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La reciente presentación del Informe Anual 2023 del Comisionado Parlamentario Penitenciario nos obliga a enfrentar, una vez más, una realidad incómoda: el Estado ha abandonado a las personas privadas de libertad mientras elegimos mirar hacia otro lado.
Basta leer unas pocas páginas del informe para confirmar que nuestras cárceles son centros de exclusión para que los privados de libertad sean arrojados sin otro propósito que desaparecer de la vista de todos. Este fenómeno es resultado de una tormenta perfecta que condensa la ineficiencia estatal, la falta de presupuesto y políticas públicas serias, con la presión de soluciones inmediatas de una sociedad que se siente —con razón— agobiada por la inseguridad.
De uno y otro lado, según toque ser oficialismo u oposición, los actores políticos han utilizado la inseguridad como un comodín para las elecciones y con ello han alimentado el discurso de que la represión es la única respuesta posible. La narrativa pública ha sido secuestrada por quienes promueven un discurso simplista, muchas veces sin la menor comprensión de la complejidad del problema. No resulta extraño escuchar propuestas que giran en torno a penas más duras, más policías y más cárceles; como si la solución fuera exclusivamente represiva, sin comprender que para abordar el flagelo de la inseguridad se requiere al mismo tiempo prevención, rehabilitación y, sobre todo, un Estado presente y funcional.
Este enfoque miope es el reflejo de una incapacidad crónica de enfrentar las raíces de los problemas y de pensar en soluciones a largo plazo. Pero, cuidado, tampoco tapemos el sol con la mano, esta respuesta es comprensible y esperable. ¿Cómo pedirle a alguien que piense en la necesidad de mejorar las condiciones carcelarias, de darles posibilidades reales a los penados para que puedan rehabilitarse, cuando a diario se vive bajo el yugo de la inseguridad? ¿Quién puede pensar en otra cosa cuando se vive en una zona prácticamente de guerra? ¿Cómo esperar empatía con los presos cuando las balaceras, los hurtos, las rapiñas y los homicidios son el pan de cada día?
A pesar de ello, el miedo y la desesperación lejos están de ser buenos consejeros para diseñar políticas públicas. Según datos del Ministerio del Interior, un 70% de los reclusos reincide; nuestro sistema penitenciario es un fracaso; la indiferencia hacia la crisis penitenciaria tiene su costo. Si seguimos tratando la inseguridad como un problema que se resuelve solo con más policías, más cárceles y más penas, estaremos condenando a miles de uruguayos a seguir siendo víctimas de un sistema que no los rehabilita, profundiza su marginalización y fortalece el ciclo de violencia y criminalidad.
El Estado tiene la responsabilidad de corregir el rumbo, pero no podemos seguir siendo espectadores. Debemos exigir que el enfoque cambie, que se inviertan recursos en programas de rehabilitación, que se refuercen los sistemas de educación y capacitación laboral dentro de las cárceles, que se garantice que quienes salgan de allí tengan una verdadera oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Y debemos entender, de una vez por todas, que la seguridad también se construye dando segundas oportunidades.
Reprimir sin rehabilitar, castigar sin educar, encerrar sin integrar es simplemente perpetuar la violencia.
Uruguay se enfrenta a una encrucijada. Podemos seguir ignorando el problema y alimentar a un sistema carcelario que no rehabilita, que perpetúa la violencia y que excluye a una parte significativa de la población o podemos retomar el camino —que abandonamos hace unas cuantas décadas— de un Estado fuerte y comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos, incluidos los privados de libertad. La cuestión es si estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad o si seguiremos optando por la solución más fácil.
