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El reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha reavivado un tema incómodo para ciertos sectores en nuestro país, quienes —curiosamente— insisten en que hay asuntos más importantes que tratar en Uruguay.
Las elecciones en Venezuela fueron de todo menos transparentes. No cumplieron con los mínimos estándares democráticos y los resultados son, en el mejor de los casos, imposibles de verificar. El Centro Carter y un grupo de expertos enviados por la ONU lo confirman.
En Venezuela la represión es la norma. Los políticos de la oposición son proscritos y aquellos que se atreven a pensar diferente son perseguidos, encarcelados y torturados. Las ejecuciones extrajudiciales son moneda corriente. El partido de gobierno ha cooptado todas las instituciones del Estado y ha colocado los derechos humanos en un asedio constante. Amnistía Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado indicios suficientes para denunciar la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Es innegable que en Venezuela hay una dictadura que manipuló los resultados electorales a su conveniencia. Sin embargo, ciertos sectores políticos y sociales en Uruguay recurren a declaraciones cantinflescas que, en el mejor de los casos, reducen la situación a una mera “cuestión semántica” o “de etiquetas”. Es recurrente escuchar a quienes buscan desviar la atención señalando que existen asuntos más importantes en nuestro país que la situación en Venezuela. Este planteo, aunque superficialmente razonable, no hace más que subestimar la gravedad de mantener una postura ambigua frente a un régimen que atenta contra los derechos más básicos de su población.
Lo más alarmante es que los dirigentes de esos sectores son plenamente conscientes de que esta inacción socava su autopretendida autoridad moral. Pero, entonces, ¿por qué eligen mantener ese silencio antes que condenar abiertamente a un régimen afín ideológicamente? Confieso que la respuesta me es esquiva. Los tres escenarios que he considerado son preocupantes y me resisto a creer que cualquiera de ellos pueda ser el fundamento de esta decisión.
Una explicación posible es que sostienen una visión infantil y simplista de la realidad: los amigos, según esta lógica, jamás pueden cometer actos reprochables. Sin embargo, el pronunciamiento contra la dictadura sandinista demuestra lo contrario. Así que, si es esta la razón, queda claro que su visión no tiene nada de ingenua.
Otra hipótesis plausible es que, aun cuando han demostrado su compromiso con los principios democráticos —sería ridículo afirmar lo contrario—, persiste un rechazo subyacente a la “democracia burguesa” y un anhelo latente por instaurar una dictadura del proletariado. Si este fuera el caso, resultaría preocupante que las reminiscencias de un pensamiento tan anacrónico guíen la conducta de ciertos sectores en nuestro país.
Finalmente, podría tratarse de intereses que van más allá de las convicciones ideológicas, como razones económicas, geopolíticas o de otra índole, que explicarían la falta de un pronunciamiento contundente. De ser así, admitiríamos que para estos sectores la violación a los derechos humanos se puede consentir según el perpetrador de turno.
Me niego a creer que cualquiera de estos escenarios sea el verdadero motivo de este silencio. Sin embargo, sean estos u otros los fundamentos, la realidad es ineludible: la ambigüedad frente a la dictadura en Venezuela es inaceptable y deslegitima cualquier pretensión de ser defensores de la democracia y los derechos humanos.
Es precisamente esta negativa a condenar con claridad lo que ocurre en Venezuela lo que mantiene la cuestión venezolana en la agenda nacional. Mientras esa ambigüedad persista, la situación en Venezuela será un tema central que continuará incomodando a aquellos que prefieren eludir la realidad.
Quizás peco de iluso, pero espero que algún día estos sectores reconozcan que, cuando se elige ignorar o minimizar una dictadura que oprime y viola sistemáticamente los derechos humanos, se hace una declaración tácita sobre lo que realmente se considera importante. Aunque les moleste, mientras el silencio y la ambigüedad se mantengan en su discurso, seguirá viva la cuestión venezolana en la agenda nacional.
