, públicos y parejos para todos los reclusos del país. Que la Justicia decida, no la política. Por eso, presidente, a sus funciones; usted no es el abogado de los reclusos, usted es el Poder Ejecutivo. Y que la Justicia actúe sin presiones simbólicas, sin gestos capaces de reabrir el refugio moral del “pobres ancianos”, cuando en verdad se trata de personas condenadas por desapariciones, torturas y asesinatos.
Este episodio vuelve a demostrar cuán vulnerable es la separación de poderes cuando el país deposita tanto peso institucional en una sola figura. La figura del presidente de la República —no hablo de Orsi, sino de la institución presidente de la República— es casi un insulto al republicanismo, porque esta institución no deja de ser un resabio monárquico, un monarca electo, sin corona pero con mucho maquillaje para pasar por republicano. Los ejecutivos unipersonales concentran gestos, símbolos y expectativas, y cada movimiento —incluso los supuestamente inocuos— puede percibirse como una señal hacia otros poderes del Estado. Por eso es que considero que Uruguay debería animarse a revisar no solo los actos concretos, sino la arquitectura institucional que los vuelve tan significativos. Un Ejecutivo colegiado, sin centros de gravedad personalista, reduce estas tensiones y protege a la Justicia de cualquier sombra de influencia. Por ende, si usted, Sr. Presidente, de verdad es un republicano de pura cepa, espero tenga un gesto de grandeza y empiece a hacer campaña abierta a la opinión pública y con mucha fuerza a favor de instaurar el Poder Ejecutivo colegiado en nuestra República.
Uruguay necesita reafirmar algo que es esencial y es que la democracia republicana se sostiene en la memoria y la responsabilidad. Eso quiere decir, Sr. presidente Yamandu Orsi, que la democracia republicana no admite atajos humanitarios que desemboquen, aunque sea por la vía de la insinuación, en un trato diferenciado. La república es un sistema de equilibrios, de controles, de vigilancia ciudadana permanente. Y si la figura presidencial continúa transmitiendo la sombra de un líder con poder de influencia sobre lo judicial, es precisamente porque todavía no hemos dado el paso decisivo hacia un diseño institucional menos dependiente de voluntades individuales.
Por eso es oportuno recordar el ideal republicano clásico y también el más uruguayo, el que buscó evitar la concentración del poder en una sola persona, fortalecer la colegialidad del poder y asegurar que los gobernantes no decidan en nombre propio, sino en nombre de todos. La defensa del colegiado integral, de la democracia participativa y de la tradición republicana no es una excentricidad teórica: es una herramienta concreta para impedir que episodios como este se interpreten como señales equívocas hacia quienes nunca han mostrado arrepentimiento ni colaboración con la verdad.
La república es exigente. Y su primera exigencia es que la Justicia permanezca incólume, sin guiños. Con claridad hacia el pasado, honestidad hacia el presente y firmeza hacia el futuro.
