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    La situación en Venezuela

    Por Lector

    Sr. Director:

    Las elecciones venezolanas celebradas en julio de 2024 no fueron transparentes, ni cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral esenciales para la realización de elecciones creíbles. En consecuencia, no pueden ser consideradas como democráticas.

    Estas conclusiones pertenecen al Centro Carter y al Panel de Expertos de Naciones Unidas que participaron como observadores en esos cuestionados comicios. Ambas organizaciones reclamaron sin éxito al Consejo Nacional Electoral de ese país que publicara las actas para confirmar los resultados oficiales.

    Muchos países exigieron a las autoridades venezolanas la exhibición de esas actas como culminación de unas elecciones aparentemente libres, que se celebrarían en el marco del Acuerdo de Barbados. En nuestro país, partidos como el Frente Amplio también esperaban esa evidencia y los informes de los observadores para pronunciarse sobre la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados.

    Pero progresivamente la intransigencia y el fraude electoral cometido por el gobierno de Maduro transformaron la elección en una cruel caricatura que alejó hasta a los antiguos países más próximos, como Brasil y Colombia.

    Las actas de las elecciones circularon en forma extraoficial urbe et orbi, y en todos los casos ellas dieron ganador al opositor Edmundo González Urrutia por un claro margen. Hasta ahora nadie demostró que esas actas fueran falsas, o que sus resultados ungieran a Nicolás Maduro.

    El gobierno venezolano ha mantenido una posición omisa y contestataria y, lejos de colaborar con la transparencia e integridad electoral, eso agudizó la opacidad bajo un inocultable y creciente autoritarismo.

    Persecuciones violentas, presos políticos y el creciente exilio obligado, incluyendo el del candidato ganador, fueron la respuesta del régimen hasta la juramentación ilegítima del gobernante de facto perpetrada el pasado 10 de enero.

    A esta altura los apoyos para que esta situación se mantenga radican en la riqueza petrolera de ese país, así como en los intereses geopolíticos de potencias como China y Rusia.

    Mientras tanto, el concierto internacional condena la situación de Venezuela, y pocos se animan a calificar al gobierno chavista como algo diferente a una dictadura.

    Al referirse a democracia y gobierno, el recordado constitucionalista Aníbal L. Barbagelata señalaba que para que un gobierno se considere democrático debe existir renovación periódica y regular de sus autoridades, sufragio universal e igualitario, sistemas electorales que aseguren la genuina condición representativa asignada a los órganos que representan a los ciudadanos, decisión de las mayorías y elecciones y pronunciamientos populares libres.

    Nada de eso existe hoy en Venezuela. No hubo renovación de autoridades sino la voluntad de perpetuarse de hecho en el poder, ni tampoco oportunidades para el sufragio universal e igualitario de los venezolanos cuando mediaron proscripciones de candidatos opositores.

    Considerar que esta realidad constituye un déficit democrático o un alejamiento del marco institucional es minimizarla, olvidándose de los principios arraigados en la antigua democracia griega que sirven para legitimar un régimen que se precie de democrático. Desde las garantías para asegurar la participación ciudadana en su máxima expresión, hasta el ejercicio de las libertades políticas reconocidas en la Constitución.

    Los venezolanos no han podido elegir un gobierno porque la mayoría de sus votos no fue respetada por falta de transparencia e integridad electoral, seguida de la acción represiva del gobierno contra los opositores. La hora exige pronunciamientos claros y principistas de los países y partidos políticos democráticos, y no meramente eufemismos que solo sirven para ocultar la esencia de un problema que compromete a toda la región.

    Carlos A. Bastón

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